Algunas reflexiones sobre las tendencias al autoritarismo en América Latina: casos de Nicaragua y Costa Rica

Resumen: El ensayo compara el autoritarismo en Nicaragua con la emergencia de tendencias de autoritarismo populista en Costa Rica en los últimos años. A partir de este análisis, se examinan las causas y dinámicas de su expansión en la región, así como su impacto en la legitimidad democrática y los desafíos que plantean al sistema internacional.

Palabras clave: Ideología políticas / Autoritarismo / Populismo / Debilitamiento de la democracia / Legitimidad política / Nicaragua / Costa Rica.

Abstract: The essay compares authoritarianism in Nicaragua with the emergence of populist authoritarianism trends in Costa Rica in recent years. Based on this analysis, the causes and dynamics of its expansion in the region are examined, as well as its impact on democratic legitimacy and the challenges it poses to the international system.

En las últimas décadas, la región latinoamericana ha enfrentado una creciente confrontación entre la consolidación y el avance de los regímenes democráticos y el resurgimiento de prácticas autoritarias y populistas. El objetivo de este ensayo es hacer un análisis comparado entre el ambiente autoritario consolidado que se vive en Nicaragua y algunas señales de debilitamiento institucional que comienzan a observarse en Costa Rica.

Para realizar esta comparación, se analizarán tres variables fundamentales: 1) la erosión de los contrapesos institucionales, entendida como el ataque y desmantelamiento de los órganos de control y fiscalización; 2) la instrumentalización del discurso político, enfocado en la polarización y la deslegitimación de la disidencia y 3) la relación con el sistema internacional, donde se analiza cómo ambos casos apelan a la soberanía estatal en la relación con los estándares de derechos humanos y a evadir la rendición de cuentas.

A partir de esta comparación, se busca reflexionar sobre las causas y dinámicas que explican la expansión de tendencias antidemocráticas en la región latinoamericana y sus implicaciones para el sistema internacional contemporáneo.

Para analizar el fenómeno del ascenso del autoritarismo y el debilitamiento de la democracia en Latinoamérica, es necesario definir previamente qué entendemos por autoritarismo. En términos generales, el autoritarismo se caracteriza por la concentración del poder político en un liderazgo o élite reducida sin límites constitucionales claros, la limitación del pluralismo y la libertad, así como la clara ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

A diferencia de los regímenes autoritarios de carácter militar que predominaron en la región latinoamericana durante la segunda mitad del siglo XX, caracterizados por la toma del poder político por medio de golpes de Estado, conflictos y revoluciones (casos de Argentina, Uruguay, Chile, entre otros), el ascenso de esta modalidad de autocratización que plantea desafíos a las democracias latinoamericanas no corresponde a una ruptura abrupta del orden democrático por medio de eventos repentinos, sino que, como explican Lührmann y Lindbergh (2019) y Briceño (2023), corresponden a un proceso gradual de erosión democrática ejecutado dentro de los propios Gobiernos electos por la vía democrática y a través de mecanismo legales Tales son los casos de Argentina, Ecuador, El Salvador, entre otros.

Estamos observando la emergencia de una nueva ola de autoritarismo que avanza de manera sostenida sobre países con democracias consolidadas, articulándose, especialmente, a través de figuras con liderazgos populistas y de carácter personalista que bajo discursos confrontativos apelan a la “voluntad popular”, erosionan los contrapesos democráticos y restringen progresivamente el pluralismo político en sus países. Esta nueva ola de autoritarismo y la consecuente regresión y rechazo a la democracia en Latinoamérica no surgen de la nada.

- En primer lugar, tenemos factores estructurales como la persistente desigualdad social y económica, la debilidad institucional, la corrupción, la violencia, así como la ineficaz representación de las estructuras políticas tradicionales que han fallado en la canalización y resolución de las demandas y necesidades ciudadanas.

Esto ha culminado en un descontento generalizado hacia la democracia, además de una mayor polarización en la región latinoamericana, lo que, como hemos visto en numerosos países, ha impulsado la aparición de figuras y liderazgos personalistas que, bajo discursos populistas que apelan a las emociones, canalizan la frustración en conjunto con el descontento popular para crear promesas con soluciones rápidas y simples a problemáticas complejas que calan en la población.

- En segundo lugar, la progresiva concentración excesiva de poder en la figura de la presidencia de la república, producto de reformas legales, y el debilitamiento de los contrapesos, también ha facilitado la instauración de gobiernos con tintes autoritarios en distintos países, lo que facilita dinámicas de regresión democrática y prácticas autoritarias desde los gobiernos.

- En tercer lugar, es importante también analizar la política exterior de Estados Unidos como un catalizador de la reciente ola de autoritarismo populista en la región. La fuerte retórica nacionalista y xenófoba hacia las personas migrantes, sumada a las políticas de 'mano dura' que caracterizaron la primera y ahora segunda administración de Donald Trump, ha permeado fuertemente el discurso político latinoamericano. La influencia de este modelo también explica el notable incremento, en los últimos años, en los discursos contrarios a los derechos humanos, en especial los derechos de las minorías y la creciente hostilidad hacia los organismos internacionales por parte de líderes de la derecha autoritaria en la región.

Es evidente observar que hay un claro patrón de esta nueva ola autoritaria: el ejercicio del populismo ha servido como instrumento discursivo central, ya que ha legitimado las transformaciones abruptas que están experimentando los sistemas democráticos latinoamericanos. Estamos, por lo tanto, ante una creciente deriva autocrática a nivel latinoamericano y su ola expansionista constituye uno de los principales riesgos y desafíos para la estabilidad democrática regional.

Aunque Costa Rica y Nicaragua son dos países que presentan panoramas políticos muy distintos y contextos históricos divergentes, se examinarán bajo variables comunes, tales como la erosión institucional y el uso de un discurso populista como mecanismo polarizador que forma parte de las estrategias utilizadas por los liderazgos políticos para debilitar las instituciones y tratar de controlar el poder.

La trayectoria política de Nicaragua ha estado marcada por un ciclo histórico de dictaduras e intervenciones militares, y por el uso recurrente de la violencia como mecanismo de control por la llegada al poder de regímenes autoritarios que utilizan los mismos patrones de represión y control de su población. Esto ha dado como resultado la polarización de la sociedad entre aliados y enemigos, en donde la persecución política y el empleo de la violencia se han utilizado constantemente para infundir temor en la población y mantener la concentración del poder.

Los años de constante represión alcanzaron uno de sus puntos más críticos con el estallido sociopolítico del 2018 que, según Monte y Gómez (2020), dejó más de 325 personas fallecidas, más de 2000 personas heridas y más de 600 presos políticos, además de miles de nicaragüenses exiliados en busca de refugio en países vecinos y una crisis de derechos humanos que perdura hasta hoy. Esto ejemplifica la consolidación de un régimen autoritario que utiliza la fuerza y la represión de forma sistemática para la concentración del poder político y económico y que criminaliza y deslegitima a la oposición y a cualquier forma de disidencia que atente contra su poder.

Si bien Costa Rica presenta una realidad histórica distante de este modelo represivo y dictatorial, los acontecimientos en los últimos años evidencian que no es inmune a esta ola autoritaria latinoamericana. El país ha mostrado señales de deterioro democrático y se ha alineado con la tendencia internacional hacia el descontento y el agotamiento democrático, producto de la llegada y ascenso de liderazgos de corte populista que tienden a concentrar poder y debilitar contrapesos, lo que rompe con la imagen tradicional internacional de estabilidad y compromiso democrático.

El ascenso de liderazgos populistas a la presidencia de Costa Rica, como el de Rodrigo Cháves, en 2022, lejos de ser un hecho aislado debe entenderse como un síntoma de la frustración y el desencanto por parte de la población con las estructuras políticas tradicionales y el orden democrático, similar al descontento que precedió a las crisis en otros países de la región que amenazan la cohesión y el tejido social, las cuales crearon un caldo de cultivo que permitió el ascenso de figuras autoritarias.

En Costa Rica se observan ahora estilos de gobernanza más confrontativos y una comunicación política más agresiva que se caracteriza por el uso del lenguaje popular y un discurso que apela a las emociones y a la voluntad del pueblo para justificar sus acciones. Esta dinámica ha generado la erosión del espacio para el debate político, el diálogo y la negociación, y lo ha sustituido por la polarización y la confrontación de actores políticos y la sociedad civil.

Como consecuencia, Costa Rica está enfrentando el riesgo de un progresivo debilitamiento de su democracia, y el triunfo electoral del partido oficialista en 2024 podría generar interrogantes sobre la fortaleza de los contrapesos democráticos y el Estado de derecho. Mientras Nicaragua representa la consolidación de una autocracia tradicional basada en la coerción y el uso de la fuerza, Costa Rica experimenta un proceso incipiente de regresión democrática donde el autoritarismo se manifiesta a través de la erosión de las instituciones desde adentro. Ambos casos, aunque diferenciados por su nivel de violencia y trayectoria histórica, convergen en la utilización de la polarización social como herramienta para concentrar el poder político y desmantelar las estructuras de rendición de cuentas que sostienen la estabilidad democrática.

Uno de los elementos centrales en los procesos de degradación democrática y transición a regímenes de carácter autoritario que observamos en esta ola autócrata en Latinoamérica es la progresiva relativización de los valores y principios que sostienen el orden democrático, tales como el pluralismo, la igualdad, la tolerancia, la libertad y la separación de poderes. La normalización del ataque a las instituciones, a los opositores políticos y a la sociedad civil abre la puerta a retrocesos significativos que antes parecían impensables.

El caso de Nicaragua, un país que vive bajo un régimen autoritario con prácticas represivas, resulta ilustrativo en este sentido. En 2023, el Gobierno de Daniel Ortega ordenó el cierre y confiscación de los bienes y cuentas de la Universidad Centroamericana, una de las principales instituciones académicas del país, a la que acusó de funcionar como un “centro de terrorismo" que organizó “grupos delincuentes” durante la serie de protestas sociales que sacudieron a Nicaragua en 2018 y que dejaron como resultado una grave crisis política en el país. Esta acción se suma a los constantes ataques y persecución a las organizaciones religiosas en el país (Lacombe, 2021).

Esta medida evidencia un claro patrón de los gobiernos autoritarios: la persecución sistemática contra espacios críticos, a grupos opositores y a cualquier otra modalidad de control, lo que ven como una amenaza y un obstáculo político cuando cuestionan el poder. Este fenómeno evidencia una preocupante relativización y olvido de los valores democráticos a nivel regional en favor de un modelo más autoritario y represivo.

En Costa Rica se ha visto una influencia del autoritarismo que, aunque es en menor medida que en Nicaragua, resulta igual de peligrosa. Esta ha estado marcada por cuestionamientos a los poderes del Estado y a las instituciones públicas por parte del expresidente Chaves. En algunos de los casos, esto se ha manifestado con ataques directos a jerarcas de otras instituciones y el uso de un lenguaje violento y despectivo.

En los últimos meses, la atención pública se ha concentrado en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) debido al proceso electoral de 2026. Esta institución ha recibido señalamientos y cuestionamientos que, en algunos casos, no han estado debidamente sustentados, lo que ha contribuido a que parte de la población replique estas percepciones. En ese contexto, han circulado interpretaciones que presentan al TSE como un actor parcializado en contra del expresidente Rodrigo Chaves y de la entonces candidata y ahora presidenta, Laura Fernández, identificada, además, con la continuidad de la línea política del exmandatario.

Esto resulta preocupante, ya que los señalamientos promovidos por figuras de alto poder, cuando apelan más a la emotividad que a una fundamentación sólida, pueden debilitar la confianza en la democracia. Además, pueden afectar la legitimidad percibida de los procesos nacionales e internacionales que respaldan la validez de las elecciones y contribuir a un ambiente de desconfianza en la población. En ese sentido, resulta especialmente importante que las autoridades mantengan un compromiso con la veracidad y la responsabilidad discursiva, pues de lo contrario se genera un clima de incertidumbre que dificulta identificar en qué fuentes institucionales confiar.

5. Impacto en los organismos internacionales y el derecho internacional público

El autoritarismo no es un fenómeno confinado a las fronteras nacionales, sino que genera un impacto directo en el funcionamiento del derecho internacional público y en la eficacia de los organismos multilaterales. Los Estados autócratas y populistas tienden a instrumentalizar las herramientas del derecho internacional para defender agendas particulares, y sobredimensionan el principio de soberanía estatal no para proteger a la población, sino para impedir la fiscalización externa y evadir la rendición de cuentas. Como advierte Ginsburg (2020), la comunidad internacional vive un punto de quiebre donde los estándares jurídicos corren el riesgo de ser reformulados, debilitados o ignorados para proteger los intereses de gobernantes autócratas.

El régimen de Nicaragua ejemplifica este comportamiento mediante un desacato sistemático del sistema interamericano de derechos humanos, evidenciado en sus reiteradas denuncias a la competencia y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humnos. Al calificar las sentencias internacionales de injerencia extranjera y utilizar la legislación interna como una barrera infranqueable ante el escrutinio global, el Gobierno nicaragüense busca blindar su andamiaje represivo interno frente a cualquier consecuencia legal externa (Redacción, 2021). Por su parte, aunque en una dimensión institucional distinta, Costa Rica refleja síntomas de este alineamiento discursivo de ruptura multilateral a través de la reciente declaración de la presidenta electa, Laura Fernández, de desvincular al país del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 (Martínez, 2026).

Al instrumentalizar narrativas nacionalistas que presentan a las agendas globales de desarrollo y derechos humanos como amenazas directas a la soberanía, el populismo gubernamental costarricense valida la premisa de que los compromisos internacionales son prescindibles cuando interfieren con las narrativas ideológicas domésticas. Esta coincidencia discursiva entre el desacato explícito nicaragüense y la resistencia soberanista costarricense alimenta la apatía y la frustración ciudadana hacia la efectividad de los mecanismos multilaterales, los cuales, debido a limitaciones estructurales propias como el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, suelen ser presentados por los líderes populistas como inoperantes o enemigos del Estado. Esta estrategia discursiva busca normalizar el retroceso de la normativa internacional y desensibilizar a la sociedad ante el debilitamiento institucional, lo que permite a los gobernantes operar sin contrapesos externos y consolidar de manera progresiva su poder local.

Podemos notar que algunos países de la región latinoamericana pasan por un proceso de debilitamiento democrático en donde tendencias autoritarias o populistas ganan terreno como respuesta a la frustración de la población y su descontento con los gobiernos y las estructuras políticas tradicionales. Sin embargo, se debe hacer la diferenciación de que ya no hablamos de un autoritarismo tradicional con uso de violencia marcada como es el caso de Nicaragua, sino un autoritarismo populista que poco a poco busca la manera de deslegitimar el orden, los valores democráticos y la normativa jurídica establecida.

Existe una distinción entre el régimen nicaragüense y las tendencias actuales en Costa Rica, ya que mientras en Nicaragua se representa una autocracia tradicional consolidada donde la supresión de la oposición es absoluta y coercitiva, en Costa Rica se observan señales de una deriva populista con potenciales efectos sobre la calidad democrática, que opera mediante la deslegitimación de los contrapesos institucionales y la constante polarización de la sociedad.

El riesgo deriva en que el populismo autocrático busca el mismo fin que el modelo dictatorial: la concentración del poder sin responsabilidad política. La diferencia radica en que mientras el régimen tradicional anula la democracia por la fuerza, la variante populista intenta instrumentalizar para desmantelar, desde adentro, los controles judiciales y legislativos que impiden el ejercicio de un poder absoluto, sin consecuencias legales.

Este riesgo no es solo interno, sino que afecta también a la comunidad internacional y al orden jurídico internacional, ya que la deslegitimación en conjunto con los ataques no es solo para las instituciones nacionales; las instituciones internacionales también se ven juzgadas y su trabajo se pone en duda con la desvalorización de las tradiciones y la normativa jurídica internacional, lo que pone en peligro los avances en derechos humanos y conquistas sociales. Por eso, ahora la sociedad civil tiene una enorme responsabilidad de proteger y promover la democracia, de abrir mesas de diálogo y de exigir rendición de cuentas a las personas en el poder, ya que la democracia es una forma de convivencia y se construye cada día, no solo durante el periodo electoral.

Lacombe, D. (2021). Nicaragua bajo el terror de la pareja Ortega-Murillo: antecedentes y construcción progresiva de una dictadura. Trace (México, DF), (77), 146-163. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-62862020000100007

Lührmann, A. y Lindberg, S. I. (2019). A third wave of autocratization is here: What is new about it? Democratization, 26(7), 1095-1113. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2019.1582029https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2019.1582029

Martínez, A. (2026). Laura Fernández: “Ya no quiero más Agenda 2030 colándose por la puerta de la cocina en Costa Rica”. Delfino. https://delfino.cr/2026/06/laura-fernandez-ya-no-quiero-mas-agenda-2030-colandose-por-la-puerta-de-la-cocina-en-costa-rica

Monte, A. y Gómez, J. P. (2020). Autoritarismo, violencia y élites en Nicaragua. reflexiones sobre la crisis (2018-2019) Anuario de Estudios Centroamericanos, 46, 1-29. https://doi.org/10.15517/AECA.V46I0.41830.

Redacción. (2021). Nicaragua anuncia su «indeclinable decisión» de abandonar la OEA. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59354487

* Costarricense, internacionalista, correo garrodylana206@gmail.com. Bachiller en Relaciones Internacionales, estudiante de la Maestría en Derecho Internacional en Derechos Humanos y estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Gestión de la Cooperación Internacional. Asistente de proyectos, Universidad para la Paz.

** Costarricense, internacionalista, correo cagc.2003@gmail.com. Bachiller en Relaciones Internacionales y estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Gestión de la Cooperación Internacional. Pasante en el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED).


SEGUNDO SEMESTRE 2026 NÚMERO 42	ISSN: 1659-2069