Resiliencia democrática: revisión de enfoques y desafíos contemporáneos en América Latina y Costa Rica

Hannia Ramírez Obando*

https://doi.org/10.35242/RDE_2026_41_7

Nota del Consejo Editorial

Recepción: 8 de diciembre de 2025.

Revisión, corrección y aprobación: 5 de enero de 2026.

Resumen: Presenta una sistematización tanto de la literatura académica como la publicada por organismos internacionales sobre resiliencia democrática, con particular atención en América Latina y Costa Rica. El análisis aborda dimensiones conceptuales, mecanismos, capacidades institucionales y mediciones disponibles, y sintetiza hallazgos comparados recientes como V-Dem, International IDEA, Freedom House y OCDE. Como resultado del estudio se concluye que la resiliencia democrática se entiende simultáneamente en dos dimensiones: la de desempeño (resistencia, contención y recuperación) y la de capacidad (propiedades que permiten esas respuestas), lo que tiene repercusiones en las políticas públicas, en las reformas institucionales, en el sistema de partidos, la sociedad civil, la cultura cívica y la comunidad política.

Palabras clave: Estado de derecho / Democracia / Adaptación / Gobernabilidad / Desinformación.

Abstract:

Key Words:

1. Introducción

La concepción de resiliencia ha ingresado recientemente al vocabulario de la ciencia política comparada; sin embargo, en el último lustro ha adquirido tracción como marco analítico para examinar tanto los procesos de erosión como la recuperación democrática.

De manera general, la resiliencia alude a la capacidad de un sistema social para absorber choques adversos, ajustarse y recuperar sus funciones clave sin perder su identidad normativa. En el caso de los regímenes democráticos, ello alude a la capacidad de conservar o de restablecer el nivel de democraticidad frente a amenazas endógenas o exógenas (Croissant, 2024).

Este documento integra tres aportes. Primero, clarifica conceptos y tipologías, dialogando con enfoques que ponen la mira en funciones, estructuras y actores (Merkel y Lührmann, 2021), así como la propuesta de dos fases de Boese et al. (2021) sobre onset resilience[1] y breakdown resilience[2]. Segundo, examina mediciones e indicadores de desempeño y capacidad de Varieties of Democracy Institute (V-Dem), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Freedom House y Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE) y recalca confluencias y límites. Por último, ofrece una lectura sintética para América Latina y una referencia preliminar para Costa Rica.

2. Metodología de revisión y criterios de inclusión

La revisión narrativa se realizó para el periodo 2017-2023, incluyendo obras académicas y reportes institucionales con definiciones explícitas, operacionalizaciones y evidencia relevante para América Latina y Costa Rica. La revisión comprendió análisis conceptual, mapeo de indicadores y triangulación de informes 2024–2023 (V-Dem Institute, International IDEA, Freedom House, OCDE), así como fuentes regionales (Latinobarómetro 2023) y nacionales (Programa Estado de la Nación [PEN], 2023; Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica [CIEP-UCR], 2024 y Latin American Public Opinion Project [LAPOP] Costa Rica, 2023-2024).

Se establecieron tres criterios de inclusión: (i) definiciones/operacionalizaciones claras, (ii) evidencia comparada o regional/nacional y (iii) paginación verificable. Por otra parte, en lo referente a los criterios de exclusión, estos fueron materiales sin sustento empírico, sin identificación editorial o sin paginación. La selección priorizó obras en inglés y español, en atención a América Latina y Costa Rica.

Respecto a las limitaciones de la revisión, esta es de tipo narrativa y no exhaustiva, que busca sistematizar enfoques conceptuales y evidencias recientes sobre resiliencia democrática, así que no se aplicó el protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), usado en revisiones sistemáticas y metaanálisis para documentar la búsqueda y evaluación de estudios de forma sistemática. Se dio prioridad a la literatura de los años 2017 a 2025 y a fuentes con paginación verificable (inglés/español). Además, pueden existir sesgos de idioma y de disponibilidad.

3. Conceptualizaciones de la resiliencia democrática

a) Resiliencia sistémica y la política

Desde las ingenierías, la psicología y la ecología, la resiliencia se ha definido como la capacidad de resistir, absorber y recuperarse ante perturbaciones (Denckla y Nash, 2020). Específicamente en ecología “se define como la capacidad de un sistema para absorber perturbaciones y reorganizarse mientras atraviesa cambios, de modo que conserve esencialmente la misma función, estructura, identidad y retroalimentaciones” (Folke et al., 2010, p. 20).

En el pensamiento sistémico-ingenieril, “el pensamiento de resiliencia trata de sostener y desarrollar la capacidad de enfrentar cambios y perturbaciones, y aun así continuar desarrollándose” (Walker y Salt, 2006, p. 1). Aplicada a la política, diversos aportes convergen en entenderla como proceso y como estado: un conjunto de ajustes institucionales y sociales que permiten mantener o mejorar la calidad democrática en el tiempo (Croissant, 2024). International IDEA la define como la capacidad de los sistemas sociales para “afrontar, innovar, sobrevivir y recuperarse” frente a crisis complejas; por extensión, la resiliencia de la democracia alude a su capacidad de adaptarse, recuperarse y afrontar tales desafíos (International IDEA, 2017, pp. 3-4).

b) Marcos centrados en funciones, estructuras y actores

Merkel y Lührmann (2021) proponen una concepción estructural-funcionalista de la resiliencia democrática que amalgama estructuras (instituciones), funciones (continuidad de libertades y controles) y actores (partidos y sociedad civil). Su aporte concibe la resiliencia democrática como la capacidad de un régimen para preservar su identidad democrática mediante mecanismos que sostienen la competencia, el pluralismo y el Estado de derecho de cara a sus retos.

En línea con ello, Croissant (2024) distingue entre resiliencia como desempeño (continuación, resistencia y recuperación o ‘rebote’) y resiliencia como capacidad, es decir, las condiciones que preparan a un sistema a responder de la mejor manera. Esta distinción de tipo analítica es útil para conectar la teoría con la medición empírica.

c) Resiliencia en dos fases: impedir declive y recuperación

Boese y sus coautoras (2024) conceptualizan la resiliencia democrática como un proceso de dos fases: (i) onset resilience (evitar la autocratización al inicio) y (ii) breakdown resilience (evitar el colapso incluso si ya existe una erosión avanzada) con la posibilidad de rebote hacia una democracia de mayor calidad. Esta propuesta coincide con la noción de reequilibración de Linz (1978) y con las vías de salida de la regresión identificadas por Merkel y Lührmann (2021).

Tanto Linz (1978) como Linz y Stepan (1996) manifiestan que, de cara a las crisis democráticas, existen tres posibles vías: la primera es la descomposición (breakdown) si la democracia sucumbe; la segunda es la reequilibración (re-equilibration) si el sistema logra reponerse de una crisis sin romper el orden democrático;y la tercera es la transformación o transición si el régimen muta hacia otro tipo, sea autoritario u otra democracia.

Por su lado, Merkel y Lührmann (2021) hablan de los mecanismos institucionales, sociales y políticos mediante los cuales un país democrático que ha ingresado en un trayecto de regresión puede revertir ese curso y recuperar estabilidad democrática o reducir el declive. En otras palabras, no siempre se trata de prevenir la regresión (algo que a veces ya se está dando), sino de encender los mecanismos de restauración que faciliten el regreso a niveles más sólidos de calidad democrática.

d) Cautela al utilizar el concepto

Al abordar la resiliencia democrática se recomienda evitar confundirla con estabilidad o con legitimación automática de respuestas de emergencia. Como advierten Merkel y Lührmann (2021), las medidas excepcionales adoptadas ante amenazas o ante crisis (por ejemplo, estados de excepción, restricciones temporales a los derechos o concentraciones de poder) pueden provocar una paradoja: minar poco a poco las normas democráticas que pretendían proteger y, con el paso del tiempo, entronizar prácticas autoritarias bajo la apariencia de gobernabilidad. En ese sentido, la resiliencia no es equivalente a la simple capacidad de resistir, sino a la habilidad de ajustarse a la vez que se preservan los preceptos que definen la democracia. Adicionalmente, la resiliencia democrática no constituye un atributo rígido ni uniforme. Los sistemas políticos usualmente presentan combinaciones heterogéneas de resiliencias y vulnerabilidades que varían según la cultura política, el contexto institucional, la potencia de la sociedad civil y la capacidad de rendición de cuentas. De manera que un régimen puede presentar resiliencia frente a crisis económicas, pero debilidad ante tensiones judiciales u opacidad en la información política.

Parafraseando a Bermeo (2016), la clave reside en tener claro que las democracias no colapsan súbitamente, sino por medio de procesos de erosión graduales en los que las respuestas de emergencia pueden representar precedentes normativos problemáticos. Por tanto, el estudio de la resiliencia debe atender tanto a los mecanismos de resistencia institucional como a los costos normativos de las estrategias que buscan su garantía.

En la tabla 1 se puede observar los enfoques del concepto de resiliencia democrática en varios de los autores citados

Tabla 1

Enfoques conceptuales de resiliencia democrática

Autor(es)	Idea central
Merkel y Lührmann (2021, pp. 2-7)	Resiliencia como marco funcional–estructural con foco en funciones, estructuras y actores.
Croissant (2024, pp. 5–7); V-Dem Working Paper 149(2024, pp. 11-15)	Distingue entre desempeño (continuación, resistencia, rebote) y capacidad (condiciones habilitantes).
Boese et al. (2021) síntesis en Croissant (2024, pp. 5-7)	Resiliencia en dos etapas: onset y breakdown; posibilidad de rebote democrático.
International IDEA (2017, pp. 3-4)	Democracia como control popular e igualdad política; resiliencia como recuperar/adaptar ante crisis.
Freedom House (2024, pp. 2-4, 13-16)	Erosión prolongada por ataques a contrapesos desde líderes electos; desafío a la resiliencia.

e) Mecanismos micro e intermedios de la resiliencia democrática

En el nivel micro, la adopción de normas democráticas (tales como tolerancia, rechazo de la violencia política y adhesión a reglas) robustece la tolerancia ante discursos antidemocráticos. Estas orientaciones contribuyen al apoyo difuso al régimen (Easton, 1975), lo cual facilita que la ciudadanía mantenga la legitimidad del sistema, incluso cuando siente descontento con ciertos resultados.

La investigación comparada refleja que valores cívicos y competencias democráticas (habilidades para corroborar información, alfabetización mediática, propensión al diálogo) disminuyen la porosidad de la democracia ante discursos populistas, especialmente en presencia de contextos de desinformación (Norris, 2011; Dalton, 2017 y OECD, 2024).

Asimismo, la confianza social y la imparcialidad institucional son elementos que se potencian mutuamente; si las instituciones se perciben como imparciales y procedimentalmente justas, incrementan la legitimidad y la cooperación voluntaria de los ciudadanos (Tyler, 2006 y Rothstein y Stolle, 2008). En entornos polarizados, la norma de tolerancia hacia adversarios políticos y la disposición a castigar a copartidarios que violan reglas son decisivas para contener la erosión democrática. La obra de Levitsky y Ziblatt (2018) ilustra los patrones históricos del declive democrático de la misma manera que lo hace Svolik (2019). La microrresiliencia reúne competencias (alfabetización cívico-digital), valores (pluralismo, tolerancia) y percepciones (justicia procedimental) que aumentan el costo de las estrategias antidemocráticas.

En términos de medición, este nivel puede operacionalizarse con rubros de World Values Survey y Latinobarómetro sobre (a) aceptación del pluralismo, (b) justificación de golpes o cierre del Congreso, (c) disposición a aceptar resultados electorales, (d) confianza interpersonal e institucional y (e) prácticas de verificación informativa. La sensibilidad temporal de estos indicadores es crucial para detectar la erosión silenciosa.

En el nivel intermedio, la resiliencia depende de la potencia, autonomía y profesionalización de las organizaciones intermedias que existen entre ciudadanía y Estado (asociaciones cívicas, partidos y medios, por ejemplo). Los partidos programados y bien establecidos canalizan el conflicto y debilitan los incentivos para estrategias personalistas o antiparlamentarias (Mainwaring y Scully, 1995 y Luna y Altman, 2011). De igual manera, los medios con independencia editorial favorecen el pluralismo informacional y accountability, lo que torna más difícil las campañas desinformativas o la llamada soft repression[3] (Hallin y Mancini, 2004 y Freedom House, 2025).

La evidencia emanada de los estudios clásicos y contemporáneos refleja que las asociaciones cívicas y la densidad de redes fortalecen la cooperación y la resolución no violenta del conflicto (Putnam, 1993, 2000 y Varshney, 2002). En la esfera judicial y de control, la capacidad organizacional (recursos, independencia, astucia) y la legitimidad subjetiva ante el público se refuerzan; las percepciones de justicia imparcial aumentan la deferencia a los fallos y la voluntad de cumplimiento, incluso en escenarios de polarización (Gibson y Caldeira, 2009 y Tyler, 2006). Esto es compatible con la evidencia de que tribunales y órganos electorales con prestigio profesional pueden contener excesos ejecutivos y resistir su cooptación (Hirschl, 2008 y Merkel y Lührmann, 2021).

La medición de la resiliencia en este nivel debe considerar (a) la institucionalización del sistema de partidos (volatilidad, arraigo, disciplina) (Mainwaring y Torcal, 2006 y Levitsky y Ziblatt, 2018), (b) la autonomía y pluralismo mediático (marcos comparados y puntajes de libertad de prensa) (Freedom House, 2025), (c) la densidad y autonomía de la sociedad civil (indicadores V-Dem) y (d) la confianza/legitimidad de tribunales (encuestas de opinión y proxies de independencia) (Linzer y Staton, 2015 y OECD, 2024). Estas dimensiones capturan la resiliencia mesoinstitucional de la democracia de cara a erosiones de tipo gradual. El indicador de independencia judicial de Linzer y Staton (2015) permite contrastar la resiliencia institucional del Poder Judicial a lo largo del tiempo.

f) Tipos de estrés democrático y mecanismos de respuesta

La literatura coincide en que existen, al menos, cinco estresores: (i) concentración ejecutiva y desconstitucionalización gradual, (ii) captura de árbitros (organismos electorales, judicatura, entes anticorrupción), (iii) erosión del pluralismo informacional y desinformación, (iv) enfrentamientos del crimen organizado con el Estado y (v) crisis multinivel (sanitarias, económicas, migratorias). Cada uno de estos estresores interactúa con capacidades democráticas particulares; por ejemplo, la resiliencia frente a campañas de odio en redes requiere simultáneamente regulación proporcional y alfabetización mediática (Freedom House, 2023 e International IDEA, 2023).

La resiliencia democrática no se manifiesta en el vacío; surge de la interrelación entre capacidades institucionales y golpes o choques que prueban la estabilidad del sistema político. La literatura reciente ha identificado una serie de estresores (o condiciones de presión) que, según el contexto, pueden precipitar procesos de desgaste o activar mecanismos de recuperación (Merkely y Lührmann, 2021; Boese et al., 2021 e International IDEA, 2023).

En la concentración ejecutiva y desconstitucionalización gradual, uno de los estresores más estudiados es la expansión del poder ejecutivo en contextos de crisis, fenómeno que Linz y Stepan denominaron la tentación presidencialista. A través de decretos, estados de excepción o reformas a las instituciones, los gobiernos pueden reformular los contrapesos sin abolir formalmente la democracia. Merkel (2014) apunta que este proceso de desconstitucionalización (destrucción paulatina de las normas) constituye la forma más astuta de debilitamiento democrático: “no destruye el Estado de derecho de inmediato, sino que lo desarticula mediante decisiones graduales y justificaciones de emergencia” (p. 27). La pandemia por COVID-19 ofreció ejemplos de esta tensión, puesto que en varios países el uso prolongado de poderes extraordinarios reformuló la línea entre gobernabilidad y autoritarismo (Boin, Ekengren y Rhinard, 2013).

En cuanto a la captura institucional y debilitamiento de árbitros, entendida como la cooptación de tribunales, organismos electorales o entidades anticorrupción, Lührmann et al. (2018) y V-Dem Institute (2024) documentan que los regímenes en regresión tienden a manipular estas instituciones para procurarse impunidad o restringir la competencia. Boese et al. (2021) lo describen como un ciclo de erosión en el cual la resiliencia institucional se mide por la capacidad de conservar la independencia funcional y credibilidad pública ante presiones partidistas. En sus palabras, “la resiliencia democrática depende de la fortaleza de las instituciones árbitras para resistir intentos de captura, ya que son ellas las que garantizan la integridad del proceso político” (Boese et al., 2021, p. 14).

En la actualidad la erosión del pluralismo mediático y la desinformación digital constituyen estresores transversales. Según Freedom House (2024), “la expansión de ecosistemas digitales no regulados ha creado nuevas vías para el control informacional y la manipulación de la opinión pública” (pp. 13-16). Howard (2020) coincide con esta idea al afirmar que los entornos digitales se han convertido en “arenas simultáneamente de resiliencia y vulnerabilidad democrática”, donde los ciudadanos pueden ejercer vigilancia o, por el contrario, hacer eco de las narrativas autoritarias (p. 12). Ante este estresor, la respuesta resiliente requiere alfabetización mediática, transparencia algorítmica y regulación proporcional que conserve la libertad de expresión sin permitir el abuso informativo (Carazo, Jiménez y Román, 2023).

El crimen organizado representa un estresor emergente de gran magnitud en América Latina. Ha sido capaz de capturar territorios y cooptar instituciones, lo que erosiona la confianza pública y desgasta el Estado de derecho. El quinto Informe estado de la justicia (PEN, 2025) estipula que “la violencia generada por el narcotráfico ha puesto en riesgo las instituciones democráticas de Costa Rica, mediante atentados contra funcionarios judiciales y hostigamiento institucional” (p. 1). De cara a este tipo de estresores, la resiliencia demanda políticas integrales de prevención, investigación y protección de operadores de justicia, así como cooperación regional para detener las actividades ilícitas transnacionales (Garay y Salcedo, 2012, p. 190).

Finalmente, la resiliencia también se ve amenazada por crisis simultáneas, sean de tipo sanitario, económico o migratorio, que perjudican transversalmente las capacidades estatales. International IDEA (2023) y la OCDE (2024) coinciden en que los choques combinados pueden minar la legitimidad gubernamental incluso en democracias consolidadas. “Las democracias resilientes son aquellas que transforman la crisis en oportunidad para fortalecer la transparencia, la coordinación interinstitucional y la comunicación pública basada en evidencia” (International IDEA, 2023, p. 11). Estas crisis multinivel ponen a prueba al Estado en muchos aspectos, no solo en cuanto a recursos, sino también respecto de su capacidad de coordinación. El aprendizaje institucional y la rendición de cuentas temprana son mecanismos de recuperación cruciales en estos contextos (Boin, 2010).

Cada uno de estos tipos de estrés requiere encender distintas dimensiones de la resiliencia: los estresores institucionales (concentración y captura) demandan autonomía y profesionalismo; los estresores informacionales y criminales demandan redes cívicas y judiciales sólidas, y las crisis multinivel exigen coordinación intergubernamental y legitimidad comunicativa. Por lo anterior, la resiliencia democrática puede concebirse como la capacidad del sistema político para responder a estresores múltiples sin renunciar a los principios del Estado de derecho, la deliberación y el pluralismo (Merkel y Lührmann, 2021; Croissant, 2024; International IDEA, 2017; Lührmann y Lindberg, 2019 y Przeworski, 2019).

4. Medición: desempeño y capacidades

a) Desempeño: V-Dem Institute, International IDEA y Freedom House

Democracy Report 2024 del V-Dem Institute ofrece el liberal democracy index (LDI) cuyos componentes son el electoral, liberal, deliberativo, participativo, igualitario, y van de la mano de comparaciones regionales. Para 2024, América Latina mostró una heterogeneidad del 64% de su población en democracias electorales y 4% en democracias liberales, con una zona gris significativa entre ambos tipos (V-Dem Institute, 2025). En nuestro caso, Costa Rica figuró como democracia liberal y se ubicó en el top 10% del LDI mundial (V-Dem Institute, 2025, pp. 13, 59 y 61).

Por otra parte, International IDEA (2023a) complementa este panorama con los global state of democracy indices (GSoD) que son estudios narrativos por tendencias globales y temáticas (por ejemplo, sobre movilidad humana y participación). Este señala, vehementemente, que la resiliencia exige instituciones y ciudadanía capaces de sostener controles y representación en contextos de incertidumbre (International IDEA, 2023a, parte 1, pp. 1-3).

Freedom House (2024) documenta por décimo noveno año consecutivo el declive global, con 60 países en retroceso y 34 en mejora; previene sobre líderes electos que minan los contrapesos -medios, anticorrupción y justicia- lo que pone en “jaque” la resiliencia institucional (Freedom House, 2025, pp. 2-4 y 13-16).

b) Capacidades: marcos operativos y confianza pública

Croissant (2024) operacionaliza la resiliencia democrática a partir de cuatro niveles: macroinstitucional (Estado de derecho, controles al Ejecutivo), partidos (antipluralismo y polarización), sociedad civil (potencia) y comunidad política (confianza y apoyo amplio a la democracia) para los que propone indicadores concretos. Por su parte, la OCDE (2024) incluye la dimensión subjetiva de la confianza como condición habilitante para la gobernabilidad democrática: en 30 países, la confianza en la policía y el poder judicial suele superar a la que reciben el gobierno y el parlamento, y un segmento creciente declara “baja o nula confianza” en el gobierno nacional (OCDE, 2024, pp. 23-29).

c) V-Dem y sus componentes

El proyecto V-Dem, desarrollado por la Universidad de Gotemburgo, constituye la herramienta comparativa más profusa y multidimensional acerca de la calidad democrática. V-Dem desagrega el fenómeno en cinco componentes: electoral, liberal, participativo, deliberativo e igualitario (Coppedge et al., 2024).

El LDI (llamado así por su principal indicador) integra esas dimensiones, pero su utilidad analítica radica en el análisis desagregado. Como afirman Lührmann et al. (2018), democracias con puntajes similares en el LDI pueden diferir en participación o deliberación, diferencias que son fundamentales para analizar la resiliencia democrática. En esta misma línea,| Lührmann y Lindberg (2019) señalan que “el estudio de la resiliencia requiere observar la estructura interna de las democracias: algunas pueden resistir por su fortaleza liberal, otras por su tejido participativo o deliberativo“ (p. 1102).

En América Latina, V-Dem muestra trayectorias bien heterogéneas: mientras Uruguay, Chile y Costa Rica conservan una médula liberal contundente, otros países reflejan mayor fragilidad participativa y deliberativa, vinculada con desigualdad y polarización. Estas asimetrías sugieren que la resiliencia no depende únicamente de la existencia de elecciones limpias, sino de la capacidad deliberativa y el pluralismo efectivo (Coppedge et al., 2024).

V-Dem también aporta un indicador disruptivo, el índice de autocratización, que estima la velocidad e intensidad de la regresión democrática. Su análisis longitudinal facilita observar que las democracias que más resisten los choques de autocratización son aquellas con instituciones judiciales y de control sólidas y sociedades civiles compactas, lo cual refuerza la irrelevancia de los niveles intermedios discutidos previamente (Boese et al., 2021).

d) International IDEA y la matriz global state of democracy indices

International IDEA ha desarrollado los GSoD, cuya versión más reciente (2023) combina indicadores cuantitativos comparables longitudinalmente con análisis cualitativos regionales. Esta matriz está conformada por cinco atributos: representación, derechos fundamentales, controles gubernamentales, imparcialidad administrativa y participación (International IDEA, 2023a).

El valor agregado de IDEA reside en su doble enfoque; una dimensión cuantitativa que permite contrastar tendencias históricas y regionales; y una dimensión cualitativa que identifica mecanismos causales y disyuntivas normativas. Este marco fortalece el estudio de resiliencia al relacionar desempeño e institucionalidad. En sus palabras: “la resiliencia democrática no solo se refleja en la continuidad institucional, sino en la capacidad de los sistemas para regenerar confianza y legitimidad tras choques profundos” (International IDEA, 2023a, p. 15).

La edición 2023 presenta nuevos apartados sobre movilidad y democracia, y se acerca a asuntos como el voto en el exterior y la representación de éxodos, factores relevantes en América Latina. Además, al relacionar desempeño institucional y prácticas sociales, la matriz GSoD permite estudiar cómo capacidades estatales y cívicas interactúan ante estresores complejos como la desinformación, la corrupción o el crimen organizado.

El uso conjunto de V-Dem y GSoD potencia la medición de la resiliencia, toda vez que integra indicadores de robustez institucional (autonomía judicial, contrapesos, pluralismo) con dimensiones de legitimidad y participación, con lo que se acerca a una visión multiescala coherente con la teoría contemporánea (Merkel y Lührmann, 2021).

e) Freedom House

La organización Freedom House aporta indicadores enfocados en derechos políticos y libertades civiles, lo que complementa los enfoques de V-Dem e IDEA. El informe Freedom in the World ha documentado diecinueve años consecutivos de declive democrático global, un diagnóstico que enfatiza la necesidad de distinguir entre erosión gradual y destrucción del sistema (Freedom House, 2023).

La ventaja que presenta el enfoque de Freedom House es su sensibilidad a cambios normativos y administrativos en etapas tempranas (por ejemplo, presiones a medios, reformas electorales restrictivas o ataques al poder judicial) que generalmente anteceden a las variaciones en los índices compuestos (Repucci y Slipowitz, 2023). Como señalan estas autoras, “el retroceso democrático pocas veces ocurre súbitamente: usualmente comienza con ataques incrementales a la prensa, la judicatura o la sociedad civil” (p. 4).

No obstante lo anterior, algunos especialistas señalan que su agregación dicotómica (libre, parcialmente libre, no libre) puede simplificar realidades intermedias. En virtud de ello, se recomienda triangular los resultados con fuentes multidimensionales como V-Dem o IDEA (Merkel, 2021 y Norris, 2021).

A nivel pragmático, Freedom House complementa las mediciones de resiliencia democrática al incluir percepciones de seguridad y libertad en el entorno digital en el informe Freedom on the net. Este componente es crucial para capturar los efectos de la desinformación y la represión tecnológica (uso deliberado de herramientas digitales, como vigilancia en línea, censura, manipulación algorítmica o ataques cibernéticos para restringir derechos civiles, políticos o informacionales (Freedom House, 2023), fenómenos cada vez más determinantes en la estabilidad democrática en América Latina (Howard, 2020 y Freedom House, 2025).

f) Confianza pública como competencia

La confianza pública opera como un recurso que reduce costos de transacción, aumenta la cooperación y mantiene la legitimidad de las decisiones en contextos estresantes. En términos de resiliencia democrática, la confianza no es únicamente un resultado institucional; representa, también, una capacidad habilitante que favorece el acatamiento de fallos judiciales, la adherencia a reglas y la aceptación de pérdidas electorales sin recurrir a respuestas iliberales (Tyler, 2006 y Rothstein y Stolle, 2008).

La literatura distingue entre confianza interpersonal (horizontal) y confianza institucional (vertical); esta última se nutre de la percepción ciudadana de que las instituciones funcionan con competencia e integridad y lo hacen de forma justa, abierta y receptiva. El marco analítico de la OCDE señala cinco indicadores-impulsores (drivers) clave de la confianza: fiabilidad, capacidad de respuesta, apertura/participación, integridad y justicia (fairness). En la medida en que estos drivers estén presentes, se incrementa la legitimidad en los procesos y la disposición al cumplimiento de decisiones difíciles (OECD, 2017).

En América Latina (incluida Costa Rica) es usual observar niveles de confianza más altos en instituciones que administran la ley y el orden (policía, tribunales) que en instituciones políticas (gobierno central, congreso, partidos políticos) (Seligson y Booth, 2020). Esta fisura en la confianza es pertinente para la resiliencia, ya que las decisiones complejas, como reformas fiscales o control del gasto, demandan legitimidad procedimental y comunicativa para no deteriorar el apoyo difuso al régimen (Seligson y Booth, 2020; Latinobarómetro, 2023 y OECD, 2022).

Desde una perspectiva micro, la confianza se nutre de las experiencias diarias de trato justo (procedural justice) y también de señales institucionales de profesionalismo e imparcialidad. La evidencia muestra que la percepción de trato respetuoso y neutralidad incrementa la legitimidad y, con ello, la cooperación con autoridades, incluso en contextos de polarización (Tyler, 2006). A nivel intermedio, la confianza se fortalece si los tribunales y organismos de control actúan con independencia, explican sus decisiones y rinden cuentas (Gibson y Caldeira, 2009 y OECD, 2022). Si estos mecanismos fallan, sea por desinformación, captura u opacidad, la disminución en la confianza mina la resiliencia y torna más complejas y costosas las respuestas ante las crisis.

La medición de la confianza puede operacionalizarse por medio de indicadores como Latinobarómetro y el World Values Survey (WVS), que abordan confianza en partidos, parlamento, gobierno, poder judicial; así como confianza interpersonal y satisfacción con la democracia. Las encuestas de confianza de OCDE permiten medir estos impulsores (drivers) mencionados. Ahora bien, la triangulación con indicadores institucionales (control de corrupción, libertad de prensa, independencia judicial) contribuye a diferenciar confianza bien arraigada de la meramente coyuntural (OECD, 2017 e International IDEA, 2023). En el marco de la resiliencia, resulta relevante revisar las trayectorias, no solo los niveles; disminuciones sostenidas en la confianza política al lado de brechas sustantivas frente a la ley y el orden podrían vaticinar niveles de desafección que minan la capacidad de implementar políticas en escenarios de crisis.

La tabla 2 presenta una comparación tanto de la cobertura como de algunos indicadores que miden las organizaciones mencionadas anteriormente.

Tabla 2

Esquema comparado de medición y alcance de algunos indicadores democráticos

Fuente	Cobertura/periodicidad	Dimensión clave	Referencia (página)
V-Dem (2024)	179, anual	LDI y 5 componentes; análisis regional y tablas por país	pp. 10, 59-61
International IDEA (2023a)	Índices GSoD y capítulos temáticos	Tendencias globales, democracia y movilidad	Parte 1, pp. 1-3
Freedom House (2024)	210 países/territorios, anual	Derechos políticos y libertades civiles; 19 años de declive	pp. 2-4
OCDE (2024)	30 países, anual	Confianza en instituciones; drivers y brechas	pp. 23-29

Nota. Elaborado con base en V-Dem Institute (2024), International IDEA (2023a), Freedom House (2023) y OCDE (2024).

Los diagnósticos regionales coinciden en que se está en una década de tensiones sobre controles y libertades, con desempeños divergentes entre países. El Democracy Report del V-Dem Institute (2024) muestra una región caracterizada por una gran dispersión en el LDI y con un predominio de democracias electorales y solo una fracción minoritaria clasificada como liberal (p. 15).

Según Latinobarómetro (2023), la ciudadanía se muestra más exigente y crítica. En Costa Rica, por ejemplo, el apoyo a la democracia disminuye levemente (50% a 48%) entre 2020 y 2023, con una ligera alza de la indiferencia (25% a 27%); esto sugiere fragilidades culturales que interactúan con factores de estrés institucional (Latinobarómetro, 2023).

A la vez, persisten reservas normativas importantes; la frase “no puede haber democracia sin partidos” alcanza apoyos mayoritarios en Uruguay (62%) y Costa Rica (59%) (Latinobarómetro, 2023, p. 46). Esta tensión entre expectativas altas y confianza en caída conforma un terreno clave para la resiliencia basada en capacidades (robustez de la sociedad civil, controles horizontales y sistemas de partidos menos antipluralistas) (Croissant, 2024).

Adicionalmente, Latinobarómetro (2023) documenta la persistencia de apoyos normativos a la democracia de tipo “churchilliana” junto con fatiga democrática y aumento de la indiferencia. Esta mezcla presenta elevados riesgos: apatía e indiferencia reducen costos para líderes que minan contrapesos.

En la región se dan, además, presiones económicas sobre los medios, litigios contra periodistas y entornos de desinformación, todo lo cual debilita la esfera pública. Freedom House recuenta patrones de hostigamiento y soft repression[4] en democracias y semidemocracias, lo que exige respuestas regulatorias y autorregulatorias cuidadosas (Freedom House, 2023).

Otro de los flagelos latinoamericanos es la captura territorial o funcional por el crimen organizado, que presiona la capacidad estatal y deteriora las expectativas ciudadanas (Garay y Salcedo, 2012; Mazzitelli, 2018; International IDEA, 2021 y Programa Estado de la Nación, 2023). Mientras Chile y Uruguay han conservado controles judiciales y competencia programática, El Salvador es un claro ejemplo de una fuerte concentración ejecutiva y captura de árbitros. Esta divergencia confirma que las capacidades de nivel intermedio (partidos, justicia, medios) condicionan la trayectoria ante estresores similares, incluidos la desinformación y el crimen organizado (V-Dem, 2024; International IDEA, 2023a; Freedom House, 2023 y Levitsky y Ziblatt, 2018).

Según el Democracy Report 2024, V-Dem Institute (2024) clasifica a Costa Rica como democracia liberal y la ubica en 10% superior del liberal democracy index (LDI), con puntajes LDI=0,80, EDI=0,86 y LCI=0,95 (V-Dem Institute, 2024, pp. 13, 59-61). Estas estadísticas sugieren un desempeño alto y relativamente estable frente a otras democracias de la región.

En referencia a las capacidades y riesgos de esta democracia, el Informe estado de la justicia 2025 identifica una coyuntura extraordinaria: el Poder Judicial se encuentra sometido a “fuertes ataques políticos”, sin precedentes en la historia reciente, con estrategias de descrédito sistemático (el llamado trash-talking)[5] que buscan minar su legitimidad e independencia. El informe apunta que grandes rezagos históricos en el cumplimiento y la prontitud de la justicia socavan su resiliencia frente a nuevas presiones, incluido el crimen organizado (PEN, 2025).

Algunas encuestas nacionales refuerzan el diagnóstico de fricciones entre legitimidad difusa y específica. Los barómetros del CIEP-UCR muestran brechas de confianza y alta distancia con el sistema de partidos; el Laboratorio de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) documenta patrones de confianza institucional y apoyo al sistema a lo largo del tiempo (CIEP-UCR, 2024 y LAPOP, 2023).

En cuanto al sistema de gobierno y los contrapesos, el presidencialismo costarricense, con órganos autónomos y reglas de reelección restringidas, ha distribuido el poder de manera relativamente balanceada. Por su lado, la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones han operado como vías de aseguramiento de las reglas y adalides de la democracia. V-Dem atribuye al país altos puntajes en los componentes liberal y electoral (V-Dem Institute, 2024).

En otro aspecto, las instituciones de justicia han estado recientemente bajo gran presión. La sinopsis de 2025 del estado de la justicia describe ataques políticos a la judicatura y menciona que rezagos en oportunidad y calidad de servicio exponen al Poder Judicial a campañas de descrédito (PEN, 2025).

La opinión pública en el país refleja una ciudadanía exigente, con baja simpatía partidaria y confianza heterogénea según institución, de conformidad con las encuestas del CIEP-UCR (septiembre de 2024) y estudios de LAPOP (1978-2023). En este entorno, la agenda de comunicación pública deberá estar basada en evidencia y participación significativa (CIEP-UCR, 2024 y LAPOP, 2024).

Aunado a lo anterior, podría afirmarse que en Costa Rica las organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales (ONG) y redes sectoriales mantienen prácticas de colaboración y supervisión; en tanto que la resiliencia se fortalece con apertura de datos, presupuestos participativos y mecanismos de control con capacidades técnicas (Croissant, 2024). En suma, en Costa Rica se identifican ciertos retos (tensiones entre poderes, pérdida de confianza institucional y vulnerabilidad frente a la corrupción y la desinformación) que convergen con los principales factores de erosión democrática señalados en la literatura reciente (International IDEA, 2023; Freedom House, 2023; OECD, 2024; PEN, 2023 y Croissant, 2024).

Esto exige reformas estructurales que fortalezcan la resiliencia democrática del Estado. Entre ellas se destacan: (i) blindar la independencia judicial; (ii) robustecer las políticas de integridad y anticorrupción; (iii) realizar reformas a los partidos políticos promoviendo incentivos a las coaliciones, democracia interna y transparencia y (iv) alfabetizar los medios y plataformas digitales, como salida al auge de la desinformación (Freedom House, 2023 y PEN, 2023). Estas medidas procuran restablecer la confianza ciudadana, la capacidad institucional, la legitimidad procedimental, bases cruciales de la resiliencia democrática y de la gobernabilidad efectiva (Croissant, 2024 y OECD, 2024).

El alto desempeño registrado en V-Dem convive con presiones al Poder Judicial (PEN, 2025), desarraigo partidario y brechas de confianza (CIEP-UCR, LAPOP). A lo anterior se adicionan elementos de desinformación y crimen organizado. La resiliencia dependerá de blindar la independencia judicial, robustecer la integridad pública y procurar que la comunicación gubernamental esté sustentada en evidencia.

La tabla 3 sintetiza el diagnóstico de las capacidades de resiliencia democrática en Costa Rica, y diferencia fortalezas y vulnerabilidades en cinco dimensiones clave: Estado de derecho, controles al Ejecutivo, partidos, sociedad civil y comunidad política.

Nota. Elaboración con base en V-Dem Institute (2024), PEN (2025), CIEP-UCR (2024), Freedom House (2024) y Latinobarómetro (2023).

Como muestra la tabla 3, Costa Rica revela una resiliencia democrática sostenida, pero presionada, donde contrasta la fortaleza normativa del Estado de derecho con rasgos de desgaste cívico y fragmentación política.

El estudio de la resiliencia democrática ha avanzado notablemente en los últimos años; sin embargo, subsisten vacíos analíticos y empíricos que deben ser abordados para comprender mejor cómo las democracias contemporáneas encaran y superan episodios de erosión institucional y crisis de legitimidad. De seguido, se anotan algunas líneas prioritarias de investigación que podrían conformar una agenda futura.

(i) Mecanismos de rebote democrático en contextos de deterioro moderado. Aún es limitado el conocimiento disponible sobre las condiciones, actores y procesos que facilitan a las democracias recuperar su equilibrio tras episodios de regresión parcial. La noción de reequilibración propuesta por Linz (1978) ofrece un punto de partida útil; sin embargo, debe actualizarse de cara a los fenómenos emergentes, como la digitalización de los asuntos públicos y el ascenso de los algoritmos en la opinión política.

Es necesario investigar cómo los procesos de transformación digital y la presión ciudadana en redes digitales (entendida como la acción colectiva que emerge en plataformas como X o Twitter, Facebook, Instagram o TikTok) constituye una labor urgente de pergeñar. Como advierte Howard (2020), “las redes digitales se han convertido en arenas tanto de resiliencia como de vulnerabilidad democrática, donde la ciudadanía ejerce presión, se moviliza colectivamente y confronta las tendencias iliberales” (p. 12).

De igual manera, el desempeño judicial tiene un papel fundamental en estos procesos de recuperación (rebote democrático). Los tribunales constitucionales y las cortes supremas pueden funcionar como mecanismos de contención institucional, poniendo coto a las concentraciones de poder y/o a las violaciones de derechos fundamentales. Sin embargo, esta labor demanda equilibrio: “Los poderes judiciales suelen ser la última línea de defensa frente a la erosión democrática, aunque sus intervenciones deben equilibrar independencia y legitimidad democrática” (Hirschl, 2008, p. 45).

Por tanto, la investigación futura debería estudiar cómo la interacción entre movilización digital, acción judicial y cultura cívica puede trazar rutas de reequilibración democrática que den fuerza a la resiliencia.

(ii) Resiliencia de escalas múltiples y articulación de capacidades. Las amenazas a la democracia ejercen su presión de forma simultánea en distintos niveles (local, nacional y transnacional), lo que obliga a analizar la resiliencia en todos esos niveles. Es preciso estudiar cómo las capacidades estatales, comunitarias, territoriales y transnacionales se interrelacionan de cara a estresores complejos como la corrupción, el crimen organizado o la desinformación digital que no se circunscribe a las fronteras de ningún país.

Este enfoque se inspira en los estudios de resiliencia ecológica y social (Folke et al., 2010 y Duit, 2016), adaptados al análisis político por autores como Merkel (2021) y Boin (2010). En su concepción, la capacidad de resistencia democrática se construye en red, no en un solo punto del sistema.

Al respecto, Boin (2010) señala: “Las democracias resilientes son aquellas capaces de movilizar recursos y capacidades en múltiples niveles de gobierno, manteniendo la coordinación y la legitimidad política durante las crisis” (p. 5). Por su parte, Duit (2016) anota: “La resiliencia democrática requiere comprender la gobernanza como un fenómeno multinivel, donde los mecanismos locales y nacionales interactúan dinámicamente ante perturbaciones” (p. 20). De lo anterior se colige que la investigación debe explorar formas de coordinación entre instituciones estatales y redes ciudadanas que fortalezcan la capacidad adaptativa sin depender exclusivamente del poder coercitivo o de la centralización de decisiones.

(iii) Medición y precisión de indicadores de resiliencia. Pese a los valiosos avances de los GSoD indices (International IDEA, 2023) y del proyecto Varieties of Democracy (V-Dem), persisten desafíos metodológicos para operacionalizar y corroborar los indicadores de resiliencia (International IDEA, 2023 y Lührmann et al., 2018). Los indicadores actuales recogen con eficacia fenómenos estructurales como la calidad electoral o la independencia judicial; sin embargo, es importante llegar a una mayor precisión en estimar fenómenos como el antipluralismo, la polarización afectiva y la robustez cívica, así como estudios comparados sobre su sensibilidad ante cambios institucionales y contextuales.

Según subraya Merkel (2021), “la resiliencia democrática no puede reducirse a la estabilidad institucional, sino que implica una combinación compleja de desempeño, legitimidad y adaptabilidad” (p. 873). Esta nueva línea facilitaría la depuración del diagnóstico empírico sobre los factores que mantienen o debilitan la resiliencia democrática.

(iv) Diseño institucional para una resiliencia sin un “estado de excepción” permanente. Una de las tensiones fundamentales radica en cómo las democracias pueden reaccionar de manera eficaz a las crisis sin normalizar la excepción. Merkel y Lührmann (2021) advierten que las medidas extraordinarias prolongadas (como los estados de emergencia o los decretos ejecutivos extensivos) pueden llegar a ser mecanismos de destrucción paulatina de las normas democráticas.

A propósito, Agamben aduce: “El estado de excepción tiende a convertirse en paradigma de gobierno, un espacio jurídico en el que la distinción entre norma y excepción se borra progresivamente” (2005, p. 2). La investigación futura debe indagar en salvaguardas institucionales y constitucionales que permitan gestionar emergencias preservando los controles horizontales y evitando la consolidación de poderes de excepción (Boin et al., 2013 y Levitsky y Ziblatt, 2018).

(v) El caso de Costa Rica: resiliencia y fragilidades coexistentes. El contexto costarricense presenta un terreno fértil para estudiar la interacción entre alto desempeño democrático (reflejado en indicadores como el liberal democracy index (LDI)) y la permanencia de tensiones críticas, especialmente en los ámbitos de independencia judicial, confianza institucional y rendición de cuentas, según se refleja en los datos del global state of democracy indices (International IDEA, 2023) y del proyecto Varieties of Democracy (V-Dem Institute, 2024).

Asimismo, la interlocución entre instituciones estatales y sociedad civil puede constituir un espacio de aprendizaje político. Según International IDEA (2023), “los países con altos niveles de desempeño democrático no son inmunes a la erosión; su resiliencia depende de mecanismos inclusivos de respuesta, apertura al escrutinio público y rendición de cuentas” (p. 9).

En el caso costarricense, la investigación futura debería abocarse a explorar ¿cómo interactúan los factores y cómo coexisten con los retos recientes?, como la polarización política, desinformación digital, la percepción de impunidad judicial y el avance de la criminalidad organizada (Carazo, Jiménez y Román, 2023 y Programa Estado de la Nación, 2025).

De esta forma, el caso costarricense puede contribuir a la literatura sobre resiliencia democrática como un laboratorio de balance entre estabilidad formal y vulnerabilidad pragmática en el que la resiliencia a nivel cívico (la aptitud de adaptación social y de discusión) desempeña un papel tan decisivo como la resiliencia institucional (International IDEA, 2019 y Pignataro Treminio y Chavarría, 2021).

En fin, la identificación de las condiciones de rebote cívico-institucional, es decir, los factores que permiten restaurar confianza y legitimidad luego de episodios de tensión política o judicial podrían arrojar evidencia clave para la literatura sobre resiliencia democrática en regímenes de larga estabilidad formal.

El estudio de la resiliencia democrática se ha convertido en una línea de estudio medular a fin de comprender las transformaciones de los regímenes democráticos contemporáneos para encarar las crisis económicas, políticas, sanitarias y digitales. Más que un sinónimo de estabilidad, la resiliencia alude a la competencia institucional y social de adaptación que permite a las democracias absorber perturbaciones y reequilibrarse (o reconfigurarse) ante ellas, al tiempo que mantienen sus principios básicos.

El análisis realizado evidencia que la resiliencia democrática no es una propiedad estática, sino un proceso muy dinámico que se sostiene por la interconexión entre actores institucionales, judiciales y cívicos, así como en la presión ciudadana. Estas interacciones adquieren una importancia crucial ante entornos de polarización, desinformación y populismos digitales.

La evidencia empírica reciente propone que la resiliencia se sostiene en la interacción entre actores institucionales, que se articula en redes híbridas de movilización y vigilancia (Howard, 2020 y Hirschl, 2008). El análisis comparado revela que la resiliencia democrática es multinivel o multiescala, en virtud de que depende de la capacidad de coordinación entre niveles de gobierno y del diálogo entre redes estatales y comunitarias. En contextos donde el crimen organizado o la desinformación minan la confianza, el fortalecimiento de capacidades locales, cívicas y judiciales se torna imperativo para sostener la legitimidad democrática.

Un hallazgo transversal de la literatura es que la resiliencia legítima debe evitar la normalización del estado de excepción. Las medidas de emergencia, aun cuando resulten efectivas en ciertos contextos, pueden desembocar en el deterioro paulatino del control democrático si no se acompañan de mecanismos de supervisión y reversión. En este sentido, una resiliencia sin estado de excepción permanente demanda contar con instituciones capaces de actuar con flexibilidad ante las crisis, aunque dentro de parámetros temporales y normativos estrictos.

En cuanto a la medición, los avances de proyectos como Varieties of Democracy (V-Dem Institute) e International IDEA (GSoD indices) presentan un marco comparativo útil y de alto valor agregado, aunque subsisten retos metodológicos; tal como mayor precisión para evaluar dimensiones como el antipluralismo, la potencia cívica y la polarización, así como para medir la capacidad de recuperación institucional.

El caso de Costa Rica ilustra de forma asombrosa la coexistencia entre fortaleza institucional y fragilidad funcional. El país sostiene un alto desempeño democrático en términos de participación electoral, pluralismo y Estado de derecho, pero encara nuevas amenazas producto de la criminalidad organizada, la desinformación y la desafección ciudadana. Lejos de constituir una excepción, el país puede ser visto como un laboratorio de equilibrio entre estabilidad formal y resiliencia cívica, donde la capacidad deliberativa y el activismo judicial actúan como contrapesos frente a tensiones contemporáneas.

La agenda de investigación futura debe abocarse a integrar los planos normativo, institucional y social de la resiliencia democrática, acometiendo tres desafíos cruciales: reconstruir la confianza entre ciudadanía e instituciones por medio de procesos de deliberación; robustecer los mecanismos de rendición de cuentas legislativa y judicial sin minar la capacidad de respuesta ante crisis; y desarrollar indicadores más sensibles a las dinámicas de las democracias contemporáneas, que incluyan la resistencia y el aprendizaje político. Solo una resiliencia democrática entendida como capacidad reflexiva y transformadora (no solo defensiva) será capaz de garantizar que las democracias de la región, incluida Costa Rica, preserven su existencia frente a los desafíos actuales y futuros.

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* Costarricense, economista, correo hannia_ramirez@hotmail.com. Profesora y subdirectora en la Universidad Fidélitas, donde coordina la carrera de Economía. licenciada en Economía con énfasis en Administración de Negocios y máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Costa Rica. Cursa el doctorado en Gobierno y Políticas Públicas en la misma casa universitaria.

[2] Traducción libre: resiliencia ante el colapso.

[3] Se refiere a métodos sutiles y no violentos para controlar, marginar o silenciar a individuos u opositores.

[4] Métodos sutiles y no violentos para controlar movimientos sociales o disidencia política.

[5] Es lo que se conoce como “charla basura”, se utiliza para denominar los comentarios provocadores, insultos o burlas dirigidos a un oponente.

Dimensión	Fortalezas	Vulnerabilidades	Fuentes
Estado de derecho	LDI alto; árbitros con legitimidad histórica	Ataques políticos; rezagos de gestión y congestión	V-Dem Institute, 2024, p. 61; PEN 2025, pp. 1-3 y 35-36
Controles al Ejecutivo	Órganos autónomos y revisión judicial	Deslegitimación discursiva y presión a contrapesos	PEN 2025, pp. 1-3
Partidos	Reglas de competencia estables	Baja simpatía; personalización y fragmentación	CIEP-UCR, 2024
Sociedad civil	Redes activas y control de la sociedad	Sobrecarga informativa; asimetrías	Freedom House 2025, pp. 13-16
Comunidad política	Apoyo normativo a la democracia	Aumento de indiferencia; fatiga democrática	Latinobarómetro 2023, pp. 27 y 46


PRIMER SEMESTRE 2026 NÚMERO 41	ISSN: 1659-2069