SEGUNDO SEMESTRE 2025 NÚMERO 40	ISSN: 1659-2069

Democracia y desigualdad social: análisis de las políticas sociales en la oferta electoral de los partidos políticos durante las elecciones municipales de 2024 en Costa Rica

Jeniffer Gutiérrez Barboza*

 

https://doi.org/10.35242/RDE_2025_40_3

Nota del Consejo Editorial

Recepción:8 de mayo de 2025.

Revisión, corrección y aprobación: 6 de junio de 2025.

Resumen: El artículo tiene como objetivo ofrecer un análisis descriptivo y analítico del vínculo entre la democracia, la desigualdad, la oferta electoral partidaria y las políticas sociales desde el ámbito de los gobiernos locales en Costa Rica. La investigación se centró en los partidos políticos como actores clave en la formulación, diseño e implementación de políticas públicas y sociales en respuesta a las demandas del electorado frente a las desigualdades existentes en los cantones.

Palabras clave: Democracia / Desigualdad social / Política social / Programas de gobierno / Gobierno local / Elecciones municipales.

Abstract: This article aims to offer a descriptive and analytical analysis of the link between democracy, inequality, party electoral offer and social policies from the field of local governments in Costa Rica. The research focused on political parties as key actors in the formulation, design and implementation of social policies in response to the demands of the electorate in the face of existing inequalities in the cantons.

Key Words: Democracy / Social Inequality / Government programs / Local government / Municipal elections.

 

 

 

 

1.       Introducción

A partir de la década de 1980, el Estado costarricense promovió una serie de cambios estructurales en las políticas económicas y sociales a través de regulaciones que pretendían la eliminación de los subsidios en productos básicos y alimenticios, aumento en las tasas de interés en los préstamos, incremento en el impuesto selectivo de consumo, modificaciones a los precios de servicios básicos de luz y agua potable, congelamiento del empleo en el sector público, postergación de la puesta en vigencia de ajustes salariales y eliminación del déficit financiero público (Picado, 1991, p. 6).

Paralelo a estos cambios, surge el tema de la gestión pública territorial y regional como estrategia para focalizar la acción estatal, que argumenta dificultades históricas de la administración centralizada para proveer respuestas efectivas a las desigualdades en materia de desarrollo económico y social.

Según Meoño (2008), en este periodo, el sistema presidencialista y centralizado daba evidentes muestras de agotamiento, de ineficacia y de falta de transparencia por la casi nula representación y participación políticas ciudadanas. En este contexto, se afianza el planteamiento de desarrollo regional como instancia “coordinadora” para la acción de las instituciones ministeriales y autónomas del gobierno central, y desde ese primer momento se contempla la incorporación de las municipalidades y de los diversos grupos representativos de la sociedad civil (p. 281).

Posteriormente, durante los años 90, ante el aumento continuo de las desigualdades y la creciente insatisfacción de la ciudadanía respecto a las respuestas que el Estado ofrece a través de las instituciones centralizadas, se dirige la mirada al papel que las municipalidades podrían asumir en la atención de estas situaciones por medio de la movilización de recursos locales y la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Actualmente, las municipalidades se constituyen como entes estatales cuya misión fundamental es administrar servicios de interés público a nivel local, con recursos propios y jurisdicción territorial en los 84 cantones del país. Cada cuatro años, mediante procesos independientes para la elección de autoridades locales, los partidos políticos compiten entre sí y, durante el periodo de campaña, presentan al electorado propuestas para la atención de situaciones propias de cada cantón.

A continuación, se presentan algunas reflexiones sobre la relación entre democracia y desigualdad en el contexto de la transferencia de competencias estatales a los gobiernos locales. Asimismo, se analiza la oferta electoral de los partidos políticos que aspiran a ocupar cargos de elección popular.

Este proceso investigativo se desarrolló en varios momentos. En primer lugar, se llevó a cabo la revisión bibliográfica y documental de investigaciones y artículos académicos latinoamericanos y nacionales relacionados con democracia, desigualdad, oferta electoral y gestión de políticas sociales desde las municipalidades, lo que permitió formular categorías teóricas relevantes para el análisis de los hallazgos. Además, en esta etapa, se reconstruyeron algunos elementos para la comprensión del proceso histórico que ha incidido en la configuración de las democracias actuales en la región, así como la evolución paulatina de las responsabilidades trasladadas por el Estado a los gobiernos locales en la atención de problemáticas sociales.

El segundo momento consistió en la revisión de los 345 planes de gobierno presentados por partidos políticos nacionales, provinciales y cantonales de las 7 provincias y 84 cantones del país ante el Tribunal Supremo de Elecciones con miras a las elecciones municipales de 2024[1]. A partir de esta revisión, se identifica un total de 1095 acciones relacionadas con la atención de 14 temáticas sociales y se procede con el análisis cualitativo.

Los hallazgos obtenidos no solo permitieron reconocer la importancia que tiene para las organizaciones partidarias presentar a la ciudadanía, durante la campaña electoral, una oferta que incluya acciones orientadas a atender situaciones sociales; sino que también proporcionaron insumos que vinculan dicha oferta electoral con la gestión de políticas sociales desde los gobiernos locales. Esto se logró mediante un acercamiento a las visiones, interpretaciones y explicaciones a problemáticas, como la discriminación, la pobreza, la exclusión, la violencia, el desempleo y otras manifestaciones de la desigualdad expuestas en los planes de gobierno, así como las posibles soluciones presentadas para su abordaje por medio de servicios sociales municipales.

 

2.       Democracia y desigualdad social

Conceptualizar la desigualdad resulta complejo, al igual que identificar con precisión sus causas o medir con exactitud la magnitud de sus consecuencias en la vida de las personas. Desde una perspectiva económica, la desigualdad suele entenderse como la distribución no equitativa de recursos, ingresos, riqueza y oportunidades. En otras palabras, es comprender cómo estas disparidades inciden en el crecimiento económico y en el bienestar de la sociedad.

Desde el punto de vista social, la desigualdad se explica a partir de la existencia de barreras estructurales que impiden a grupos o personas el acceso a oportunidades en educación, salud, empleo, seguridad y participación en la vida pública. Por lo tanto, se comprende partiendo de los factores que influyen en dichas oportunidades, como la etnia, el género, la clase social, la condición migratoria y la edad, así como por las condiciones históricas, ideológicas y sistémicas que perpetúan la exclusión y la discriminación.

Desde una perspectiva política, la desigualdad alude a la disparidad en el poder, la influencia y la capacidad de tomar decisiones en determinada sociedad. Esto implica que algunas personas o grupos tienen un mayor acceso a los mecanismos de poder, como los gobiernos, las instituciones o incluso a las políticas públicas.

Las reflexiones que se presentan a continuación abordan elementos de las tres perspectivas. Para O'Donnell (1994), existen múltiples desigualdades, ellas son de carácter estructural y pueden verse manifiestas en el acceso de las personas a los derechos políticos, sociales y económicos en una sociedad. Vincula la desigualdad con democracia y reflexiona sobre la existencia de democracias limitadas en la región latinoamericana donde, a pesar de existir mecanismos democráticos (como elecciones), los sectores más desfavorecidos de la sociedad continúan sin acceso pleno y equitativo a los derechos, servicios y oportunidades.

Para comprender el vínculo entre la desigualdad y su relación con el sistema democrático, es fundamental considerar los procesos históricos, económicos, sociales, culturales y políticos que han dado forma a las sociedades y democracias actuales. Estos procesos no solo moldean las manifestaciones de la desigualdad, sino que también influencian cómo valora la ciudadanía el sistema democrático.

De acuerdo con Araya (2025), en América Latina, especialmente a partir de finales de la década de 1970, se produjo un proceso de retorno masivo a la democracia en la mayoría de los Estados-nación existentes, pero el avance en materia política no se vio acompañado de una respuesta a las desigualdades sociales:

Empero la transición de gobiernos autoritarios y dictatoriales a democráticos observó varias vulnerabilidades: la evolución se dio específicamente en la dimensión política, es decir, las naciones comenzaron a tener sistemas pluralistas de partidos políticos, a realizar elecciones de manera periódica que además eran confiables en sus resultados, y se dio una alternancia en el ejercicio del poder, lo que en su conjunto produjo escenarios de estabilidad política por un tiempo determinado. Por su parte, las contradicciones en los órdenes económico y social, arrastradas por los cuerpos sociales desde la época colonial, se mantuvieron y se agudizaron conforme los actores políticos legítima y legalmente electos no lograban atender de manera satisfactoria, integral y sostenible las múltiples demandas de reivindicación y mejora cualitativa de los distintos sectores configuradores de la sociedad. Lo anterior se combinó con un elevado nivel de expectativa social en torno a la capacidad de respuesta efectiva de la institucionalidad democrática. (2025, párr. 4)

En Latinoamérica uno de los principales elementos formulados durante la transición de los regímenes políticos autoritarios hacia la democratización fue la idea de que el cambio conduciría a la prosperidad económica, lo cual, a su vez, contribuiría a consolidar las instituciones democráticas (Burchardt, 2008). De acuerdo con el Informe Latinobarómetro[2] (2018), la democracia en la región alcanzó su nivel más alto de apoyo justo al inicio de las transiciones, cuando en 1997 llegó al 63% (p. 14), además:

Durante la década de los 70, la tercera ola de democracias nos confundió, porque fue fácil, fue rápido, fue simple, no hubo guerras ni masacres masivas: la recuperación de la libertad de expresión que sucedió instantáneamente con la elección democrática de presidentes en la región. Sin embargo, ello no fue acompañado de la llegada de las garantías sociales que la población esperaba. La lucha por el desmantelamiento de las desigualdades que tiene su espejo en la demanda de garantías sociales está siendo más dura, menos rápida, más compleja que la ola de la llegada de la democracia. (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 6)

El proceso de transición democrática intentó, en cierta medida, alcanzar un Estado social de derechos paralelo a un sistema económico de redistribución; sin embargo, fue superado por un modelo de economía abierta, en el que los grandes perdedores son los sectores más amplios de la sociedad latinoamericana (Rojas, 2003). Conforme el sistema no parecía responder, aumentaba la insatisfacción ciudadana, se ampliaba la conflictividad social y se producían efectos en el funcionamiento del sistema político (Araya, 2025).

La transición democrática, alteró, en tiempos y ritmos variados, las usuales relaciones entre el Estado y la sociedad; la integración de las economías nacionales en el contexto de la acumulación globalizada, especialmente a partir de la década de 1990, afectó la construcción de una democracia asentada en una sociabilidad real, lo cual empeora la crisis interna, como la gobernabilidad, cuando los intereses sociales ya no se constituyen o no consiguen ser procesados por el Estado. En otros términos, los Estados nacionales enfrentaron dificultades para gobernar en sintonía con las principales tendencias y expectativas de la sociedad, sobre todo frente al desafío de erradicar las históricas desigualdades sociales (Brito, 2005).

Varios factores contextuales y la falta de mejora en las condiciones de vida de la población generaron que, a partir de 2010, se evidencie un cambio significativo en el apoyo a la democracia:

Al mismo tiempo, casi como efecto espejo, desde 2010 aumenta de manera sistemática aquellos ciudadanos que se declaran “indiferentes” al tipo de régimen aumentando de 16% en 2010 a 28% en 2018. Esta lejanía del tipo de régimen va acompañada con un alejamiento de la política, de no identificación en la escala izquierda - derecha, de la disminución de los que votan por partidos, y finalmente en la propia acción de ejercer el derecho a voto. Se trata de un conjunto de ciudadanos que abandonan lo colectivo para refugiarse en su individualismo, rechazan lo establecido y rompen los esquemas. Son ciudadanos más bien desencantados y frustrados. Este contingente de desafectados de los gobiernos, las ideologías y la democracia son la fuente mayor en el surgimiento de populismos en la región, no son una novedad y hace años que se observa su crecimiento. (Corporación Latinobarómetro, 2018, p. 14)

Dicho informe concluye que las personas que han abandonado el apoyo al régimen democrático prefieren ser indiferentes al tipo de régimen, y se alejan de la política, la democracia y sus instituciones. Ahora, si bien se apunta a varios elementos que conducen a esta disminución del apoyo, aparece el tema de la desigualdad como una de las causas:

La baja aprobación de gobierno en América Latina es un buen indicador del declive de la democracia. No estamos hablando de un gobierno, sino de gobiernos de 18 países que sufren del mismo mal, cual es que América Latina no ha podido desmantelar la desigualdad, a pesar el crecimiento económico y de la movilidad social de un segmento de la población que ha permitido la existencia de una nueva clase media. Al mismo tiempo ha fallado en las garantías sociales, a pesar del aumento de educación y acceso a servicios públicos. Los gobiernos tienen pocas posibilidades de ser exitosos ante enormes contingentes de población que esperan un futuro económico mejor. En realidad, no se trata de una mejor economía, sino de una mejor distribución de la riqueza. (Corporación Latinobarómetro, 2018, p. 46)

Para el 2024, el Informe de Latinobarómetro señala que el deterioro democrático visto desde 2010 hasta 2024 se detiene, y se revierte con un aumento de cuatro puntos porcentuales de apoyo a la democracia que llega al 52%; sin embargo, no se evidencian avances significativos en los temas de desigualdad:

América Latina no solo no logra consolidar sus democracias, sino que por sobre todo no logra desmantelar la desigualdad, si bien logra los equilibrios macroeconómicos y la disminución de la pobreza, así como la formación de clases medias, eso no se traduce en la disminución de las desigualdades. Disminuir las desigualdades no es lo mismo que disminuir la pobreza, no es lo mismo que consolidar las clases medias, no es lo mismo que dar acceso a la educación. Estamos refiriéndonos no a una evolución intergeneracional donde lentamente el acceso a las oportunidades se va produciendo, sino a los cambios producidos por la política pública en las generaciones presentes (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 9).

De acuerdo con el informe de resultados del Índice de democracia 2024, elaborado por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist[3], se evidencia una disminución global en el valor otorgado a la democracia, ya que el puntaje promedio mundial descendió de 5,23 en 2023 a 5,17 en 2024. Para 2025, Costa Rica mantuvo la misma puntuación del año anterior (8,29) y sigue siendo una de las 25 democracias plenas del mundo; sin embargo, el índice señala que descendió al puesto 18 a nivel mundial (May, 2025).

Según el Programa de Estado de la Nación de 2024 (PEN)[4] en Costa Rica, la pobreza y desigualdad por ingresos durante las dos primeras décadas del siglo XXI no registraron avances sostenidos. En los años 2020 y 2021, la pandemia por covid-19 generó un fuerte golpe socioeconómico que acrecentó las brechas sociales por estratos de ingreso, género, territoriales, educativas, etarias, tecnológicas y aumentó la pobreza de manera significativa. Desde entonces la recuperación a los niveles prepandémicos ha sido lenta, insuficiente y desigual.

Para 2022 e inicios del 2023, el país se alejó de la aspiración de tener una sociedad más equitativa e integrada, pues mantuvo altos niveles de pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso, junto con un mercado laboral que siguió sin generar suficientes empleos de calidad y con un deterioro de los ingresos laborales (PEN, 2024, capítulo 2, p. 6)

Al año 2023 los resultados indican que muchos hogares del país tienen dificultades para acceder a ingresos que les permitan tener una vida digna, lo cual repercute en los niveles de pobreza y desigualdad. Aunque estos indicadores casi se acercan al promedio de mediano plazo, la pobreza sigue afectando a uno de cada cinco hogares, y si se les suman los vulnerables a caer en ella, representan uno de cada tres (PEN, 2024, capítulo 2, p. 8). Además, el informe señala que la desigualdad se manifiesta de diversas formas y que se logran identificar importantes asimetrías territoriales en asuntos clave para la calidad de vida de las personas, los cuales se vinculan con sus derechos fundamentales (PEN, 2024, capítulo 2, p. 16).

En síntesis, aunque el sistema democrático se manifieste de manera sólida en el ámbito político por medio del pluralismo de partidos políticos, la realización de elecciones de manera periódica con resultados confiables y alternancia en el ejercicio del poder, el aprecio de la ciudadanía por la democracia se ve traspasado por otros factores, tal y como lo señala el Informe de Latinobarómetro 2024:

El tema principal de la región es y sigue siendo la economía, aunque tantas veces quede un poco sepultado por la manera como se comunican los estudios de opinión, dispersando los “problemas económicos” en muchas categorías, como desempleo, inflación, bajos salarios, pobreza, etc. El tema de seguridad… le preocupa a más del 20% de la población en nueve países. Mientras que el tema de la política como problema entre lo que se encuentra la corrupción, es superior al 10% en todos los países menos en dos. El problema de la estabilidad política y la corrupción han ido escalando en la preocupación de la población llevándolo a un tercer lugar en el promedio regional. No menos significativo es el hecho que las políticas sociales quedan en el último lugar, cuando de facto deberían ser de primera prioridad para combatir la desigualdad. (pp. 22-23)

Para O'Donnell (1994), una democracia de baja calidad es aquella en la cual la desigualdad socioeconómica y la exclusión política persisten, aunque el sistema político permita la participación política.

 

3.       Políticas sociales como respuesta a las manifestaciones de la desigualdad

Las políticas sociales, como proceso social, se crearon en la confluencia de los movimientos del ascenso del capitalismo con la Revolución Industrial, las luchas de clases y el desarrollo de la intervención estatal (Behring y Boschetti, 2009). En consecuencia, se originan en el contexto de agudización de las expresiones de la cuestión social marcada por un Estado capitalista que tuvo una expansión significativa con la Revolución Industrial.

Las consecuencias económicas y sociales emergentes promueven un pensamiento reformista en materia de lo social a partir del siglo XX, que impulsa el llamado Estado del bienestar cuyo gobierno emprende y ejecuta fundamentales políticas sociales orientadas a proveer y garantizar el «bienestar» de los ciudadanos en el amplio marco de la seguridad social: salud, educación, saneamiento ambiental, oportunidades laborales, derechos civiles, entre otros. (Gil, 2005). En otras palabras, las políticas sociales son el instrumento utilizado por el Estado para dar respuesta a las diversas manifestaciones de la desigualdad:

De esta forma, frente a la “naturalización” de las desigualdades, se presenta como alternativa válida una mejor “redistribución” de los recursos sociales. Y para eso entran en escena las políticas sociales, fundamentalmente ligadas a modelos de Estados benefactores, populistas, democracias sociales etc. Las mismas, al buscar revertir las desigualdades “naturales” producidas en la sociedad y en el mercado, se fundamentan en una lógica de “desigualdad de signo contrario”. (Pastorini, 1999, p. 4)

Por lo tanto, la función de las políticas sociales respecto a la atención de las desigualdades no es neutra, está cargada de intencionalidades determinadas por múltiples elementos contextuales y por los actores sociales que entren en la arena de luchas en los espacios de toma de decisiones. Según Pastorini (1999), las políticas sociales participan de la reproducción de la estructura política, económica y social (reproducción de las condiciones de dominación y subordinación y de las desigualdades sociales) y contribuyen para obtener la aceptación y la legitimidad necesarias para la manutención del orden social. De esta manera, se encuentran íntimamente vinculadas con el Estado y con el gobierno, donde este último es quien toma importantes decisiones respecto al diseño y ejecución de los servicios sociales estatales que se prestan a la ciudadanía.

Es importante comprender que el vínculo entre Estado, democracia, Gobierno y políticas sociales es histórico y cambiante. Cada uno de estos elementos, a pesar de sus particularidades, influye de manera sostenida en los demás. Por lo tanto, la acción estatal puede verse afectada por factores como la participación de la sociedad civil, las acciones gubernamentales, la descentralización y la renovación de los mecanismos democráticos para la toma de decisiones:

Esto implica que la democracia es la forma normal de organización política de la sociedad capitalista. La libertad del ciudadano en el ejercicio de su derecho de elección del gobernante presupone la existencia de opciones planteables en condiciones limitadas, pero realmente pluralistas. La movilización de recursos de poder por el Estado puede entonces hacerse sobre la base de que el derecho a hacerlo ha sido conferido por "todos" los ciudadanos. Por añadidura, la competitividad entre partidos implicada por la ciudadanía y su corolario de democracia política, permite la articulación de intereses que aunque "filtrados" sustentan una creencia fundamental para la legitimización de las instituciones estatales: la de que no hay intereses sistemáticamente negados por ellas. (Pastorini, 1999, p. 23)

En Costa Rica, tanto el gobierno central como el local tienen responsabilidades propias y otras compartidas en materia de política pública y social. Para efectos de este análisis, toman relevancia los espacios locales y sus gobiernos como instancias legítimas para la promoción del desarrollo económico y social de cada cantón y su papel en la atención de las desigualdades.

 

4.       Vínculo entre los gobiernos locales y la gestión de las políticas sociales

Durante el siglo XV Costa Rica estuvo bajo el mando de la Corona de Castilla como una provincia de la Capitanía General de Guatemala, que era el centro de operaciones del gobierno español. Fue en esta época cuando se establecieron los cabildos en América, instituciones impulsadas por España que se encargaban del gobierno y la administración de las ciudades. Estos cabildos tenían jurisdicción sobre el territorio y su función principal era garantizar la defensa de las libertades populares y representar los intereses de la población.

El cabildo, especie de concejo municipal, fue la primera unidad administración local implantada por los españoles en los lugares donde lograban asentarse. Los encomenderos como vecinos de ciudades por ellos fundadas, ejercían su dominio por medio del cabildo. Esta institución fue básica en el proceso de implantación hispánica en América, ya que la colonización española se caracterizó por la sistemática política de fundar “ciudades” o “villas” en los territorios donde pretendían implantar su dominación. Con la fundación de la ciudad se instauraba el cabildo, órgano de poder colectivo, integrado por alcaldes y regidores escogidos de entre el grupo de fundadores de la ciudad. Su función era ordenar la vida entre los integrantes de la hueste conquistadora. El cabildo sirvió como una especie de autoridad general para la totalidad de cada territorio recién ocupado mientras el rey no nombrara funcionarios. (Solórzano, 2000, p. 3)

Los cabildos tuvieron gran importancia y enorme poder (Solórzano, 2000), ya que desempeñaban funciones administrativas, judiciales y políticas. Entre sus tareas, regulaban la vida urbana mediante la adjudicación de tierras, la fijación de precios, la administración de la justicia, la educación, la recaudación de impuestos, el mantenimiento del orden público, la supervisión del comercio local y la organización de obras públicas como la construcción de caminos y puentes. También actuaban en la resolución de conflictos locales y velaban por el cumplimiento de las leyes.

Los cabildos elegían a sus miembros (alcaldes y regidores) de acuerdo con normas locales, aunque a menudo las decisiones finales sobre las elecciones dependían de las autoridades coloniales. El alcalde tenía una posición clave, pues se encargaba de la ejecución de las decisiones del cabildo, la administración local y la representación ante las autoridades superiores. Los cabildos también fueron una herramienta de control social, ya que supervisaban no solo los aspectos económicos y administrativos, sino también los aspectos sociales y religiosos de la vida local. Estos órganos colaboraban estrechamente con la Iglesia, que tenía un papel muy importante en la vida cotidiana de los colonos (Solórzano, 2000).

Estas organizaciones políticas y administrativas fueron la base de la organización del poder local en la nueva República de Costa Rica, luego de 1821 mantuvieron sus características originales durante un tiempo, y poco a poco evolucionaron hacia la estructura de municipalidades.

Durante la conformación del Estado costarricense en el siglo XIX, la relación entre las municipalidades y el Gobierno central fue fundamental para la organización administrativa y política del país. Esta relación estuvo marcada por un proceso de centralización del poder por parte del Estado, pero también por pugnas a favor de la autonomía local. Estas luchas quedaron plasmadas en las múltiples reformas constitucionales, las cuales en algunos momentos limitaban y en otros flexibilizaban el ámbito de acción de los gobiernos locales.

Hoy día, la Constitución Política dispone de un esquema básico y esencial que regula el régimen municipal costarricense, el título XII enuncia un gobierno municipal que tiene a su cargo la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón. Según al artículo 1 del Código Municipal (1998) el municipio está constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal; y se entiende por ‘munícipes’ aquellas personas vecinas residentes de un determinado territorio, que pueden participar en la conformación del gobierno municipal.

La Sala Constitucional (1999) precisa que desde el punto de vista político, las municipalidades son gobiernos representativos con competencia sobre un determinado territorio (cantón), con personalidad jurídica propia y potestades públicas frente a sus munícipes (habitantes del cantón); operan de manera descentralizada frente al Gobierno de la república, y gozan de autonomía constitucionalmente garantizada y reforzada que se manifiesta en materia política, al determinar sus propias metas y los medios normativos y administrativos en cumplimiento de todo tipo de servicio público para la satisfacción del bien común en su comunidad.

El artículo 4 del Código Municipal (1998), en sus incisos c y d, indica que les corresponde a estos gobiernos promover un desarrollo local participativo e inclusivo que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población, así como impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres en favor de la igualdad y la equidad de género. Según este marco normativo, para cumplir con sus responsabilidades, las municipalidades contarán con un órgano ejecutivo conformado por una estructura administrativa liderada por la persona electa como alcalde y un gobierno local conformado por una órgano colegiado y deliberativo denominado concejo municipal. La ley les otorga a los gobiernos locales una serie de atribuciones en diferentes ámbitos de la vida cantonal, sin embargo, para efectos de este artículo, resulta importante destacar aquellas relacionadas con temáticas de carácter social.

Tradicionalmente, en Costa Rica, las municipalidades se han encargado de competencias y servicios públicos residuales o secundarios no asumidos por la Administración central, lo que obedece a una fuerte mentalidad centralista producto de enfrentamientos entre localidades durante el siglo antepasado que llevaron a la necesidad de afirmar un Estado nacional y unitario (Jinesta, 2014).

De manera histórica, las municipalidades han brindado respuestas a situaciones locales de carácter social mediante el otorgamiento de becas y subsidios educativos a poblaciones en condición de vulnerabilidad, y transferencia de subvenciones económicas a familias sujetas a alguna situación de “desgracia” o “infortunio” (incendios, inundaciones, etc.). Sin embargo, desde finales del siglo pasado se han impulsado procesos de reestructuración social, cultural, económica y política en las sociedades contemporáneas que han colocado al ámbito local en un papel relevante en la rotación de tales procesos (Cravacuore y Navarro, 2010).

El modelo económico neoliberal que influencia al Estado costarricense a partir de los años 80 impulsa, como uno de sus ejes, la descentralización de los procesos administrativos del Estado, lo cual desde todas las ópticas posibles disminuye su papel en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas al mismo tiempo que promueve un discurso que deposita gran valor al papel de los entes territoriales como gestores de su propio desarrollo y competitividad. Se inicia, de este modo, una serie de cambios en los marcos jurídicos y procedimentales que han afectado históricamente a la institucionalidad pública y, con ello, la atención directa de las necesidades emergentes de la sociedad, como la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la violencia, el desempleo, entre otras.

Desde la perspectiva de los gobiernos locales, los cambios socioeconómicos y políticos de las últimas décadas han supuesto la necesidad de desarrollar estrategias para garantizar sus funciones políticas y administrativas tanto en el gobierno de los municipios como en la prestación de servicios a la ciudadanía (Cravacuore y Navarro, 2010).

Kung (2015) señala que partir de los años 90 comenzaron a impulsarse proyectos y leyes nacionales sobre descentralización ligados al tema del desarrollo municipal, que tendieron a concentrarse en aspectos de orden fiscal. La autora afirma que la premisa descentralizadora del Estado ha sido interpretada como una transferencia de competencias, recursos, funciones y responsabilidades del Gobierno central hacia las municipalidades, y se ha establecido más como un proceso administrativo de prueba, error y experimentación que de real constitución autónoma de los espacios locales.

Desde el año 2000, estos procesos de fomento municipal se vincularon con el impulso de estrategias de gestión local con una perspectiva social. El rol de los municipios ha sido revalorizado, con lo que han pasado de ser meras sucursales administrativas a “agentes del desarrollo local” en cuyo caso se han hecho presentes los intentos por incorporar servicios de índole social a las respectivas gestiones municipales:

No obstante, fue en la década de los noventas que los Gobiernos Locales comenzaron a acercarse a la gestión social, ya que se perfilaron como actores políticos con la facultad de intervenir en materia de desarrollo local y participación comunal, debido a la reforma estatal construida para sobrellevar la deuda extra de Costa Rica, donde aparece el discurso de descentralización de la gestión pública, dando énfasis al fortalecimiento de las municipalidades como estrategia para apoyar el sistema burocrático de Estado. (Kung, 2015, p. 310)

En resumen, esta coyuntura impulsa, como uno de los principales argumentos para el desarrollo económico y social, la descentralización afianzada en la noción de que desde el gobierno local se pueden gestionar los recursos de manera más eficiente que desde el gobierno central, lo que conduciría a la reducción de la burocracia y a la mejora de la gestión pública. Además, defienden la postura de que las autoridades locales cuentan con recursos de consulta a la ciudadanía de manera más directa, lo que ocasiona un mejor diagnóstico de las necesidades locales y, así, la toma decisiones resultaría más adecuada y oportuna. Por lo tanto, el razonamiento imperante posicionó la descentralización como un mecanismo para aumentar la participación ciudadana en los asuntos políticos y administrativos. Postulados bien recibidos tanto por la institucionalidad pública como por la ciudadanía, pues se asumió que ese nuevo modelo fortalecería la democracia local.

 

5.       Partidos políticos, gobiernos locales y política social

Los partidos políticos son estructuras organizacionales ideológicas cuyo propósito es adquirir poder en el Estado mediante el logro de posiciones políticas en el Gobierno para luchar por intereses sociales (Martínez, 2009). El Código Electoral (2009) define que los partidos políticos son:

asociaciones voluntarias de ciudadanos y ciudadanas, sin fines de lucro, creadas con el objeto de participar activamente en la política nacional, provincial o cantonal según estén inscritos, y cumplen una función de relevante interés público. Se regirán por la Constitución Política, este Código, sus estatutos, sus reglamentos, sus cartas ideológicas y cualesquiera otros documentos acordados por ellos. (artículo 49)

Los partidos políticos cumplen un papel fundamental para el fortalecimiento de las democracias representativas al transformar las necesidades ciudadanas en políticas públicas y sociales. Desempeñan la función de compuerta o de “control de entrada” de los temas y demandas que estarán presentes en los procesos de toma de decisiones públicas colectivas (Rosales y Rojas, 2012, p. 31).

En los espacios locales, las organizaciones partidarias desempeñan un papel esencial en la gestión de las políticas públicas y sociales. Durante los procesos electorales municipales, los partidos políticos nacionales, provinciales y cantonales inscritos ante el TSE eventualmente presentan candidaturas a los puestos de elección popular en los 84 cantones del país. A lo largo del período de campaña electoral, difunden a la ciudadanía los planes de gobierno en los cuales plasman sus visiones, interpretaciones y explicaciones sobre la pobreza, la exclusión, la violencia y otras manifestaciones de la desigualdad, así como sus propuestas para abordarlas a través de servicios sociales locales. Una vez pasadas las elecciones, aquellos partidos políticos que obtienen la representación en las alcaldías, concejos municipales, concejos de distrito e intendencias tienen influencia directa en la configuración de los servicios sociales a través de los cuales se materializan las políticas públicas.

 

6.       Temáticas y acciones sociales presentadas al electorado por los partidos políticos de cara a las elecciones municipales de 2024

En las elecciones municipales de 2024 participaron 77 partidos políticos[5], los cuales inscribieron 560 candidaturas para los 84 puestos de alcaldía en competencia.

Uno de los componentes del programa Votante Informado[6] del TSE es ofrecer a las personas electoras información sobre las candidaturas a alcaldía, incluyendo fotografías, hojas de vida y planes de gobierno. Es importante destacar que la entrega de esta información por parte de los partidos políticos es voluntaria. Para el proceso electoral de 2024, el programa recibió 345 planes de gobierno, lo que representa el 61% de las candidaturas postuladas a alcaldías. Los hallazgos que se presentan a continuación corresponden a los datos obtenidos de la revisión y análisis de esos 345 planes de gobierno[7] que las organizaciones partidarias aportaron para su debida divulgación, como se observa en la tabla 1.

Tabla 1

Cantidad de planes de gobierno revisados según provincia y cantón

Provincia	Cantones	Candidaturas a alcaldías	Planes de gobierno revisados
San José	20	143	96
Alajuela	16	99	65
Cartago	8	61	37
Heredia	10	70	40
Puntarenas	13	71	45
Guanacaste	11	65	35
Limón	6	51	27
Total	84	560	345

Nota. Elaborado a partir del Programa Votante Informado. TSE 2024.

Según datos del programa Votante Informado, para 2024 el electorado de la provincia de San José fue el que dispuso de más información sobre sus candidaturas, ya que el 67% de las personas postuladas a puestos de alcaldía presentaron sus planes de gobierno. En contraste, el electorado de la provincia de Limón contó con menos información, pues solo el 52% de las candidaturas presentaron sus planes para la difusión.

Otro hallazgo relevante es que el 100% de los planes de gobierno presentados ante el TSE proponen a la ciudadanía acciones relacionadas con la atención de temas sociales a nivel local. Adicionalmente, en la redacción de los planes se observa un uso equivalente en los términos “plan”, “política”, “programa” y “proyecto social” lo que evidencia ausencia de comprensión sobre las particularidades de cada concepto para la gestión de las políticas públicas. Por ello, para los fines de este primer acercamiento exploratorio y analítico, se utilizará el término “acciones sociales” para agrupar todas aquellas propuestas partidarias orientadas a la atención de problemáticas sociales, independientemente de cómo hayan sido consignadas en los planes de gobierno.

Además, resulta significativo señalar que algunas propuestas partidarias realizan el ejercicio de señalar explícitamente las áreas de las municipalidades que serían las responsables de la formulación y ejecución de planes, políticas, programas, proyectos de carácter social, donde con gran frecuencia hay referencias a las vicealcaldías, los concejos municipales y sus comisiones, así como las áreas de desarrollo social con que cuentan algunos municipios.

Con base en la revisión y análisis efectuado, se identificaron 1095 acciones sociales para 14 temáticas particulares a saber: salud, educación, cultura, deporte, derechos humanos, seguridad ciudadana, género y diversidades sexuales, niñez y adolescencia, personas adultas mayores, personas en condición de calle, asistencia social, discapacidad e inclusión, vivienda y empleo.

Figura 1

Acciones sociales propuestas por los partidos políticos en los planes de gobierno para las elecciones municipales de 2024 según temática social

Nota. Elaborado con base en los planes de gobierno presentados al TSE por los partidos políticos para las elecciones municipales 2024.

Debido a la cantidad de acciones sociales agrupadas en cada una de las temáticas identificadas, fue necesario realizar un ejercicio de distribución de frecuencias. A continuación, se presentan los resultados en orden descendente, donde la temática 1 corresponde a la que concentra la mayor cantidad de acciones sociales incluidas en los planes de gobierno de los partidos políticos, y la temática 14, a la que registra la menor cantidad de acciones.

Temática 1. Educación: con 209 acciones de carácter social corresponde a la temática con más propuestas de parte de los partidos políticos. Se denota una particular preocupación electoral relacionada con la calidad de la formación y capacitación de personas jóvenes y adultas para su incorporación exitosa al empleo, especialmente en los cantones de zonas rurales. De manera reiterativa ofertan acciones orientadas al desarrollo de habilidades tecnológicas y del manejo del idioma inglés, así como la apertura de oportunidades para el acceso de estos grupos a la educación superior técnica y universitaria.

En el caso de la educación primaria y secundaria, las acciones se orientan mayormente a la atención de las condiciones que generan exclusión educativa, a la mejora de la infraestructura en procura de condiciones idóneas de aprendizaje, al acceso de la población estudiantil a los centros educativos y a la incorporación de temas de relevancia local al currículo educativo. Además, resulta relevante destacar que varios de los planes de gobierno promueven la realización de procesos educativos relacionados con temas ambientales y de bienestar animal.

Tabla 2

Acciones sociales propuestas por los partidos políticos durante las elecciones municipales de 2024 en respuesta a las condiciones educativas

Acciones sociales	Frecuencia
Educación y capacitación tecnológica	46
Acceso a educación superior y formación técnica	42
Infraestructura educativa y acceso a internet	27
Alianzas y colaboración con instituciones educativas	19
Educación ambiental y bienestar animal	18
Educación de idiomas (principalmente inglés)	14
Formación profesional y empleo	11
Becas y subsidios	10
Programas de prevención para poblaciones en riesgo	9
Trabajo y proyección comunales	6
Inclusión y equidad educativa	5
Otros temas relacionados	2
Total	209

Nota. Elaborado con base en los planes de gobierno presentados al TSE por los partidos políticos para las elecciones municipales 2024.

Temática 2. Cultura: esta temática en particular se vincula con lo social a través de aquellas acciones que se ofertan con un enfoque de la cultura y el arte como mecanismos para recuperar espacios públicos en los cantones y como estrategia educativa para la formación de talento artístico local. Los planes de gobierno evidencian un interés significativo por conservar el patrimonio y fortalecer la identidad cultural local, así como promover la participación activa de las personas vecinas de los cantones. Varias de las acciones sociales-culturales se expresan por medio de propuestas cuyas intencionalidades son las de recuperar tradiciones, promover prácticas comunales y solidarias.

Tabla 3

Acciones sociales propuestas por los partidos políticos durante las elecciones municipales de 2024 en respuesta a las condiciones culturales

Acciones sociales	Frecuencia
Apropiación de espacios públicos	51
Formación artística y programas educativos (talentos)	47
Restauración y conservación del patrimonio local	26
Identidad cultural y tradiciones de los cantones	17
Participación comunitaria	12
Política y gestión cultural	9
Actividades comunitarias según públicos específicos	8
Alianzas y colaboraciones con otras instituciones	4
Total	174

Nota. Elaborado con base en los planes de gobierno presentados al TSE por los partidos políticos para las elecciones municipales 2024.

Temática 3. Salud: las organizaciones partidarias ofertaron 170 acciones sociales las cuales, en su mayoría, se encaminan hacia la prevención y promoción de la salud por medio de campañas y ferias en temas de salud pública asociados a factores particulares de cada cantón. Las acciones sociales sugieren movilización de múltiples actores sociales, así como el uso de espacios públicos de las comunidades. Fue común observar en los planes de gobierno propuestas en materia de mejora en la infraestructura existente, así como creación de nuevos EBAIS, clínicas y hospitales con la intención de aumentar la calidad y la cobertura de los servicios que actualmente reciben, pues con frecuencia se mencionaron las dificultades que enfrentan las personas electoras para contar con acceso a los servicios de salud.

Se señalan acciones sociales en salud para poblaciones específicas como adolescentes, niños, niñas, mujeres y personas adultas mayores; sin embargo, un elemento que llamó la atención fue la frecuente mención de acciones para la atención de la salud mental de las personas munícipes, pues al parecer es una afectación que está siendo evidente en los cantones, y en las explicaciones brindadas por los partidos políticos. Los partidos políticos vinculan este fenómeno con el aumento en los niveles de consumo de alcohol y drogas, ascenso en las estadísticas locales de intentos de autoeliminación, así como personas con depresiones y comportamientos violentos.

Tabla 4

Acciones sociales propuestas por los partidos políticos durante las elecciones municipales de 2024 en respuesta a las condiciones de salud

Acciones sociales	Frecuencia
Prevención y promoción de la salud	54
Infraestructura y equipamiento de salud	24
Salud mental	21
Atención médica y calidad de servicios	18
Gestión con la CCSS	15
Salud integral para poblaciones específicas	10
Alianzas y coordinación interinstitucional	9
Acceso equitativo a servicios de salud	7
Salud sexual y reproductiva	6
Otros	6
Total	170

Nota. Elaborado con base en los planes de gobierno presentados al TSE por los partidos políticos para las elecciones municipales 2024.

Temática 4. Seguridad ciudadana: en los últimos años, la seguridad ciudadana se ha convertido en una de las temáticas a las que los gobiernos locales han destinado recursos, principalmente mediante la creación de cuerpos policiales municipales que complementan las funciones de la Fuerza Pública en cuanto a vigilancia, mantenimiento del orden público, atención y prevención de actos delictivos. Fue evidente el interés de los partidos políticos por ofertar la temática como prioritaria para el bienestar social de las comunidades; sin embargo, en su mayoría las propuestas se orientaron a temas de carácter más represivo como la implementación de cuerpos policiales, la contratación de personal capacitado, inversión en infraestructura y la adquisición de equipamiento como cámaras y sistemas tecnológicos de monitoreo. Las acciones sociales vinculadas con esta temática se ubican en propuestas que promueven la prevención del delito, en especial en zonas de alta vulnerabilidad, incentivando la colaboración comunitaria y fortalecimiento institucional.

 

 

 

Tabla 5

Acciones sociales propuestas por los partidos políticos durante las elecciones municipales de 2024 en respuesta a inseguridad ciudadana

Acciones sociales	Frecuencia
Fortalecimiento y mejora de la policía municipal	32
Vigilancia y tecnología de seguridad	15
Prevención del delito	13
Infraestructura y equipamiento de seguridad	10
Colaboración comunitaria y organizaciones locales	9
Fortalecimiento institucional y coordinación con fuerzas de seguridad	8
Total	87

Nota. Elaborado con base en los planes de gobierno presentados al TSE por los partidos políticos para las elecciones municipales 2024.

Temática 5. Empleo: las propuestas partidarias evidencian preocupación por la generación de empleo en los cantones. Las 61 acciones sociales que se destacaron en esta temática tienen como puntos de encuentro la formación y capacitación de grupos vulnerables que actualmente no son fácilmente absorbidos por el mercado laboral, por lo que plantean que el acompañamiento para el desarrollo de emprendedurismos locales es una función en la que el gobierno local puede apoyar. Se mencionan, también, espacios y plataformas para la promoción y venta de productos locales y el acompañamiento institucional tanto público como privado para la generación de fuentes de empleo.

Tabla 6

Acciones sociales propuestas por los partidos políticos durante las elecciones municipales de 2024 en materia de empleo

Acciones sociales	Frecuencia
Emprendedurismo (ferias, apoyo, formación, capital semilla, encadenamientos)	18
Capacitación y formación laboral (general y específica)	10
Programas y plataformas de empleabilidad, intermediación laboral, bolsa de empleo	8
Empleo para grupos prioritarios: jóvenes, mujeres, personas con discapacidad	7
Desarrollo económico, fortalecimiento del comercio, sectores productivos, turismo	6
Generación directa de empleo (zonas francas, nuevas empresas, proyectos productivos)	6
Asociatividad, cooperativas y microempresas	4
Inserción laboral y políticas públicas para reducir brechas	2
Total	61

Nota. Elaborado con base en los planes de gobierno presentados al TSE por los partidos políticos para las elecciones municipales 2024.

Temática 6. Inclusión y discapacidad: estas acciones sociales priorizan la atención e inclusión de personas con discapacidad, pueblos indígenas y grupos afrodescendientes. La oferta electoral para estas poblaciones se dirige a la promoción de acciones relacionadas con el diagnóstico de necesidades y la adaptación de la infraestructura urbana a favor de la movilidad autónoma, asistencia social, educación, participación ciudadana, formación técnica y empleo. Además, la coordinación interinstitucional para el desarrollo de campañas de sensibilización para la promoción de los derechos humanos y políticas públicas que garanticen el ejercicio de dichos derechos.

Tabla 7

Acciones sociales propuestas por los partidos políticos durante las elecciones municipales de 2024 en respuesta a la exclusión en los cantones

Acciones sociales	Frecuencia
Accesibilidad física e infraestructura urbana: Ley 7600, aceras, rampas, espacios públicos	16
Inclusión y participación social y comunitaria de personas con discapacidad	10
Programas sociales, apoyo técnico y atención directa (cuido, ayudas técnicas, etc.)	9
Oficinas, comisiones o estructuras institucionales (COMAD, oficina discapacidad)	6
Campañas de sensibilización, concienciación y derechos humanos	5
Empleo y capacitación laboral de personas con discapacidad	3
Promoción y atención de comunidades indígenas y afrodescendientes	3
Diseño y fortalecimiento de políticas públicas inclusivas	3
Educación inclusiva y derechos educativos	2
Censos, diagnósticos y estudios técnicos poblacionales	2
Internet y tecnología inclusiva	1
Total	60

Nota. Elaborado con base en los planes de gobierno presentados al TSE por los partidos políticos para las elecciones municipales 2024.

Temática 7. Asistencia social: tal y como se explicó anteriormente, la vinculación de la gestión municipal con la asistencia social es histórica y los partidos políticos continúan promoviendo acciones de carácter social que se materializan a través de becas, subsidios y ayudas económicas. No obstante, las acciones sociales propuestas evidencian una comprensión de la asistencia social desde una visión caritativa, al mismo tiempo que colocan afirmaciones que podrían configurarse como estigmatizantes hacia las personas beneficiarias. Los planes de gobierno recomiendan la realización de estudios socioeconómicos para asegurarse de que los recursos se destinan de manera adecuada, y colocan algunos criterios técnicos que, desde sus perspectivas, se requieren para que personas vecinas del cantón puedan estar sujetas a recibir estos beneficios; tales criterios son condicionantes para el acceso a dichos beneficios.

De la lectura de esta temática se desprende que los partidos políticos no colocan la asistencia social como un derecho humano de aquellas personas que viven en vulnerabilidad y exclusión; además, las acciones son de carácter paliativo y temporal.

Tabla 8

Acciones sociales propuestas por los partidos políticos durante las elecciones municipales de 2024 en respuesta a la pobreza

Acciones sociales	Frecuencia
Becas educativas y deportivas a niños, niñas y adolescentes	22
Asistencia social y ayudas económicas a grupos vulnerables	14
Coordinación y articulación interinstitucional	6
Fortalecimiento y reglamentación de programas sociales	5
Identificación de población vulnerable	4
Vivienda y desarrollo comunitario	3
Subsidios para formación: idiomas, adultos mayores, mujeres	3
Total	57

Nota. Elaborado con base en los planes de gobierno presentados al TSE por los partidos políticos para las elecciones municipales 2024.

Temática 8. Personas adultas mayores: las condiciones de vida de este grupo poblacional son de particular interés para la oferta electoral, y las acciones sociales propuestas vinculan la gestión municipal con la coordinación interinstitucional local y nacional para la prestación de programas de salud y bienestar, la creación de centros de cuido, la apertura de espacios para la participación social y comunitaria y la promoción de envejecimiento activo por medio de procesos de capacitación y formación integrales.

 

 

 

 

 

Tabla 9

Acciones sociales propuestas por los partidos políticos durante las elecciones municipales de 2024 en respuesta a las condiciones de vida de las personas adultas mayores

Acciones sociales	Frecuencia
Creación, construcción y fortalecimiento de centros de atención / albergues	11
Programas de atención integral y social para adultos mayores	11
Promoción del envejecimiento activo, saludable y recreativo	8
Coordinación y alianzas interinstitucionales (CONAPAM, JPS, IMAS, etc.)	8
Oficinas municipales especializadas en adultos mayores	3
Capacitación, educación y prevención	4
Mejoramiento de la calidad de vida (alimentación, salud, cuido)	5
Diagnóstico y planificación con base en datos cantonales	2
Total	52

Nota. Elaborado con base en los planes de gobierno presentados al TSE por los partidos políticos para las elecciones municipales 2024.

Temática 9. Deporte: la oferta electoral visualiza la promoción del deporte recreativo como una temática de relevancia social en el tanto mejora la calidad de vida y la salud de las personas, y es un factor protector para que los niños, las niñas y personas adolescentes no inicien el consumo de alcohol y drogas. Las propuestas en esta temática, al igual que en la de cultura, remiten a que las actividades deportivas conducen a la apropiación de los espacios físicos del cantón de manera positiva, por lo que la inversión económica en infraestructura resulta fundamental.

Tabla 10

Acciones sociales propuestas por los partidos políticos durante las elecciones municipales de 2024 en respuesta a las condiciones deportivas

Acciones sociales	Frecuencia
Promoción de la práctica deportiva-recreativa	27
Infraestructura deportiva y espacios públicos	10
Programas de formación y capacitación deportiva	6
Deporte inclusivo y accesible para todos	4
Deporte competitivo y de alto rendimiento	2
Total	49

Nota. Elaborado con base en los planes de gobierno presentados al TSE por los partidos políticos para las elecciones municipales 2024.

Temática 10. Niñez y adolescencia: específicamente para este grupo poblacional se señalaron acciones sociales relacionadas con cuido infantil y desarrollo de la niñez (alimentación, educación), apertura de espacios de participación y desarrollo juvenil, prevención de riesgos particulares que enfrenta esta población en cada comunidad, como la violencia, exclusión educativa, narcotráfico, explotación sexual comercial, entre otros. Se dirigen programas y proyectos destinados al fortalecimiento de la familia y bienestar social. Varias propuestas señalaron la importancia de contar con políticas cantonales que agrupen acciones y actores sociales relevantes en niñez y adolescencia.

Tabla 11

Acciones sociales propuestas por los partidos políticos durante las elecciones municipales de 2024 en respuesta a las condiciones de la niñez y la adolescencia

Acciones sociales	Frecuencia
Cuido infantil y desarrollo de la niñez	21
Prevención de riesgos y violencia en la niñez y juventud	7
Políticas públicas y gestión municipal para la niñez y juventud	7
Participación y desarrollo juvenil	6
Fortalecimiento de la familia y bienestar social	4
Total	45

Nota. Elaborado con base en los planes de gobierno presentados al TSE por los partidos políticos para las elecciones municipales 2024.

Temática 11. Vivienda: a pesar de que la temática de vivienda social por medio del bono es una responsabilidad directa del gobierno central, los partidos políticos incluyen esta acción con alta frecuencia para ser asumida en un eventual gobierno local. Sin embargo, varias de las propuestas colocan a la municipalidad en su rol de coordinador con las instituciones centrales responsables y en acompañamiento y asesoría a las personas munícipes para la realización del trámite burocrático. La planificación urbana y el ordenamiento territorial es una competencia municipal y los planes de gobierno señalan acciones orientadas a mejorar las condiciones urbanísticas de los cantones.

 

 

 

 

Tabla 12

Acciones sociales propuestas por los partidos políticos durante las elecciones municipales de 2024 en respuesta a las condiciones de vivienda

Acciones sociales	Frecuencia
Proyectos de vivienda social por medio de bono y subsidios	20
Planificación urbana y ordenamiento territorial	9
Coordinación interinstitucional (INVU, MIVAH, etc.)	5
Acompañamiento técnico y tramitología	4
Oferta de vivienda para sectores diversos (clase media, zonas rurales)	4
Total	42

Nota. Elaborado con base en los planes de gobierno presentados al TSE por los partidos políticos para las elecciones municipales 2024.

Temática 12. Género y diversidades sexuales: en los últimos años, esta ha sido una temática en la cual las municipalidades han generado planes, políticas, programas y proyectos. Los planes de gobierno arrojaron acciones sociales relacionadas con fortalecimiento y gestión de las oficinas de la mujer ya existentes y apertura de oficinas en los municipios que no las tienen, promoción de la igualdad de género, campañas de prevención y atención a la violencia de género, capacitación y oportunidades laborales para las mujeres. En menor proporción se colocan acciones sociales para la inclusión de la población LGTBIQ+.

Tabla 13

Acciones sociales propuestas por los partidos políticos durante las elecciones municipales de 2024 en respuesta a la discriminación por género y diversidad sexual

Acciones sociales	Frecuencia
Fortalecimiento y gestión de la oficina de la mujer	7
Capacitación y oportunidades laborales para mujeres	7
Igualdad de género y empoderamiento de la mujer	6
Prevención y atención a la violencia de género	6
Inclusión de la población LGTBIQ+	4
Sensibilización y campañas	4
Políticas públicas y presupuesto con enfoque de género	4
Total	38

Nota. Elaborado con base en los planes de gobierno presentados al TSE por los partidos políticos para las elecciones municipales 2024.

Temática 13. Personas en condición de calle: los planes de gobierno señalan un total de 36 acciones sociales específicas para la atención integral a personas en situación de calle y abandono, tales como alianzas públicas y privadas, programas de rehabilitación y tratamiento, acciones para la prevención y sensibilización, gestión e implementación de centros y programas de atención.

Tabla 14

Acciones sociales propuestas por los partidos políticos durante las elecciones municipales de 2024 en respuesta a las personas que enfrentan la condición de calle

Acciones sociales	Frecuencia
Centros para personas en abandono o situación de calle	17
Programas de rehabilitación (alcoholismo, drogadicción, psicotrópicos)	9
Alianzas con organizaciones públicas y privadas	5
Fortalecimiento y reestructuración de programas existentes	3
Estudios, censos y diagnósticos locales	2
Total	36

Nota. Elaborado con base en los planes de gobierno presentados al TSE por los partidos políticos para las elecciones municipales 2024.

Temática 14. Derechos humanos: esta temática fue tratada con menor frecuencia en los planes de gobierno, y las acciones sociales se orientaron principalmente a la promoción de la igualdad de género y la promoción de los derechos de las poblaciones diversas sexualmente. Se destacaron, también, acciones que favorecen la inclusión de la multiculturalidad presente en los cantones y la lucha contra la discriminación.

Tabla 15

Acciones sociales propuestas por los partidos políticos durante las elecciones municipales de 2024 en respuesta a la vulnerabilidad de los derechos humanos

Acciones sociales	Frecuencia
Igualdad de género y derechos humanos	6
Diversidad y multiculturalidad	3
Lucha contra la discriminación	4
Fortalecimiento de organizaciones y poblaciones vulnerables	2
Total	15

Nota. Elaborado con base en los planes de gobierno presentados al TSE por los partidos políticos para las elecciones municipales 2024.

7.       Algunas reflexiones finales

Los hallazgos obtenidos evidencian una relación histórica y estrecha entre la democracia, la desigualdad, la oferta electoral partidaria y las políticas sociales, así como, más recientemente, entre todos estos factores y los gobiernos locales.

Las reflexiones teóricas permiten concluir que aunque el sistema democrático se manifiesta de manera sólida en el plano político -por medio del pluralismo partidario, la realización periódica de elecciones con resultados confiables y la alternancia en el ejercicio del poder-, el aprecio de la ciudadanía por la democracia se ve afectado por otros factores, uno de ellos relacionado con la respuesta que brindan el Estado y los gobiernos a las desigualdades sociales por medio de políticas públicas y sociales. Paralelo al descontento con la democracia, el Estado ha trasladado de forma paulatina y constante responsabilidades a los gobiernos locales para la atención de problemáticas sociales, económicas y políticas de gran complejidad.

Las políticas sociales son el instrumento utilizado por el Estado para dar respuesta a las diversas manifestaciones de la desigualdad, y el análisis de los planes de gobierno demostró que las políticas sociales no son neutras, sino que están cargadas de intencionalidades y, en este caso particular, de intencionalidades partidarias electorales de quienes aspiraron a acceder a los puestos de elección popular.

Analizar el papel de los partidos políticos en la gestión de las políticas sociales locales debe ser un tema de interés, ya que no por ser espacios territorialmente más delimitados, la atención de las manifestaciones de las desigualdades sociales resulta “más sencilla”, pues las comunidades siguen formando parte de un entramado de relaciones y contextos que se encuentran bajo una lógica mundial, económica y social desigual.

En las más recientes elecciones municipales de 2024 efectuadas en Costa Rica, el 100% de los planes de gobierno presentados ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) propusieron al electorado 1095 acciones relacionadas con la atención de 14 temáticas sociales a nivel local. Sin embargo, resulta necesario analizar si estas acciones son realmente competencia de los gobiernos locales. Esto no solo por la complejidad y particularidad con que la desigualdad se manifiesta en cada cantón, sino también porque, desde una perspectiva jurídica y material, estos gobiernos no cuentan con los recursos necesarios para abordar integralmente estas problemáticas. Y en la medida en que los gobiernos locales no logren concretar las acciones sociales propuestas durante la campaña electoral, podría sumarse otro elemento al desencanto de las personas vecinas del cantón con respecto a la democracia local.

Para finalizar, otro aspecto relevante a explorar en futuras investigaciones es cómo los gobiernos locales electos transforman los planes, los programas y los proyectos sociales presentados durante la campaña electoral en servicios sociales permanentes de las municipalidades.

 

Referencias

Araya, S. (17 de enero, 2025). Amenazas a la democracia en el siglo XXI provienen de su interior. Periódico Extra-Digital. https://www.diarioextra.com/noticia/amenazas-a-la-democracia-en-el-siglo-xxi-provienen-de-su-interior/

Araya, C. y Alabarracín, P. (1986). Historia del régimen municipal en Costa Rica. EUNED. IFAM.

Behring, E. y Boschetti, I. (2009). Política social: fundamentos e história. Editorial Cortez.

Brito, A. (2005). La destitución de lo social: Estado, gobierno. Estudios Sociológicos, XIII(68), 347-374.

Burchardt, H. (2008). Desigualdad y democracia. Revista Nueva Sociedad, (215), 79-84. https://www.nuso.org/articulo/desigualdad-y-democracia/

Código Electoral. Ley 8765 de 2009. 02 de septiembre de 2009 (Costa Rica).

Código Municipal. Ley 7794 de 1998. 30 de abril de 1998 (Costa Rica).

Corporación Latinobarómetro (2018). Informe Latinobarómetro. file:///C:/Users/jgutierrez/Downloads/INFORME_2018_LATINOBAROMETRO%20(4).pdf

Corporación Latinobarómetro (2024). Informe Latinobarómetro. https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp

Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sala Constitucional de Costa Rica. Resolución número 5445-99; 14 de julio de 1999.

Cravacuore, D. y Navarro, C. (2010). Gobierno local y relaciones intergubernamentales en Iberoamérica. Las bases formales de los procesos de gobernanza local. Editorial Miño y Dávila.

Gil, A. (2005). Política social. Teoría y Práctica - I parte. Revista Académica e Institucional de la UCPR, (72), 138-165.

Jinesta, E. (2014). Administración pública municipal (Costa Rica). Revista de Ciencias Jurídicas, ( 135), 123-174.

Kung, J. (2015). La política social en el escenario de los municipios: perspectiva actual y nuevos desafíos en torno a las manifestaciones de pobreza urbana y desigualdad en el cantón central de San José [Tesis de licenciatura]. Universidad de Costa Rica.

Martínez, V. (2009). Partidos políticos: un ejercicio de clasificación teórica. Revista Perfiles Latinoamericanos, (33), 39-63. https://www.redalyc.org/pdf/115/11511582002.pdf

May, S. (25 de marzo de 2025). País mantuvo la misma puntuación del año anterior (8,29) y sigue siendo una de las 25 democracias plenas del mundo. Delfino. https://delfino.cr/2025/03/costa-rica-cae-una-posicion-en-el-indice-de-democracia-de-the-economist

Meoño, J. (2008). Descentralización integral para el desarrollo de Costa Rica: un necesario diagnóstico modelístico. Revista de Ciencias Económicas, 26(1), 279-345.

O´Donell, G. (1994) Democracia delegativa. Journal of Democracy, 5(1), 55-69.

Pastorini, A. (1999). ¿Quién mueve los hilos de las políticas sociales? avances y límites en la categoría “concesión-conquista”. En E. Borgianni y C. Montaño (orgs.), La política social hoy (pp. 179-2022). Editorial Cortez.

Picado, X. (1991). Costa Rica: la política social en la encrucijada. Revista Costarricense de Trabajo Social, (1), 1-22.

Programa Estado de la Nación (2024). Informe Estado de la Nación. 2024. Capítulo 2: Equidad e integración social. Programa Estado de la Nación. https://estadonacion.or.cr/?informes=informe-estado-de-la-nacion-2024

Rojas, O. (2003). Elementos de la transición democrática en América Latina. Período 1990-2003. Revista Repertorio Americano. Segunda nueva época, (33), 327-349.

Rojas, O. y Navarro, D. (2016). Informe Estado de la Nación. Capítulo 2: Equidad e integración social. Programa Estado de la Nación.

Rosales, R. y Rojas, M. (2012). Representación, partidos políticos y procesos electorales. Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.

Solórzano, J. (2000). La sociedad colonial 1575-1821. En A. M. Botey (coord.), Costa Rica: Estado, economía, sociedad, y cultura. Desde sociedades autóctonas hasta 1914 (pp. 113-135). Editorial Universidad de Costa Rica.

Sosa, M. (2012). ¿Cómo entender el territorio? Editorial Cara Parens. https://www.rebelion.org/docs/166508.pdf