Descifrando la iniciativa popular: entre claves ocultas y su operatividad en México

Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar*

https://doi.org/10.35242/RDE_2025_40_12

Nota del Consejo Editorial

Recepción: 16 de mayo de 2025

Revisión, corrección y aprobación: 17 de junio de 2025.

Resumen: Los mecanismos de participación ciudadana nos llevan a preguntarnos sobre dos directrices actuales en México. Por una parte, el estado de salud de la democracia representativa, lo que determina que cada vez se formalicen y perfeccionen tales mecanismos que sirven de contrapeso en la arena pública, además de que incrementan principios de libertades y organización social, y por otra la efectividad de las normas electorales y su capacidad de adaptación a tales mecanismos. Plantea una reflexión iniciando en el plano teórico conceptual para comprender la esencia y naturaleza de la participación ciudadana, según el transitar de los elementos que conforman su realidad normativa actual y su integración en el plano constitucional; pero reconoce que sus limitantes y restricciones condicionan la plenitud de eficacia y operatividad, por lo que se propone superarlas mediante supuestos específicos, donde la acción organizada de la ciudadanía constituye la principal premisa para alcanzar los fines y objetivos que estructuran su esencia y configuración.

Palabras clave: Iniciativa popular / Participación ciudadana / Democracia participativa / Fortalecimiento

Abstract: The mechanisms of citizen participation lead us to wonder about two current guidelines in Mexico. On the one hand, the state of health of representative democracy, which determines that such mechanisms that serve as a counterweight in the public arena are increasingly formalized and perfected, in addition to increasing principles of freedoms and social organization, the effectiveness of electoral norms and their ability to adapt to such mechanisms. It proposes a reflection starting at the conceptual theoretical level to understand the essence and nature of citizen participation, according to the transit of the elements that make up its current normative reality and its integration into the constitutional plane; but it recognizes that its limitations and restrictions condition the fullness of effectiveness and operability, so it is proposed to overcome them through specific assumptions, where the organized action of citizens constitutes the main premise to achieve the aims and objectives that structure its essence and configuration

Key Words: Popular initiative / Citizen participation / Participatory democracy / Strengthening.

 

1.       Introducción

El tema de los medios de participación ciudadana integra desde hace varias décadas un asunto incompleto en México; por una parte, existe un reconocimiento teórico a nivel universal que plantea que tanto hablar al respecto como reconocer su necesidad es indispensable y constituye un requisito obligatorio para los Estados organizados bajo el estandarte de la democracia. Sin embargo, por otra parte, superando la parte teórica y reforzándola con una metodología con aplicación internacional, a través de la experiencia de su utilidad manifestada en diversos estudios de caso y procesos de participación activa por parte de la ciudadanía en sus usos y aceptación, el tema parece relegado a un segundo plano de análisis y se posterga su perfeccionamiento para otro momento.

El principal objetivo del presente trabajo consiste en establecer un breve análisis sobre uno de los medios de participación ciudadana directa, particularmente, la aplicación de la iniciativa ciudadana. Para ello, se parte de una breve reflexión doctrinal encauzada sobre sus funciones, utilidad e importancia; así como su localización, en tiempo y espacio en el caso de México, dentro del marco normativo que la regula e impacta para su desarrollo. Con ello, las diversas instituciones que conforman un papel crucial en el espacio democrático social juegan un rol específico que involucra compromisos, retos y acciones concretas en aras de garantizar la armonización de los mecanismos de participación.

En función de lo anterior parte la elaboración y fundamentación de la pregunta de investigación del presente análisis: ¿cómo generar una mayor aplicabilidad normativa y adaptación en cuanto al mecanismo de iniciativa ciudadana en la función democrática? Sin duda, una posible respuesta preliminar consagraría que la mejor adecuación sería aquella donde todos los actores involucrados están interesados en el reconocimiento de la importancia de la figura para con ello realizar un balance retrospectivo de su naturaleza y concepción y, por consiguiente, retomar su aplicación con visión de mejorías y sustentabilidad futura.

Es justo hacia ese horizonte que se dirigen las hipótesis planteadas, aplicables mediante tres posibles rutas que coadyuvarían con la revalorización de la iniciativa ciudadana. La primera de ellas plantea la importancia de la divulgación, así como del conocimiento popular de dicho mecanismo con el objeto de ser altamente identificable y, por tanto, entendible. La segunda ruta se encamina hacia la organización por parte de los sujetos interesados en su uso, así como la defensa conjunta que deben lograr las diversas instituciones con base en procesos claros, donde la esencia del mecanismo parta del interés colectivo y la atención general. Finalmente, una tercera proposición se refiere a que la iniciativa ciudadana deberá gozar de garantías normativas y actualizaciones en su función para que rinda frutos.

Por todo lo anterior, se conjugan los conceptos clave que intitulan el presente trabajo, toda vez que si bien es cierto el tema de los mecanismos de participación lleva ya tiempo puesto sobre la mesa para su análisis, aún existen elementos que deben ser descifrados para avanzar en sus propuestas de mejoría normativa y social. De esta forma se pretende “dar un renovado interés académico por el estudio de los procesos de democratización” (Covarrubias, 2021, p. 48), de la democracia representativa, así como de la realidad histórica y actual representada en cada país-Estado, en el que el estudio de los mecanismos abone tanto a la restitución de derechos políticos como a la reparación de procesos viciados y estancados.

 

2.       Conceptualización: de la noción a la acción

En el espacio democrático actual se debe partir de la claridad con que se abordan acciones, necesidades e inquietudes para lograr la generación de propuestas viables que formulen planes, políticas y normas reflejadas tanto en derechos como obligaciones hacia los ciudadanos. Lo anterior a fin de elevar la calidad de la convivencia social en un plano de apostar por lograr la armonización de sus instituciones, procesos y medios de participación y expresión, tomando como base diversos principios rectores, entre los que sobresale el ejercicio de la libertad como eje de una cultura política armónica y funcional que involucra a gran parte de la sociedad, de forma seria, responsable y comprometida, a formar parte de las decisiones y asuntos de interés público.

Por ello, una primera consideración conceptual del tema es la perteneciente a la cultura política, “entendida como el conjunto de diversas actitudes, comportamientos, organizaciones y prácticas en torno al desarrollo y estructura de una sociedad determinada” (Giroux, 2010, p. 43), a través de la cual se reproducen y divulgan acciones que traen consigo significado y trascendencia. En ese sentido, en la medida en que un determinado grupo comprenda y logre vivenciar una cultura política que toma como base la participación colectiva para identificar las vías, procesos y etapas de cómo ejercer su participación, sin duda alcanzará resultados prioritarios en la atención de demandas y necesidades.

Un segundo elemento conceptual, derivado del anterior, corresponde a la participación ciudadana, donde si bien es cierto la propia transición, desarrollo y diversos procesos democráticos han ido conformando la naturaleza misma del espacio, la esencia de la participación que se manifiesta mediante la inclusión de miembros del grupo social, que comparten intereses, necesidades o propuestas, se sigue orientando conforme la misma brújula en torno a la importancia de lograr ser escuchados, atendidos y materializar un resultado concreto con impacto general. En ese sentido, se comprende, también, como “una valoración positiva” (Ziccardi, 2004, p. 10) mediante la inclusión de la ciudadanía en los procesos decisorios.

Una tercera consideración conceptual deriva, con mayor puntualidad, de la referencia a los mecanismos de participación ciudadana, los cuales cobran fundamento normativo desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incluirlos en los objetivos de la planeación democrática nacional, con sustento en las aspiraciones y demandas de la sociedad, y les otorga reconocimiento conforme lo prevean las propias legislaciones de cada entidad federativa. Dichos mecanismos en conjunto (plebiscito, referéndum, consulta popular, revocación de mandato, iniciativa ciudadana) forman parte del sistema electoral y persiguen un determinado fin.

Cierran las consideraciones conceptuales con la especificación que se hace de tales mecanismos de participación ciudadana atendiendo, particularmente, a uno de ellos conforme con los objetivos que persigue el presente trabajo. Es decir, se hace referencia a la iniciativa ciudadana o iniciativa popular como el derecho de los ciudadanos para iniciar leyes o decretos a partir de la presentación de proyectos respaldados con la lista nominal de electores, de acuerdo con un determinado porcentaje; con ello se vislumbran requisitos procedimentales y legales previos que deben ser observados y atendidos a fin de que posea validez, respaldo y soporte técnico dicho mecanismo de participación.

En ese sentido se produce el marco justificativo del tema de análisis, el cual atiende tres direcciones en cuanto a su ubicación. La primera de ellas comprende algunos antecedentes nacionales del mecanismo de la iniciativa popular. La segunda se dirige hacia la actualidad normativa que implicaría, su conocimiento y tener también la claridad de cómo activar dicho mecanismo. La tercera ruta se dirige a su aplicación a futuro, conforme a la implementación de ajustes en su proceso, por medio de una mayor claridad y transparencia legal e institucional a fin de materializar debidamente su aplicación, tales direcciones citadas se abordarán en el apartado tercero y cuarto respectivamente.

Con relación a la utilidad del tema, se considera que al limitarse geográficamente en México, se manifiesta una transformación constante surgida en conformidad con reformas electorales, las cuales si bien han aceptado la introducción de nuevas figuras que apostaron por mayor incidencia ciudadana, según lo sustenta Hernández con ejemplos como “el reconocimiento de candidaturas independientes, el ejercicio del voto extraterritorial de ciudadanos mexicanos, así como el reconocimiento de la autodeterminación democrática por usos y costumbres de comunidades originarias” (2020, p. 91), temas reconocidos desde hace ya varios años, dicha utilidad no excluye los mecanismos de democracia directa en torno a la organización ciudadana ni le son ajenos.

En consecuencia, los mecanismos de participación ciudadana también deben cumplir con ciertos objetivos dentro de su naturaleza, finalidad y alcance; entre ellos destacan: a) promover la organización social con base en una participación solidaria, informada e integradora que involucre a todos los interesados; b) elevar el reconocimiento de derechos, prerrogativas, obligaciones e incluso lograr la notoriedad y ampliar la visibilidad de una necesidad o interés colectivo y c) fortalecer el sentido ciudadano, la cultura democrática, así como elementos de identidad cívica y comunitaria.

De esta forma se retoma que más allá de que un mecanismo logre ser adecuado en cuanto a su operatividad y normativa, debe existir un sustento ciudadano que además de conocerlo e identificarlo plenamente, se interese por adaptarlo como un medio más de participación, dejar de lado la apatía y superar los niveles de abstencionismo. Lo anterior, de modo que permita un mayor involucramiento comprometido en los asuntos públicos de su lugar de origen, comprendiendo que su participación no se limita al ejercicio únicamente del voto durante la jornada electoral, al contrario, que se construya y se cimiente la ciudadanía mediante “personas proactivas que contribuyan a fortalecer el sistema democrático mejorando el diseño y gestión de políticas públicas” (Huamaní, 2022, p. 5).

 

3.       Reconocimiento-realidad normativa nacional y actual

Para particularizar el tema de mecanismos de participación ciudadana, es oportuno que el presente apartado delimite brevemente sus antecedentes en torno a su anclaje histórico y ubicación en nuestro país. Para ello, se tomará como dato importante tanto el impacto social generado a partir del conocimiento y observancia de la figura de la iniciativa ciudadana como el impacto normativo que ha estado presente desde el propio marco constitucional hasta su regulación actual, pasando por las reformas electorales que, en su caso, han permitido en cierta medida trazar el camino hacia un reconocimiento y aplicación por parte de las instituciones e instancias de representación y gubernamentales.

En primer término, la asignación esencial es la propia valoración que trae consigo el empleo de la iniciativa popular; es decir, comprender que integra un mecanismo de participación por medio del cual se pretende que “el ciudadano logre elevarse hacia el poder legislativo” (Orestes, 2022, p. 141), llámese cámaras de representantes o congresos locales, según corresponda. Proyectos sociales que contienen la atención de un derecho, el cumplimiento de una obligación o la atención prioritaria de una necesidad o interés colectivo a fin de cumplir con un proceso de trámites compuesto por diversas etapas, cuyo resultado será que la propuesta presentada pueda ser finalmente aprobada como una ley o en su caso ser desechada.

Por tanto, apostar por fortalecer el análisis de la iniciativa ciudadana como una auténtica posibilidad en la confirmación de leyes es, sin duda, regenerar la esencia misma del sentido histórico de las fuentes de origen de donde brotan las normas, así como del sentido de la soberanía que emana y parte de la sociedad. La experiencia internacional sirve de ejemplo de que dicho mecanismo de participación ciudadana, en cuanto posea una adecuada delimitación, planeación en su desarrollo y estructuración normativa-funcional, le abonará, además, a la legitimación del sistema legislativo en cuanto a la reformulación de leyes y compromiso compartido.

Con lo anterior, al hablar de buscar una nueva legitimación con base en compromisos compartidos, se establece de nueva cuenta fortalecer el modelo de reconstrucción de una ciudadanía comprometida y activa, superando las crisis de representación e identidad partidistas reflejadas en repetidas ocasiones en los niveles de abstencionismo, no solo en la jornada electoral sino en ejercicios de consulta o monitoreo ciudadano. Es decir, regresar a las bases sociales, colectivas y populares mediante la figura de la iniciativa ciudadana a fin de superar la pasividad y dependencia y transitar hacia la solidaridad social y responsabilidad en asuntos públicos, incentivando la corresponsabilidad entre Estado y sociedad.

Por ello se debe hablar del impacto social al que dicha figura de representación le apuesta mediante su debida implementación. En caso contrario, de observarse tan solo como un medio impreciso de participación social sin efectos reales que se suma a la lista de mecanismos ya existentes, en diversas ocasiones mal diseñados y aplicados en el plano federal, local o municipal, debe tenerse la idea de que comprende una forma de expresión y materialización de la voluntad popular la cual, conforme a los cauces establecidos, puede abonarse a la toma de decisiones que impactan en leyes, resultados, políticas y programas en beneficio de diversos grupos de atención prioritaria.

Dicho impacto social, a su vez, se entreteje con el impacto normativo, donde mediante la norma constitucional y las reformas de tipo político-electoral en materia de participación ciudadana, se hace posible la materialización de la acción ciudadana en la toma de decisiones, así como el mayor involucramiento en la integración del espacio público. Por ello, según Alacio (2016): “resulta fundamental el determinar las reglas de operación y el cómo se logra participar con la figura de la iniciativa ciudadana, toda vez que ello comprende intensidades y formas en la acción misma” (p. 91), lo que implica el análisis de resultados, reglas y acuerdos previos, así como requisitos por plantearse y cumplirse en las diversas fases para su validación.

Por su parte, el impacto normativo presupone que dicho mecanismo ciudadano parte de dos elementos que sirven de soporte técnico y operativo. El primero de ellos atiende al marco constitucional de donde emana tanto el ejercicio de los derechos ciudadanos y de participación política como el reconocimiento de los propios mecanismos, entre ellos la iniciativa popular, y se integra a su vez en diversos espacios y niveles de gobierno según sea requerido y regulado por las propias leyes y normas constitucionales de cada entidad. El segundo refiere, de hecho, a las reformas electorales donde se han establecido propuestas de consolidación y aplicación, respectivamente.

De conformidad con la promoción de la iniciativa ciudadana requiere de conocimientos, recursos y una organización bien definida, con el fin de salvaguardar su auténtica esencia y evitar caer en posibles vicios o manipulación por parte de grupos de interés. En tal sentido, sus reglas deben ser claras y específicas desde el marco legal que le contempla y reconoce, para ello integrar contenidos que respalden con transparencia y claridad el proceso es de suma importancia, con relación al papel que juegan los ciudadanos convocantes y los representantes e instancias vinculantes para su desarrollo y validación, conforme lo establezcan los propios requisitos en cada caso particular.

Ahora bien, el primer elemento que integra el impacto normativo propuesto comprende el marco constitucional. Para ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en primer orden lo referente a la vinculación de los mecanismos de participación, consonante con el sistema de planeación democrática, así como al Plan Nacional de Desarrollo, para que a través de ellos se puedan atender demandas y necesidades de la sociedad. Asimismo, faculta a los diversos organismos electorales locales en cada una de las entidades para que lleven a cabo la consolidación de dichos mecanismos (tal es el caso de los procedimientos de consulta) de acuerdo con la propia legislación local[1].

En ese orden, también el marco constitucional establece y reconoce el derecho de iniciar leyes por parte de los ciudadanos, considerando un porcentaje de por lo menos el 0,13% respecto del listado nominal de electores, de conformidad con las propias leyes conducentes. De igual manera, deja claro que dicho procedimiento de iniciativa ciudadana deberá seguir un determinado trámite, para lo cual señala dentro de las facultades establecidas para el Poder Legislativo la de legislar sobre la iniciativa ciudadana y consultas populares. Finalmente, guarda relación la reserva que hace a nivel local para que las legislaturas de los estados regulen lo relativo a la presentación de iniciativas ciudadanas ante cada una de ellas[2].

Bajo la perspectiva del segundo elemento de impacto normativo, el que atiende a la aprobación de reformas político-electorales comprendidas en atención al mejoramiento del desarrollo del proceso electoral, es importante considerar previamente los diversos contextos, movimientos, resultados en las urnas, niveles de participación y legitimidad ciudadana respecto de sus instituciones y representantes. Tales factores dan origen a la necesaria implementación de una reforma en el espacio democrático, en donde “una debida regresión histórica, como ejercicio de conciencia individual” (Bloch, 1993, p. 116) permita obtener los elementos de verdadera utilidad en cada momento pasado dentro de la vida pública nacional y sus principales escenarios surgidos de esta.

En ese sentido, de conformidad con la evolución en las leyes electorales, se lograron apreciar transformaciones desde décadas atrás, partiendo de la Comisión Federal Electoral hasta las órganos autónomos reconocidos constitucionalmente. También, se consiguió avanzar en temas de equidad de género, financiamiento e integración de partidos, voto extraterritorial, aparición de organismos jurisdiccionales especializados, entre otros. Sin embargo, el tema de implementación y reconocimiento de mecanismos de participación ciudadana es relevante con las dos últimas y más recientes reformas en los años 2012 y 2014, al reconocer en primer lugar el derecho de presentar iniciativas populares y participar en consultas ciudadanas, además de establecer una ley específica de consulta popular.

Por tanto, desde la publicación del decreto constitucional 216 del año 2014, fue aprobada y publicada el 23 de mayo de ese mismo año la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo contenido recogía todos los ajustes y transformaciones sustantivas y procedimentales en la materia, que afectarían a los diversos actores políticos (ciudadanos, partidos y autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales), los cuales debían sujetar sus actuaciones a esos cambios afines a los mecanismos de participación. Dicha ley estableció que correspondía a cada organismo público local organizar, desarrollar, realizar cómputos y declarar resultados respecto de tales mecanismos que tuvieran verificativo en cada entidad federativa, conforme lo dicta su legislación[3].

De conformidad con dicha propuesta, cuya aplicación tiende a las entidades federativas, cabe mencionar que la mayoría de ellas contempla el ejercicio del mecanismo de iniciativa ciudadana o popular en su legislación, en su propio marco constitucional, así como en leyes electorales y de participación. A partir del año 1996 (San Luis Potosí) y hasta el 2016 (Nuevo León), en cada caso se consideraba un porcentaje específico de participación ciudadana para la debida activación de dicho reconocimiento constitucional. Adicionalmente, el estado de México resulta ser la única entidad que no considera ni regula la aplicación de la iniciativa ciudadana dentro de su marco normativo.

Por lo anterior, se puede deducir que el reconocimiento de la realidad normativa en la actualidad, en torno a la implementación de mecanismos de participación ciudadana (particularmente de la figura de la iniciativa ciudadana), ha sido reconocida más allá de su propio concepto, noción y utilidad teórica, ahora dentro del plano constitucional tanto a nivel federal como en la mayoría de las entidades federativas. A partir de ello las respectivas normas constitucionales, electorales y de participación establecen un cauce que permite de forma específica iniciar y activar el procedimiento de presentación de una iniciativa popular; sin embargo, las duras tareas de organización, difusión y participación ciudadana a fin de lograr la meta apenas han de comenzar.

 

4.       Futuro y materialización de la iniciativa ciudadana

Una vez abordado brevemente el tema alrededor del planteamiento normativo conforme a la ordenanza para la activación de los mecanismos de participación, resulta oportuno establecer una referencia que traiga consigo una mayor aplicación de aquellos. Es decir, atender más allá de los conceptos y normas, a fin de lograr un objetivo último en cuanto a sus metas de uso dentro del Estado democrático actual; para ello, las posibles respuestas a la interrogante respecto de cómo lograr un mayor aprovechamiento de la figura de la iniciativa popular, en tanto instrumento de fortalecimiento ciudadano, así como del aumento de la cultura de la legalidad, se trazan en torno a los supuestos que se consideran en el presente apartado.

Un primer elemento previo, referente a los conceptos de futuro y materialización, se comprende en torno a los propios ciudadanos con base en el ejercicio de conciencia que lleven a cabo. Es decir, que mediante una actitud crítica y reflexiva se logre comprender, en primer término, la activación de la iniciativa popular como un medio para ejercer un derecho a ser escuchado y tomado en cuenta, así como un compromiso colectivo que le abona al espíritu democrático y social, tomando como base que el contenido, materia o petición sobre la cual se cimenta la propia iniciativa debe poseer un sentido de objetividad y realidad social.

De igual manera, un segundo elemento que también se construye en torno a la figura de los ciudadanos, a la par de la conciencia, es la identidad, comprendida como la identificación de los individuos que conforman un determinado grupo y quienes, por tanto, comparten un interés colectivo y normativo para lograr la aplicación o rectificación de un determinado derecho. A su vez, poseer una identidad permite no perder de vista los objetivos e intereses generales, así como el sentido cultural del propio grupo de pertenencia para, con ello, generar mayor tenacidad en la propia naturaleza, en el sentido y la esencia misma del mecanismo de participación que se pretende impulsar.

Ambos elementos se incrustan dentro del planteamiento del presente apartado, en donde se proponen los retos en torno a la activación de la figura en los próximos años y conforme las propias reformas electorales lo establezcan, acorde a la realidad democrática dentro del entorno nacional y local. Con ello se estaría cimentando por medio de una aplicación efectiva y viable en su función organizativa y normativa para superar, así, cualquier ficción, y apostar por una adecuada materialización y concreción tanto por parte de los ciudadanos interesados en su presentación como por la autoridad responsable en su tramitación.

De tal manera se establece el desarrollo de tres supuestos que guiarán la iniciativa ciudadana en la ruta de un mejor desempeño, factibilidad y resultados logrados: el primero de ellos corresponde a la divulgación de dicho mecanismo, a fin de que un mayor número de ciudadanos interesados pueda utilizarlo. Un segundo supuesto atiende a la organización, la cual debe apostar por la transparencia y precisión en cuanto a la forma con que se debe llevar a cabo dicho proceso de manera simplificada. El tercero comprende las garantías normativas que se dirigen hacia una mayor integración de la norma y tras un mecanismo directo de participación, así como superar las limitantes impuestas hacia la validación de la figura.

Por consiguiente, al contemplarse el primer punto de los anteriormente planteados, es decir, la difusión, se debe tomar forzosamente como punto de partida la naturaleza misma que implica toda acción democrática y los principios que la representan. Lo anterior, toda vez que el hablar de difusión es sinónimo de acercar el conocimiento de todos aquellos mecanismos, acciones, derechos y prerrogativas con los que se cuenta dentro de una sociedad calificada como democrática y que, por consiguiente, las reglas de activación y operación deben estar al alcance de la mayoría, es decir, ser accesibles en su conocimiento y su correcto uso y aplicación.

Para ello, las acciones que involucra la difusión dentro de una práctica democrática, además de implicar darse a conocer a la mayoría de un grupo destinatario, en este caso representado por los ciudadanos, comprenden también las formas o vías en que se puede llevar a cabo dicha difusión. En ese sentido, pueden configurarse tres elementos en torno a dicha tarea: el primero lo representan los sujetos mismos y comunicarlo entre sus pares ciudadanos. Un segundo se dirige hacia la obligación que poseen las propias autoridades de representación y electorales de coadyuvar en dicha acción y promoción. Y la tercera vía la comprenden los propios partidos y organizaciones políticas: dentro de sus actividades ordinarias y de capacitación se encuentran las propias de elevar la cultura de participación y educación cívica hacia militantes y simpatizantes.

El segundo supuesto hace referencia a la organización, que puede considerarse como un segundo paso o etapa después de la difusión. En ese sentido corresponderá únicamente a los ciudadanos llevar de forma ordenada, y en atención a la normatividad conducente, el proceso de activación y presentación de una iniciativa popular. Para ello, herramientas de orden tecnológico y virtual, así como la ciencia de datos juegan un papel muy importante, además de actualizar el supuesto, en el sentido de que mediante su uso se puede consolidar un mayor efecto en cuanto a la validación del porcentaje de firmas ciudadanas, entre otros requisitos solicitados para su aprobación.

A lo anterior, en torno a la configuración del supuesto de organización, de acuerdo con Azevedo (2022, p. 13) “se suma lo referente al espacio”, esto es, el medio ambiente y contexto en donde se pretende la realización de dicho mecanismo de participación, toda vez que los diversos factores, ya sea que incentiven u obstruyan, pueden afectar desde la intención ciudadana hasta lograr el resultado esperado. Antecedentes históricos, nociones e ideología, identidades culturales, usos y costumbres, así como movimientos y manifestaciones políticas en determinadas proporciones territoriales, además del papel de medios de comunicación, abonan a las metas y objetivos de organización en un escenario particular.

El tercer supuesto, que corresponde al de garantías normativas, se refiere a que, si se desea obtener el mayor beneficio de un mecanismo de participación, tal es el caso de la iniciativa ciudadana, se deberá tener presente la necesidad y a su vez obligación de mantenerlo actualizado; es decir, garantizar su mejoramiento y perfeccionamiento constante y permanente desde la propia normatividad. Ello implica que en la participación democrática debe procurarse cubrir la satisfacción de necesidades, atender la promoción de políticas igualitarias, como su legitimación, lo cual facilitará la cooperación de tales mecanismos, logrando “la inclusión mayoritaria en un proceso público” (Sembler, 2023, p. 54).

Por otra parte, en cuanto a los retos mayormente visibles de la iniciativa ciudadana, también se encuentra el referente a los contenidos autorizados o susceptibles de ser tratados mediante la activación de dicho mecanismo. En las diversas normas que regulan su desarrollo existen mayoritariamente candados y limitaciones respecto de los temas sobre los que puede versar la iniciativa, los cuales coinciden en que son materias y/o contenidos no autorizados los referentes a materia tributaria y fiscal, presupuesto de egresos, régimen interno de la administración pública, función judicial, organismos autónomos, seguridad y expropiación públicas.

Un reto final que debe ser considerado es el de los porcentajes de activación de la iniciativa ciudadana, de conformidad con la norma constitucional y leyes de participación propias de cada entidad federativa. Específicamente, en cuanto al número de firmas de ciudadanos que se deben obtener para la validación del procedimiento cuyas variaciones provocan confusión de orden procesal y conceptual respecto a la diferenciación tanto a nivel estatal y municipal en caso de estar así establecido legalmente, lo que regresa a la importancia de una oportuna difusión, conocimiento, asesoría y comprensión por parte de los ciudadanos interesados.

Finalmente, es importante comprender que, dentro del planteamiento señalado en este apartado, para lograr ir en el sentido correcto de materialización, se deben considerar los diversos elementos que integran la realidad dentro del espacio democrático. Esto debe llevarse a cabo partiendo de que desde los propios ciudadanos se origina y rinde frutos la figura de la iniciativa popular, en la medida en que tome una conciencia de compromiso que permita abonar a las prácticas de difusión, organización y garantías normativas de dicho mecanismo, lo que a su vez permita visualizar los retos y limitantes que todavía en la actualidad presenta la figura, a fin de revitalizar su existencia desde su propia esencia, sentido y significación democrática.

 

 

 

 

5.       Conclusión

Durante el presente trabajo se desarrolló de forma breve el planteamiento respecto de la situación de la iniciativa ciudadana en tanto mecanismo que apuesta por el refuerzo de la participación que, en su conceptualización, otorga paso posterior a la acción. Se deja entrever la evidencia misma en torno a parámetros de relevancia para su uso e implementación conforme a la valoración de su importancia, factibilidad, viabilidad y adaptación dentro de un espacio y sociedad determinada, acorde a la observancia de sus propios rasgos y características distintivas.

Por consiguiente, se puede considerar que el principal objetivo que justifica la existencia de cualquier mecanismo de participación ciudadana, incluyendo la iniciativa popular, debe ser el apostar por elevar el compromiso de participación, e incrementar el involucramiento en la toma de decisiones públicas mediante la importancia de la generación de conciencia colectiva. De esta manera, se transita hacia el reconocimiento de la realidad normativa en el presente, donde la actualización de los mecanismos y su debida inclusión como un auténtico ejercicio de derechos político-electorales se garanticen a plenitud en los diversos marcos constitucionales, legales y de participación.

Sin embargo, con apego a lo observado durante el desarrollo del trabajo respecto a la iniciativa popular, existen todavía diversos trazos pendientes por atender y mejorar desde su propia concepción hasta el cumplimiento de su objetivo, que consiste en la materialización de una ley específica. Por consiguiente, su futuro, más allá de toda ficción, reside en la fuerza y determinación con que se plantean acciones que permitan llevarla hacia buen puerto, tales como la difusión entre los ciudadanos, y acercarla a los diversos niveles y formas de organización territorial (nacional, estatal, municipal), para con ello lograr, entonces, una debida organización ciudadana mediante los instrumentos de diversa índole, incluyendo los tecnológicos, que faciliten y garanticen el debido aprovechamiento y alcances pretendidos.

Finalmente, es oportuno cerrar el tema dejando en claro que la iniciativa ciudadana no representa un tema de poca importancia, o que su discusión y análisis atienda a un asunto del todo resuelto o superado. Por el contrario, Rabasa (2020) reafirma “el deber de mejorar tanto su normatividad y su saneamiento interpretativo” (p. 326) a fin de que sirva como un buen instrumento de democracia participativa que coadyuve en la atención y respuesta frente a la crisis de representación que se vive en la actualidad en México, conforme a una tipología de la democracia en donde el ciudadano y sus instrumentos democráticos se reinventen de tal forma que abandone un papel pasivo y reduccionista y se encamine hacia lograr una representación de gobierno efectiva, integral y coherente.

 

Referencias

Alacio, R. Y. (2016). La reforma político electoral 2013-2014. Una participación ciudadana a medio camino. Revista Mexicana de Opinión Pública, (20), 85-98.

Azevedo, D. (2022). Geografía de la democracia: espacio político abierto en conflicto en la elección presidencial de 2018 en México. Revista Geographia, 22(49), 13-31.

Bloch, M. (1993). Apología para la historia o el oficio de historiador. Fondo de Cultura Económica.

Covarrubias, I. (2021). Democracia, derecho y biopolítica. UAQ-Gedisa.

Giroux, H. (2010). Cultura política y práctica educativa. Editorial GRAO- Imprimeix.

Hernández, M. (2020). ¿Se puede vivir sin partidos políticos? Multiculturalismo y capital social: Cherán. UG-Porrúa.

Huamaní, J. (2022). Participación ciudadana y el presupuesto participativo. Revista Multidisciplinar Ciencia Latina, (5), 5-17.

Orestes, A. (2022). La reforma pendiente de la iniciativa legislativa popular. Revista de Derecho Político, (115), 137-141.

Rabasa, E. (2020). La democracia participativa, respuesta a la crisis de la democracia representativa. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, (43), 319-331.

Sembler, C. (2023). Crisis de los ciudadanos y crisis de la democracia. Revista Artigos, 46(1), 51-74.

Ziccardi, A (2004). Participación ciudadana y políticas sociales del ámbito local. UNAM-COMECSO.