PRIMER SEMESTRE 2025 NÚMERO 39	ISSN: 1659-2069

 

Percepción de la ciudadanía sobre el financiamiento al voto costarricense en el extranjero[1]

 

José Andrés Díaz-González*

Cynthia Mora Izaguirre**

Laura Solís Bastos***

https://doi.org/10.35242/RDE_2025_39_5

Nota del Consejo Editorial

Recepción: 2 de diciembre de2024.

Revisión, corrección y aprobación: 13 de enero de 2025.

Resumen: Analiza el apoyo de la ciudadanía costarricense a la utilización de recursos públicos para el financiamiento del voto en el extranjero. Así, al estudiar los datos de una encuesta realizada en el marco de la campaña electoral nacional de 2022, se busca determinar qué características de la población inciden en apoyar o no el financiamiento de dicha medida. Esta información es útil porque permite conocer el apoyo a parte del proceso electoral y, con ello, brindar una idea de la legitimidad que este tiene para la ciudadanía costarricense.

Palabras clave: Voto en el extranjero / Gasto electoral / Costo del voto / Organización electoral / Elecciones presidenciales.

Abstract: The article analyzes the support of Costa Rican citizens for the use of public resources to finance voting abroad. Thus, by analyzing the data from a survey carried out within the context of the 2022 national electoral campaign, it seeks to determine which characteristics of the population affect whether to support the financing of this measure. This information is useful because it allows us to know the support for part of the electoral process and, with it, provide an idea of the legitimacy that it has for Costa Rican citizens.

Key Words: Voting abroad / Electoral expenditure / Cost of a vote / Electoral organization / Presidential elections.

1.       Introducción

En las elecciones nacionales de 2014 se implementó por primera vez el voto extraterritorial o voto en el extranjero, el cual permite a las personas ciudadanas costarricenses que habitan fuera del territorio nacional ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales o en casos de referéndums. Esta medida, fruto del Código Electoral aprobado en 2009, ha permitido ampliar el acceso de la población costarricense emigrada a sus derechos políticos; pero también ha implicado la necesidad de realizar ajustes y cambios en el funcionamiento del proceso electoral costarricense.

Así, en un país como Costa Rica, el cual mantiene uno de los sistemas electorales más sólidos a nivel internacional, entender a detalle cómo la ciudadanía percibe los distintos procesos que involucran a este es necesario para conocer sus fortalezas y oportunidades de mejora, todo en aras de continuar consolidando la vida democrática del país.

 

2.       Participación política transnacional: un breve estado de la cuestión

El tema de la participación política transnacional ha centrado su debate, en mayor lugar, a nivel jurídico. Así, son numerosos los trabajos que determinan el sustento jurídico sobre la posibilidad y necesidad de brindar a las personas que habitan fuera del país, donde son ciudadanas, la posibilidad de participar en los procesos electorales de su país de origen (Stuhldreher, 2016; Valenzuela Beltrán et al., 2018). Así, algunos autores señalan que el voto en el extranjero es una necesidad debido a la existencia de una ciudadanía transnacional, es decir, a pesar de que existe una movilización de las personas, estas aún mantienen un ligamen político con su país de origen (Del Orbe Ayala, 2022).

Otros trabajos se han centrado en analizar los procedimientos y normativas relacionadas con la participación política transnacional, y cómo esta puede impactar de manera positiva o negativa a estos procesos. Ya a finales del siglo XX, Dieter Nohlen y Floran Grotz alertaban sobre las dificultades procedimentales y normativas que implica el voto en el extranjero, lo cual podría afectar la legitimidad de los resultados electorales. Básicamente, estos autores encuentran la existencia de tres posibles problemas en estos procesos: 1) un problema de representación política, 2) el control judicial de elecciones realizadas fuera del territorio nacional y 3) el control de la transparencia de los procedimientos electorales llevados a cabo en el extranjero. Por último, los autores destacan que no existe una única solución a estos problemas, y que cada país debe diseñar la propia a partir de las particularidades de su propio sistema electoral (Grotz y Nohlen, 2000).

A pesar de las advertencias indicadas por Grotz y Nohlen (2000), permitir el voto en el extranjero se ha vuelto una práctica adoptada por casi todos los países de América Latina durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Si bien las personas ciudadanas que habitan en el extranjero pueden participar en los procesos electorales de su país de origen, la mayoría de la legislación electoral latinoamericana habilita la posibilidad de votar en las elecciones presidenciales y en los referéndums (Navarro, 2017). Incluso, aunque algunos estudios señalan que aspectos como la dificultad de acceso a la información pueden complicar el empadronamiento o la participación de las personas emigradas en los procesos electorales transnacionales (Bravo, 2015 y Valenzuela Beltrán et al., 2018); a la fecha no se han encontrado señalamientos de problemas legales o de transparencia en los procedimientos del voto en el extranjero que pudieran poner en duda la legitimidad de los resultados electorales en los países que los llevan a cabo.

La literatura académica ha señalado que la normativa puede desincentivar la participación política transnacional. Ese sería el caso de España, el cual en el 2011 estableció que los ciudadanos españoles residentes en el extranjero debían “rogar” su voto; es decir, no solo debían inscribirse o cambiar su dirección electoral para votar en el extranjero, sino que también debían realizar una serie de trámites adicionales para solicitar a la autoridad electoral que se les permitiera votar. Esta situación tuvo un impacto negativo en la participación electoral de la ciudadanía española que reside en el extranjero, lo que redujo el número de personas que fueron a votar en las elecciones posteriores al 2022 (Mateos Crespo, 2019).

Respecto al tema de la representatividad, la mayoría de los países latinoamericanos ha optado por permitir el voto en el extranjero solo para los procesos nacionales, específicamente para la elección presidencial. Algunos, como Argentina, Ecuador, México y Paraguay, permiten a sus ciudadanos residentes en el extranjero también votar en las elecciones legislativas, incluso México permite el voto en las elecciones locales desde el extranjero (Navarro, 2017). El caso de México es excepción en la región porque no solo ha tenido avances en el voto pasivo; por ejemplo, el estado mexicano de Zacatecas permite que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero tengan la capacidad de presentarse como candidatos a cargos públicos, y ha establecido una cuota de dos puestos en el congreso del estado para estos residentes “binacionales” (Tacher, 2019).

También se debe señalar el caso de Perú, que no solo permite el voto en el extranjero para sus ciudadanos, sino que además su legislación da la oportunidad a personas extranjeras residentes que habitan en Perú a votar e, incluso, postular su nombre para cargos públicos a nivel de elecciones municipales desde 1980. Sin embargo, investigaciones realizadas sobre el tema han demostrado que el voto de extranjeros residentes en el Perú tiene un impacto muy limitado en los resultados de los procesos electorales municipales, ya que tienden a representar menos del 1% del padrón electoral (Pinedo Bravo, 2018).

Se observa, entonces, que la literatura académica se ha concentrado en dos aspectos: los fundamentos teóricos-jurídicos de la participación política transnacional y el comportamiento de las personas votantes en el extranjero. De esta manera, son pocos los trabajos que se concentran en determinar el nivel de legitimidad y aceptación que tiene el voto en el extranjero para la ciudadanía de un país.

Para el caso de Costa Rica se encuentra el trabajo de Castro, Mora y Zamora (2020), quienes, usando datos provenientes de un estudio de opinión, determinan que más de un 70% de la población encuestada está a favor del voto en el extranjero, lo cual brinda legitimidad al proceso de sufragio llevado a cabo fuera del territorio costarricense. Asimismo, dicho estudio determina que las personas costarricenses con posturas favorables al voto en el extranjero lo justifican como parte de los derechos ciudadanos que deben mantener las personas costarricenses emigradas; en cambio, quienes se oponen, lo hacen principalmente con el argumento del costo económico que implica esta actividad (Castro Jiménez et al., 2020).

 

3.       Método

Los datos analizados provienen de la encuesta “Migración, cultura política e intención de voto en las elecciones nacionales 2022”, realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población, (IDESPO) de la Universidad Nacional. De acuerdo con IDESPO (2021), la siguiente es la síntesis metodológica de dicha encuesta:

·       Fecha de encuesta: del 01 al 20 de noviembre de 2021

·       Horario de trabajo: de lunes a sábado de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

·       Modalidad de la entrevista: telefónica a celulares

·       Población de interés: costarricenses (nacimiento o nacionalizados) de 18 años o más, usuarios frecuentes de línea celular, en todo el territorio nacional

·       Tamaño de la muestra: 901 personas

·       Tipo de muestreo de teléfonos: aleatorio. El marco muestral utilizado lo conforman los cuatros dígitos activos de los teléfonos celulares activos de las operadoras telefónicas existentes en el país, según la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). Se utiliza un muestreo de bancos telefónicos celulares activos del país, utilizando el procedimiento de Waksberg, a partir de la base de datos desarrollada por los profesionales en Informática del IDESPO con números generados al azar según las secuencias numéricas asignadas por la SUTEL a las compañías que brindan telefonía móvil, para entrevistar personas de 18 años o más costarricenses (nacimiento o nacionalizados)

·       Error de muestreo: + 3,3

·       Nivel de confianza: 95%

Para analizar los datos se utilizó la regresión logística binaria, la cual es un procedimiento estadístico que se emplea con el propósito de modelar la relación entre un conjunto de variables independientes o predictoras (X_k) y la probabilidad de ocurrencia de una variable dependiente categórica (Y), o evento dicotómico, ya que asume los valores 0 y 1 (Pignataro, 2016, p. 101). Como variable dependiente se utilizará la respuesta que las personas encuestadas dieron a la pregunta “¿Considera importante que el país invierta recursos para que las personas costarricenses que viven en el extranjero puedan votar en las elecciones presidenciales?”, ante las cual solo tenían dos opciones, contestar sí (1) y no (0).

Para las variables independientes se utilizaron, en primer lugar, las variables sociodemográficas de sexo (hombre/mujer), edad (18 a 34 años, 35 a 39 años y 50 años o más) y nivel de escolaridad (primaria, secundaria y universitaria). La razón de estas variables es identificar si estas características de la población influyen en su posición respecto al uso de recursos públicos para la realización del voto en el extranjero.

Así, se ha demostrado que para el caso de costarricenses, las mujeres y las personas mayores de 35 años acuden más a las urnas que las personas jóvenes y los hombres (Alfaro Redondo, 2019), por lo que sería esperable que hubiera una relación entre estas variables y la opinión sobre la importancia de utilizar recursos públicos para que las personas costarricenses que viven en el extranjero puedan votar en las elecciones presidenciales. Una situación similar sucede con la escolaridad, ya que se puede esperar que a mayor nivel de escolaridad mayor sea la identificación de la población de la importancia de la participación política transnacional.

Como variable para determinar el estrato económico se utiliza el índice de percepción de nivel socioeconómico, el cual se construye a partir de una serie de preguntas sobre la percepción de la población respecto de sus condiciones materiales (Solís Bastos, 2016). Este índice permite clasificar a la población en tres niveles: bajo, medio y alto. Dado que se está consultando sobre la importancia que tiene para la población utilizar recursos públicos para realizar votaciones en el extranjero, es esperable encontrar una relación entre estas percepciones y sus situaciones económicas. Por ejemplo, es posible que las personas que se ubiquen en el nivel bajo tengan menor probabilidad de considerar importante utilizar recursos públicos para este tipo de procesos electorales, ya que podrían preferir que estos sean utilizados para atender los problemas sociales que les afecten de forma más directa.

En cuanto al comportamiento político de la población y su incidencia en la percepción del voto en el extranjero, se utiliza la intención de votar en las elecciones nacionales de 2022. Dado que se ha determinado que el voto es un elemento fundamental en la identidad política costarricense (Díaz González et al., 2018), se espera que haya una relación entre la intención de asistir a las urnas y el reconocimiento de la importancia de permitir votar a las personas residentes en el extranjero.

 

4.       Análisis y discusión de los datos

De forma mayoritaria, la población encuestada señala sí estar de acuerdo en que se inviertan recursos públicos para que las personas costarricenses que habitan en el extranjero puedan votar (ver figura 1). Así, el hecho de que más de un 78% de las personas encuestadas se manifiesten de forma favorable puede entenderse como consecuente con la identidad nacional costarricense, la cual tiene el acto de votar como uno de sus elementos fundamentales, por lo que sería apropiado utilizar recursos públicos para asegurar que otros costarricenses también ejerzan dicho derecho.

La tabla 1 muestra los resultados del modelo de regresión logística binaria realizado para determinar la incidencia de diversas variables en la posición de la ciudadanía de utilizar recursos públicos para el voto en el extranjero. Se observa que, según el Exp(B)[2] las mujeres son aproximadamente 1,53 veces más propensas que los hombres a estar a favor de utilizar recursos públicos para permitir el voto en el extranjero.

Desde finales del siglo XX, en Costa Rica se han adoptado medidas en procura de asegurar una participación más igualitaria de las mujeres en el ámbito político (Bolaños, 2005 y 2006 y Castro Chaves, 2010), y aunque han incidido en aumentar el número de mujeres en puestos de representación política (Jones, 2004), aún se mantienen fuertes barreras que dificultan la participación igualitaria de las mujeres (Osborne, 2013). A pesar de esto como lo nuestra la tabla 1 las mujeres muestran un mayor nivel de apoyo al ejercicio del voto en el extranjero.

Figura 1

Porcentaje de las personas encuestadas según si están o no de acuerdo con que el país invierta recursos para que las personas costarricenses, que viven en el extranjero, puedan votar en las elecciones presidenciales

Nota. Tomado de IDESPO-UNA, 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1

Modelo de regresión logística binaria

Respecto a la edad, el modelo muestra que las personas de 18 a 34 años son más propensas a apoyar el uso de recursos públicos para financiar el voto en el extranjero que las de 50 años o más -Exp(B) = 2,095-. En cambio, para el grupo de 35 a 49 años no hay una diferencia estadísticamente significativa en comparación con las personas de 50 años o más. La tradición es un elemento importante para la legitimidad y aceptación de las instituciones políticas, incluyendo las electorales (Karapin y Feldman, 2019); siguiendo esto, las  personas mayores de 35 años posiblemente no observan el voto en el extranjero como una parte constitutiva o “tradicional” del proceso electoral, ya que en la mayor parte de su vida este no se llevaba a cabo. Las personas menores de 35 años presentan la situación contraria, para ellas la realización de votaciones en el extranjero es parte de los elementos tradicionales del proceso electoral costarricense, por lo cual tienen mayor probabilidad de estar anuentes a utilizar fondos públicos para financiarlo.

En cuanto al nivel socioeconómico, las personas de nivel medio no muestran una diferencia significativa en su apoyo comparadas con las de nivel bajo. Pero sí hay una diferencia significativa entre las personas de nivel socioeconómico alto y bajo; ya que las primeras son más propensas a apoyar el uso de recursos públicos para el voto en el extranjero -Exp(B) = 1,679- que las segundas.

Algunos autores señalan que las personas en condición de pobreza tienden a mostrar menores niveles de participación electoral y de apoyo a la democracia (Przeworski, 2008); otros autores indican que no existe diferencias significativas en la participación política y el apoyo a la democracia en las personas debido a su nivel socioeconómico (Krieckhaus et al., 2014 y Krishna, 2008), incluso, otros sugieren que las sociedades con menores ingresos tienden a mostrar un mayor apoyo a la democracia (Andersen, 2012). Así, dada la falta de consenso en la literatura académica y el alcance de los datos analizados, no es posible determinar la posible razón de la menor probabilidad del apoyo del uso de recursos públicos por parte de la población con nivel socioeconómico bajo en comparación con la de nivel alto. No obstante, se puede plantear una razón alternativa, y es que su menor probabilidad de apoyo no se vincula con un menor apoyo a la democracia y los procesos electorales, sino que perciben en su entorno inmediato una serie de necesidades y problemas que consideran más prioritarios o urgentes en los cuales utilizar fondos públicos.

Por otra parte, no hay una diferencia significativa en el apoyo entre las personas con educación secundaria comparadas con aquellas con primaria completa o menos; ni tampoco hay una diferencia significativa entre las personas con educación universitaria y aquellas con primaria completa o menos.  Se ha establecido que existe una relación entre el nivel educativo y el apoyo al sistema, valores y procesos democráticos (Coffé y Michels, 2014; Fortunato y Panizza, 2012 y Kołczyńska, 2020); sin embargo, esta relación no parece incidir en la probabilidad de apoyar el uso de recursos públicos para financiar el voto en el extranjero. Lo anterior puede deberse a que el acto de votar tiene un papel fundamental en la formación del imaginario político y la identidad nacional, independientemente del nivel de escolaridad de las personas (Díaz González et al., 2018); por lo tanto, lo esperable es que no existieran diferencias significativas en el apoyo al uso de recursos públicos para el financiamiento del proceso electoral en el extranjero según el nivel de escolaridad de la población encuestada.

También se muestra que las personas con intención de votar en la elección de 2022 fueron significativamente más propensas a apoyar el uso de recursos públicos para el voto en el extranjero (Exp(B) = 1,526).  No es sorpresa que la literatura académica señale que existe una relación entre el acto de votar y el apoyo a los procesos electorales y la democracia en general (Mont’Alverne et al., 2022 y Quintelier y Deth, 2014); siguiendo esto, las personas que manifiestan su intención de votar pueden estar más anuentes a que se utilicen fondos públicos para facilitar el acceso al derecho de votar para  las personas costarricenses que habitan en el extranjero.

Finalmente, el modelo clasifica correctamente el 78,2% de los casos, lo cual indica que tiene una capacidad predictiva buena para los estándares de las ciencias sociales.

 

5.       Reflexión final

En primer lugar, la mayoría de la población encuestada está a favor de utilizar recursos públicos para que las personas costarricenses que habitan en el extranjero puedan votar, lo cual muestra niveles más altos de apoyo que los determinados en estudios anteriores (Castro Jiménez et al., 2020).   Como se indicó, este apoyo puede deberse a lo importante que es el sufragio para el imaginario político costarricense (Díaz González et al., 2018).

En cuanto a las variables que se asocian con estar de acuerdo con el uso de recursos públicos para financiar las elecciones en el extranjero, se encuentra que las mujeres son -aproximadamente- 1,53 veces más propensas a apoyar esta medida que los hombres. Asimismo, las personas de nivel socioeconómico alto se inclinan más a apoyar el uso de recursos públicos para financiar el voto en el extranjero que aquellas personas con nivel socioeconómico bajo. Por último, las personas que manifestaron tener intención de votar en las elecciones nacionales del 2022 propendieron más a apoyar el uso de recursos públicos para financiar el voto en el extranjero.

Ante este panorama, a continuación, se plantea una serie de recomendaciones que las autoridades electorales y políticas costarricenses podrían seguir para consolidar la importancia del voto en el extranjero en la población costarricense. Primero, fortalecer la educación cívica en todos los niveles educativos para resaltar la importancia del voto y la participación política, tanto dentro como fuera del país. Esto podría ayudar a incrementar la conciencia sobre el derecho al voto en el extranjero y su relevancia para la democracia costarricense.

Segundo, continuar con la promoción de la igualdad de género en el ámbito político. Esto se puede lograr mediante la implementación de campañas de sensibilización que muestren la importancia de la participación política de las mujeres y las barreras que enfrentan. Estas campañas pueden dirigirse a mostrar la necesidad de apoyar el voto en el extranjero como una medida para asegurar la igualdad de derechos políticos de las mujeres (y otros grupos vulnerables), al permitirles incidir en la elección de representantes políticos y lograr participar en la toma de decisiones en el caso de los referéndums.

Tercero, desarrollar acciones informativas dirigidas a la población costarricense sobre el voto en el extranjero, enfocadas en explicar su importancia como mecanismo de participación ciudadana. Con esto se puede aumentar la legitimidad del mecanismo ante la población costarricense, y facilitaría que sea adoptado como un elemento más de la vida democrática del país.

 

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