Nº 2375-E-2005. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las once horas con veinticinco minutos del siete de octubre del dos mil cinco.

Recurso de amparo electoral interpuesto por Edgar Alberto Guardiola Aguirre, cédula número 1-806-218 y vecino de la provincia de Puntarenas, contra la Asamblea Cantonal del Partido Liberación Nacional del cantón Central de esa provincia.

RESULTANDO

1.- Mediante escrito presentado ante la Secretaría de este Tribunal el 27 de setiembre del 2005, el señor Edgar Alberto Guardiola Aguirre, en su doble condición de delegado ante la Asamblea Cantonal del cantón Central de la provincia de Puntarenas del Partido Liberación Nacional y de candidato a regidor propietario por ese cantón, presenta recurso de amparo electoral en contra de los acuerdos tomados en la referida asamblea, por considerar que en la elección de los candidatos a regidores no se respetó el 40% de género dispuesto en el artículo 7 del reglamento, dado que, en los cuatro puestos elegibles de la nómina, figuran tres mujeres y debió haberse incluido, al menos, a dos hombres y no a uno como se hizo. Señala que la conformación de la papeleta de regidores, por ese cantón, viola el principio de legalidad por no respetarse el 40% de representación de género. Señala que por haber postulado su nombre como candidato a regidor por el primer lugar, debe corregirse esa situación, designándolo en el puesto que corresponde al género masculino dentro de la papeleta y en los puestos elegibles.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de aplicación al recurso de amparo electoral, habilita a este Tribunal para rechazar el recurso, incluso desde su presentación.

3.- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Fonseca Montoya; y,

CONSIDERANDO

I.- Sobre el carácter residual del recurso de amparo electoral: El Tribunal Supremo de Elecciones, como encargado de resolver los conflictos que surjan a lo interno de los partidos políticos, incluidos aquéllos que lesionen o amenacen los derechos fundamentales de sus miembros, en uso de sus atribuciones constitucionales, ha consolidado el recurso de amparo electoral como instituto procesal que le permite vigilar conforme a la Constitución y a la ley, no solo que los procesos internos de los partidos políticos, sean respetuosos del ordenamiento jurídico, sino que ajusten su funcionamiento a parámetros democráticos (artículo 98 de la Constitución Política).

No obstante, también la misma jurisprudencia ha precisado que el recurso de amparo está reservado para casos en que el ordenamiento jurídico electoral no haya establecido un procedimiento específico o que éste no satisfaga una verdadera justicia electoral, por ser tardío, insuficiente o ineficaz. En estos términos se pronunció este Tribunal en la resolución número 1555-E-2002 de las 18:30 horas del 14 de agosto del 2002, en la que indicó lo siguiente:

“ Es decir, el amparo electoral no sustituye los procedimientos recursivos previstos expresamente por la legislación electoral; se trata más bien de una garantía jurisdiccional que rige únicamente en aquellos ámbitos donde esa legislación no haya arbitrado medios de impugnación adecuados para que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda ejercer su competencia constitucional y resulte necesario entonces acudir a la figura del recurso de amparo electoral para respetar el imperativo constitucional de acceso a la justicia.

Es bajo ese orden de consideraciones que, por ejemplo, el Tribunal ha definido que el amparo electoral no es la vía idónea para atacar las resoluciones que en materia electoral dicte el Registro Civil, habida cuenta que el ordenamiento prevé la posibilidad de que éstas sean impugnadas a través del recurso de apelación:

“ ... el conocimiento de recursos de amparo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, supone una aplicación analógica de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que se justifica ante la ausencia de un procedimiento legal que le permita al organismo electoral ejercer su competencia constitucional de resolver conflictos suscitados a lo interno de los partidos políticos con motivo de actos que lesionen los derechos fundamentales de sus miembros.

Es diversa la situación que se presenta con las disposiciones del Registro Civil, en relación con las cuales sí existe un procedimiento pautado para su revisión por parte del Tribunal, el cual puede dejarlas sin efecto por considerarlas lesivas a los derechos fundamentales de los afectados o por cualquier otra circunstancia que las haga contrarias a Derecho, en consonancia con lo dispuesto en el inciso 4) del artículo 102 constitucional.

En efecto: el artículo 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil establece: “Toda resolución del Registro podrá apelarse ante el Tribunal, dentro del término de tres días posteriores a la notificación respectiva ... Si el recurso se formula en tiempo, el Registro lo admitirá inmediatamente después de interpuesto y enviará el expediente al Tribunal. Recibido el expediente, el Tribunal resolverá dentro del término de quince días, salvo que ordene pruebas para mejor proveer; en este caso, el término se contará a partir del día en que la prueba haya sido evacuada”. Por su parte, el numeral 104 de la misma Ley agrega: “... Las resoluciones que dictare el Registro... en materia electoral, lo serán [notificadas] mediante exposición de copia literal o en lo conducente de la resolución, en el sitio señalado para tal fin en el Registro, durante un mínimo de cinco horas de labor ordinaria, correspondientes al mismo día.”; y el artículo 105: “... La notificación se tendrá por practicada ... En lo electoral al día siguiente de la exposición de la copia”.

IV. A la luz de lo expuesto se colige que, siendo el presente recurso planteado contra una resolución dictada por la Dirección General del Registro Civil, en materia de inscripción de candidaturas a puestos de elección popular para participar en las elecciones generales del 03 de febrero del año 2002, la vía adecuada para impugnarla era la del recurso de apelación establecido legalmente, y no la del amparo electoral, cuyo ámbito natural no da cabida a gestiones de esta índole...” (sentencia n°. 2357-1-E-2001 de las 16:25 horas del 7 de noviembre del 2001)” (el resaltado no corresponde al original).

II.- Sobre el caso concreto: El recurrente, en su doble condición de asambleísta y candidato a regidor, pretende que el Tribunal revise, mediante el recurso de amparo electoral, la legalidad de la Asamblea Cantonal del cantón Central de la Provincia de Puntarenas del Partido Liberación Nacional, celebrada el 24 de setiembre del 2005, en orden a verificar si en ella se incumplió con lo dispuesto en el artículo 7 del reglamento para la elección de los candidatos a regidores, al designar en los cuatro primeros puestos a tres mujeres cuando, en su criterio, debía escogerse a dos hombres y dos mujeres.

La presunta irregularidad que denuncia el señor Guardiola Aguirre, no puede ser revisada por este Tribunal a través del recurso de amparo electoral, toda vez que el artículo 64 del Código Electoral, en su párrafo último, establece un procedimiento de impugnación, que otorga la posibilidad a los participantes en una asamblea cantonal, provincial o nacional de un partido, de impugnar ante su Comité Ejecutivo Superior la validez y legalidad de los acuerdos tomados en ella; validez que puede estar condicionada también a aspectos formales, tales como: que la convocatoria se haya realizado según lo prescriben los estatutos, el respeto a los procedimientos previamente establecidos, regularidad en su conformación –quórum- e integración y el respeto al derecho de participación de los delegados. Lo resuelto por dicha instancia partidaria es apelable ante la Dirección General del Registro Civil, cuya decisión es finalmente revisable ante el Tribunal Supremo de Elecciones; siendo este, el procedimiento al que debió acudir el recurrente para impugnar los referidos acuerdos y así hacer valer sus derechos, dada su condición de delegado a la asamblea cantonal.

Al estar previsto, en el ordenamiento jurídico electoral, un procedimiento de impugnación que permite al asambleísta inconforme reclamar la validez o nulidad de los acuerdos adoptados por las distintas asambleas partidarias, el recurso de amparo electoral deja de ser la vía idónea para atender ese tipo de reclamos, por lo que procede el rechazo del recurso.

POR TANTO

Se rechaza de plano el recurso. Notifíquese.

Oscar Fonseca Montoya

Luis Antonio Sobrado González Eugenia María Zamora Chavarría 

Juan Antonio Casafont Odor Ovelio Rodríguez Chaverri

Exp. Nº 245-F-2005

Recurso de Amparo Electoral

Edgar Alberto Guardiola

C/ Asamblea Cantonal cantón Central de Puntarenas PL

JLRS/GMG