N°. 2296-E-2002.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del diez de diciembre del dos mil dos.

Gestiones acumuladas interpuestas por Justo Orozco Álvarez, en su condición de Presidente del Partido Renovación Costarricense; Benjamín Odio Chan, Fernando Zumbado, Jorge Vargas Espinoza y Luis Marino Castillo López, todos ellos excandidatos a alcaldes por el cantón central de San José y Luis Campos Rojas y Alejandro Lara Vargas, como fiscales de escrutinio nombrados por el Partido Unidad Social Cristiana.

RESULTANDO

1.- Mediante escrito presentado el 5 de diciembre del 2002, el señor Justo Orozco Álvarez, en su condición de Presidente del Partido Renovación Costarricense, solicita al Tribunal “revisar las firmas del padrón fotográfico electoral, con la firma real de cada votante, en las mesas supracitadas”, refiriéndose a las mesas 5274, 5279, 5282, del Distrito de Cuajiniquil, las mesas 5271, 5284 y 5255 del Distrito 27 de Abril y las mesas 5260 a 5264, del Distrito de Cartagena, todas ellas del Cantón de Santa Cruz, de Guanacaste, por considerar que, al haber una votación muy superior al promedio del Cantón y del país en general, sospechan de un posible “chorreo de votos”.

2.- Los señores Benjamín Odio Chan, Fernando Zumbado, Jorge Vargas Espinoza y Luis Marino Castillo López, todos ellos excandidatos a alcaldes por el cantón central de San José, mediante escrito presentado el 5 de diciembre del 2002, solicitan “se cotege (sic) la firma existente en el Registro Civil con relación a la efectuada por el votante en el padrón fotográfico utilizado en el proceso electoral”, alegando que muchos ciudadanos se les han acercado a exteriorizar su preocupación por algunas prácticas electorales que se observaron en centros de votación en el cantón central de San José, sin especificar cuáles.

3.- Los señores Luis Campos Rojas y Alejandro Lara Vargas, fiscales del Partido Unidad Social Cristiana designados para el escrutinio, solicitan, “de previo a aceptar el excrutineo (sic) de las mesas 2068, 2069, 2070, 2071 y 2072, se realice una verificación de las firmas de los votantes de esas mesas que aparecen en el padrón fotográfico aportado para el día de las elecciones contra la firma que esas mismas personas tienen en el Registro Civil”, sin que aleguen ninguna razón para tal solicitud.

Redacta el Magistrado Sobrado González; y,

CONSIDERANDO

UNICO. Las solicitudes planteadas por los gestionantes, para que se verifiquen las firmas de los sufragantes que aparecen en el padrón registro utilizado en la votación celebrada el domingo primero de diciembre, con las firmas de esos mismos electores constantes en el Registro Civil, resultan improcedentes y deben ser rechazadas de plano, por las razones que a continuación se exponen.

Es evidente que las gestiones que nos ocupan se fundamentan en supuestas sospechas —formuladas, en el mejor de los casos, con extraordinaria vaguedad— sobre el posible acaecimiento de irregularidades electorales y en el deseo de un cotejo que eventualmente pueda confirmar tales sospechas, en orden a desvirtuar los adversos resultados del escrutinio provisional; es decir, un albur del que podría resultar la preconstitución de prueba en orden a recuperar las esperanzas de una victoria electoral.

La obligación del elector de firmar el padrón registro surge, por vez primera en nuestra historia electoral, con ocasión de las votaciones celebradas el pasado 3 de febrero y en virtud de las directrices que para la emisión del sufragio fueron adoptadas por el Tribunal Supremo de Elecciones bajo el decreto n°. 20-2001 del 27 de noviembre del 2001, que en su punto cuarto reza así: “Previo a la entrega de las papeletas, el elector deberá firmar el Padrón Registro en el espacio dispuesto para ello junto a su nombre. La firma deberá ser igual a la que aparece en su cédula de identidad. Si el elector no sabe o no puede firmar, el miembro de la mesa anotará en el espacio reservado para la firma de éste la leyenda ‘NO FIRMA’ y anotará esa incidencia en el espacio correspondiente en el padrón registro”; reglas reiteradas para el proceso municipal recién concluido, a la luz de lo establecido en el decreto n°. 10-2002 del 27 de agosto del 2002.

Como se puede desprender sin dificultad de la regulación transcrita, la finalidad primaria de la obligación de firmar el padrón registro es establecer un mecanismo adicional que le permita a las Juntas Receptoras de Votos constatar la identidad del votante; y, en segundo término, sirve de garantía de que el mismo no será suplantado por otra persona en el ejercicio de su función cívica. Pero no constituye el único medio para asegurar la identidad del elector ni tampoco si éste votó o no lo hizo. En otras palabras, la simple ausencia de una firma en particular o la existencia de alguna que haya sido inadvertidamente estampada de modo diferente al usual en el padrón registro, per se, no es motivo para anular un voto, ni mucho menos la totalidad de la votación en una determinada Junta; precisan otros hechos relevantes para llegar a esa determinación.

Por estas razones, el ordenamiento electoral costarricense no prevé el cotejo de las firmas como un procedimiento autónomo. Éste sólo tendría sentido dentro del marco de las demandas de nulidad, reguladas en los artículos 143 y siguientes del Código Electoral, como medio auxiliar de prueba para poder acreditar que una suplantación de esa naturaleza se ha producido.

La admisibilidad de tales demandas sólo es procedente cuando se reclamen vicios, errores o inconsistencias acaecidos durante las votaciones, siempre y cuando sean alegados como hechos ciertos, no como simple conjetura o posibilidad, y sean de tal gravedad que, de ser comprobados, puedan tener como consecuencia que el cómputo o escrutinio “resultare de modo evidente no ser expresión fiel de la verdad” (art. 142 inc. b) del Código Electoral). De ahí que, como condición de admisibilidad, en la demanda “debe puntualizarse el vicio que se reclama, el texto legal que sirve de fundamento al reclamo, y debe acompañarse la prueba documental del caso o indicarse concretamente el organismo u oficina en donde se encuentra o, en su caso, expresar el motivo racionalmente insuperable que excuse esta omisión” (art. 144 ibid.).

En tal sentido, cabe afirmar que la petición de cotejo sólo puede entrar a considerarse si resultare imprescindible para constatar el motivo alegado, pero no a la inversa. Por ello, el interesado habrá de invocar el falseamiento de la voluntad electoral, señalando en forma clara, precisa y fundamentada los motivos que la provocan y, en ese contexto, el cotejo sólo puede concebirse como una actividad probatoria dirigida a acreditar los vicios que se alegan. Por ello, no resulta atendible la petición de cotejar firmas como medio para determinar posteriormente si se ha producido algún vicio de esa naturaleza, porque precisamente para ello es que el ordenamiento electoral prevé y facilita la fiscalización partidaria a lo largo de todas las etapas del proceso electoral, incluida la de recepción de los sufragios en las Juntas Receptoras de Votos, sin que corresponda dar oportunidades adicionales a aquellas agrupaciones que no la han ejercido adecuadamente, dado que se comprometería con ello la rigidez del calendario electoral. Sería lamentable que este último resultado pudiera producirse ante las simples sospechas que derivan de una deficiente fiscalización.

Valga la oportunidad para resaltar el hecho de que en nuestro ordenamiento electoral las Juntas Receptoras de Votos están constituidas, exclusivamente, por representantes de los partidos políticos, quienes adicionalmente pueden acreditar fiscales específicos ante las mismas. Es por ello que, en esta fase del proceso electoral, en que no existe presencia continua o permanente de funcionarios electorales, la fiscalización partidaria asume particular importancia para asegurar la transparencia y validez del proceso, depositando de este modo la ley en las propias agrupaciones partidarias la grave responsabilidad de asegurar la correcta expresión de la voluntad popular.

Resulta por ello altamente preocupante que algunas de esas agrupaciones, lejos de reconocer el cumplimiento apenas a medias de la citada responsabilidad, siembren injustificadas dudas en la conciencia de la ciudadanía y traten de sacar provecho de su propia negligencia.

POR TANTO

Se rechazan de plano las gestiones interpuestas. Notifíquese. 

Oscar Fonseca Montoya 

Luis Antonio Sobrado González Olga Nidia Fallas Madrigal

Exp. 354-S-2002

Asunto electoral

mch