Sesión ordinaria celebrada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las once horas y veinticuatro minutos del tres de noviembre de dos mil veintiséis, con asistencia de las señoras Magistradas Eugenia María Zamora Chavarría -quien preside-, y Zetty María Bou Valverde, y el señor Magistrado Hugo Ernesto Picado León. Asiste también el señor Luis Guillermo Chinchilla Mora, Secretario General del Tribunal Supremo de Elecciones.

 

ARTÍCULO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DE ACTAS ANTERIORES.

A) Se tiene por leído y aprobado el orden del día de la presente sesión ordinaria.

B) Se tiene por leída y aprobada, por excepción, la minuta de la sesión ordinaria n.° 92-2026, en tanto la señora Magistrada Bou Valverde y el señor Magistrado Picado León no participaron de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMES DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS.

A) Informe de participación en la Séptima Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. Del señor Hugo Ernesto Picado León, Director General del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, se conoce oficio n.° IFED-285-2026 del 29 de octubre de 2026, mediante el cual rinde informe sobre su participación en la Séptima Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral llevada a cabo en la ciudad de Panamá, los días 14 y 15 de octubre de 2026.

Se dispone: Tener por rendido el informe. Proceda la Secretaría General de este Tribunal a cursar los agradecimientos que se proponen. ACUERDO FIRME.

Para este asunto, el señor Magistrado Picado León se abstiene de votar.

ARTÍCULO TERCERO. ASUNTOS DEL CONSEJO DE DIRECTORES.

A) Acuerdo del Consejo de Directores respecto de la prórroga de dedicación exclusiva de puestos. De la señora Glenda Moreno Murillo, Profesional en Derecho del Consejo de Directores, se conoce oficio n.° CDIR-0302-2026 del 28 de octubre de 2026, mediante el cual transcribe lo acordado por ese Consejo, en el artículo segundo de la sesión ordinaria n.º 45-2026, celebrada el 28 de octubre de 2026, respecto al informe relativo a la solicitud de prórroga de la afectación al régimen de dedicación exclusiva de los puestos n.°s 361430, Profesional Asistente en Administración 1 (de la clase Profesional Asistente 1) adscrito a la Dirección Ejecutiva y 97515, Profesional Asistente en Administración 1 (de la clase Profesional Asistente 1) adscrito a la Sección de Opciones y Naturalizaciones, y, con fundamento en el análisis técnico realizado, concluyen que existen razones de conveniencia institucional que respaldan recomendar la prórroga de la afectación de dichos puestos al referido régimen.

Se dispone: Aprobar conforme se recomienda. Díctense las respectivas resoluciones. ACUERDO FIRME.

El señor Magistrado Picado León se abstiene de votar este asunto.

ARTÍCULO CUARTO. ASUNTOS DEL CUERPO NACIONAL DE DELEGADOS.

A) Comunicación de renuncias y defunciones de personas integrantes del Cuerpo Nacional de Delegados. Del señor Gerardo Felipe Abarca Guzmán, Secretario General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, se conoce oficio n.° DGRE-820-2026 del 27 de octubre de 2026, mediante el cual comunica las renuncias, así como las defunciones de personas integrantes del Cuerpo Nacional de Delegados que enlista.

Se dispone: Expresar al Cuerpo Nacional de Delegados y a los familiares de las personas fallecidas nuestro más sentido pésame. De igual manera, tener por presentadas las renuncias de las personas indicadas por el señor Abarca Guzmán, a quienes, por su medio, se les agradecen los valiosos servicios prestados a estos organismos electorales. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO QUINTO. ASUNTOS INTERNOS DIVERSOS.

A) Solicitud de aval para la adquisición de varios tipos de sellos para uso del Departamento de Coordinación de Servicios Regionales, vía Fondo Fijo de Caja Chica. De la señora Sandra María Mora Navarro, Directora Ejecutiva, se conoce oficio n.° DE-2938-2026 del 23 de octubre de 2026, mediante el cual literalmente manifiesta:

"Con el objetivo de contar con el aval Superior, se hace de conocimiento la necesidad urgente e impostergable de atender la adquisición de varios tipos de sellos, los que serán destinados al uso de las labores que se desarrollan en el Departamento de Coordinación de Servicios Regionales, y que resultan de significativa utilización. Siendo que el monto requerido en su atención supera los ¢300.000,00, se recurre a instancia Superior.

Por medio del oficio número CSR-1024-2026 de 19 de octubre del 2026, la señora Diana María Rodríguez Barrantes, Jefa del departamento citado, recurre mencionado lo relacionado a la urgencia de contar con esos insumos, indicando: “…considerando la urgencia de contar con estos insumos, por tratarse de herramientas indispensables para el desarrollo de múltiples gestiones sustantivas que se ejecutan diariamente en las oficinas regionales y en esta dependencia, respetuosamente solicito su valiosa colaboración para que esta necesidad sea sometida a conocimiento del Tribunal, con el propósito de obtener el aval correspondiente que permita continuar con el trámite de adquisición mediante compra por fondo fijo de caja chica de la Proveeduría.” (la negrita no es del texto original)

Acerca de la necesidad y utilidad de estos sellos, agrega la señora Rodríguez Barrantes: “Valga señalar que, estos insumos resultan fundamentales para garantizar la continuidad, eficiencia y adecuada formalización de diversos trámites institucionales, evitando afectaciones en la atención de las personas usuarias y en la prestación de los servicios que brinda la Institución a nivel nacional. Asimismo, debe considerarse que los sellos constituyen instrumentos de uso cotidiano y obligatorio en numerosos actos administrativos, por lo que su reposición o adquisición no admite una postergación prolongada sin generar impactos en la operación y en la prestación del servicio.” (la negrita no es del texto original)

Para la finalidad citada, por las características con las que han de contar estos, previamente, ese departamento le solicitó las recomendaciones técnicas a la Oficina de Comunicación Organizacional, quienes le suministraron los artes correspondientes.

Respecto al direccionamiento de compra, este será programado por la vía Fondo Fijo de Caja Chica, ya que, enfocados en su procedimiento de formulación y de adquisición, este mecanismo resulta de mayor oportunidad y agilidad administrativa. En lo relacionado, resulta importante indicar que, de utilizar el escenario de una Contratación Ordinaria, en este caso conllevaría a un objetivo no tan positivo, siendo inciertos sus tiempos de respuesta, ya que entre su proceso de elaboración cartelaria, así como de respuestas entre una etapa y otra, se estaría alargando su conclusión y adquisición de lo requerido, siendo que hasta se podría llegar a concluir en un procedimiento de declaratoria de infructuosidad, lo que significativamente retrasaría la adquisición de estos.

Es así como, en apego al ordenamiento administrativo y legal instruido, se procedió a consultar en el mercado nacional a varias empresas, cuya razón es la de comercializar este tipo de insumos, procedimiento de investigación basado en lo establecido en la Ley General de la Contratación Pública inciso c) del artículo 4- Requerimientos generales para el uso de las excepciones, que expresa:

“Realizar, cuando corresponda, un sondeo o un estudio de mercado que considere los potenciales oferentes idóneos del objeto que se pretende contratar. (la negrita no es del texto original)

Por otra parte, enfocados en el puntual a) del artículo 12. Compra con Fondos de Caja Chica del Reglamento de la citada Ley, este dicta como sigue:

“Esta excepción resulta aplicable únicamente para la contratación de bienes, obras o servicios, siempre que:

a) La solución sea indispensable e impostergable.” (la negrita y subrayado no son del texto original)

Observando lo anterior, esta Dirección Ejecutiva determina que el requerimiento aquí formulado cumple con la determinación ahí instruida, ya que, como anterior se ha mencionado, esos insumos son de necesidad urgente, y que con su adquisición se estará brindando una solución oportuna a un requerimiento que es indispensable e impostergable.

Asimismo, se cuenta con lo establecido en el Reglamento del Fondo Fijo de Caja Chica del Tribunal Supremo de Elecciones, precisamente en aquellas disposiciones generales vinculantes a lo aquí solicitado, y de cuyo articulado lo competente a continuación se transcribe:

“Artículo 4°- Naturaleza. La ejecución del gasto mediante el Fondo Fijo-Caja Chica es un procedimiento de excepción y por consiguiente limitado a la atención de gasto menores indispensables, imprevisibles y urgentes, según el criterio justificado de la administración del Tribunal…” (la negrita y subrayado no son del texto original)

Por ende, con el objetivo de mantener un ordenamiento presupuestario institucional claro y preciso, una vez se cuente con el aval recurrido, así como atendido comercialmente este trámite, se procederá a comunicar a las personas funcionarias encargados de dirigir y registrar el proceso económico institucional del presente año, lo respectivo a este movimiento comercial, ya que se ha de tomar las anotaciones consiguientes en el presupuesto del presente año 2026.

Debido a la urgencia que reviste a esta solicitud, así como al requerimiento económico que se estaría generando, resultaría oportuno avalar un monto de ¢950.000,00 (estimado previendo el IVA, así como un posible incremento de los costos de mercado de estos sellos), lo que estaría sobrepasando lo establecido para atender compras vía Fondo Fijo de Caja Chica, por lo que se recurre por la autorización de la Magistratura.".

Se dispone: Autorizar conforme se solicita; lo anterior, sin que se emita juicio en relación con eventuales adjudicatarios y precisando que, los procedimientos que en consecuencia se ejecuten, quedan bajo responsabilidad de las correspondientes instancias administrativas. ACUERDO FIRME.

B) Criterio sobre la solicitud de intervención para garantizar la verificación y certificación de las funciones, actividades, responsabilidades y experiencia efectivamente desempeñada por una persona funcionaria. De las señoras Sandra Mora Navarro, Directora Ejecutiva, y Kattya Varela Gómez, Jefa a. i. del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° DE-2957-2026 del 26 de octubre de 2026, mediante el cual, según lo ordenado en el acuerdo adoptado en el artículo octavo de la sesión ordinaria n.º 85-2026, celebrada el 6 de octubre de 2026, rinden criterio técnico-jurídico sobre la solicitud de intervención para garantizar la verificación y certificación de las funciones, actividades, responsabilidades y experiencia efectivamente desempeñada por una persona funcionaria.

Se dispone: Tener por rendido el informe, el cual se acoge. Hágase de conocimiento del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones. ACUERDO FIRME.

C) Solicitud de prórroga para la presentación del proyecto de Reglamento Integral de Contratación Pública. De la señora Sandra Mora Navarro, Directora Ejecutiva, se conoce oficio n.° DE-3052-2026 del 29 de octubre de 2026, mediante el cual, según lo ordenado en el acuerdo adoptado en el artículo segundo de la sesión ordinaria n.º 25-2026, celebrada el 17 de marzo de 2026, y considerando la prórroga concedida hasta el 30 de octubre de 2026, mediante el acuerdo adoptado en el artículo cuarto de la sesión ordinaria n.º 74-2026, celebrada el 1.° de setiembre de 2026, solicita que se le otorgue una prórroga adicional hasta el 11 de diciembre de 2026 para la presentación de la propuesta de Reglamento de Contratación Pública, según las razones que expone.

Se dispone: Conceder la prórroga conforme se solicita. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO SEXTO. ASUNTOS DE ORGANIZACIONES GREMIALES DEL TRIBUNAL.

A) Solicitud de permiso sindical. De la señora Wendy Arias Chacón y del señor Christian Arias Acosta, Secretaria de Actas y Secretario de Conflictos, respectivamente, de la Unión Nacional de Empleados Electorales y Civiles (UNEC), se conoce oficio n.° UNEC-017-2026 del 30 de octubre de 2026, mediante el cual literalmente manifiestan:

"Con el fin de atender asuntos sindicales de interés para esta organización y en concordancia con el artículo 61 del Reglamento Autónomo de Servicios y los principios de libertad sindical, solicitamos la renovación del permiso concedido a las señoras llenia Linoa Ortiz Ceciliano y Arlene Castro Jiménez para los días martes. Asimismo, solicitamos que dicho permiso se haga extensivo a la señora Wendy Arias Chacón, secretaria de Actas, y a la señora Raquel Vargas, secretaria de Finanzas, para los días viernes durante media jornada, de manera alternada entre ambas, correspondiendo dos medios días al mes para Wendy Arias Chacón y dos medios días al mes para Raquel Vargas.".

Se dispone: Autorizar la prórroga conforme se solicita, según los términos establecidos en el acuerdo del artículo sétimo de la sesión ordinaria n.º 99-2012, celebrada el 20 de noviembre de 2012, por el plazo de seis meses y a partir de la firmeza de este acuerdo. Tomen nota las jefaturas del Departamento de Recursos Humanos, así como las inmediatas de las referidas funcionarias. ACUERDO FIRME.

B) Representantes sindicales en el equipo interdisciplinario encargado de la revisión y actualización de la normativa relativa a las Políticas Preventivas sobre el Consumo de Alcohol y otras Drogas del Tribunal Supremo de Elecciones. De las señoras Ilenia Linoa Ortiz Ceciliano y Wendy Arias Chacón, Secretaria General y Secretaria de Actas, respectivamente, de la Unión Nacional de Empleados Electorales y Civiles (UNEC), se conoce oficio n.° UNEC-018-2025 del 30 de octubre de 2026, mediante el cual, en atención al oficio n.° STSE-2050-2026, comunican la designación de los señores Christian Arias Acosta, Secretario de Conflictos, y Alexander Porras Guerrero, Secretario de Salud Laboral, como representantes de esa organización sindical para integrar el equipo interdisciplinario encargado de la revisión y actualización de la normativa relativa a las Políticas Preventivas sobre el Consumo de Alcohol y otras Drogas del Tribunal Supremo de Elecciones y sus reformas.

Se dispone: Tener por recibida la comunicación y tomar nota de las designaciones efectuadas. Póngase en conocimiento de las instancias correspondientes para lo de sus cargos. ACUERDO FIRME.

C) Calendario mensual para el uso de licencia sindical durante el mes de noviembre de 2026. De la señora Cindy Vega Figueroa, Secretaria General Adjunta del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones (SETSE), se conoce oficio n.° SETSE-046-2026 del 30 de octubre de 2026, mediante el cual adjunta la calendarización y el listado de los integrantes de ese grupo sindical que tomarán licencia sindical durante el mes de noviembre de 2026.

Se dispone: Autorizar conforme se solicita. Tome nota la jefatura del Departamento de Recursos Humanos, así como la inmediata de la señora Vega Figueroa y de las personas funcionarias que se indica. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO SÉTIMO. ASUNTOS EXTERNOS.

A) Solicitud de criterio sobre la viabilidad de un procedimiento administrativo de reconocimiento de paternidad. De la señora Natalia Córdoba Ulate, Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se conoce oficio n.° DJO-INT-872-2026 del 27 de octubre de 2026, mediante el cual comunica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso V.J,M. y S.J.M. contra Costa Rica (informe de fondo n.° 307/23, caso 12.800), concluyó y recomendó: “Disponer las medidas para lograr el reconocimiento de S.J.M. como hijo de su progenitor y garantizar los derechos que se deriven de esa identidad, incluidos los derechos patrimoniales".

Se dispone: La señora Córdoba Ulate solicita a este Pleno, como superior del Registro Civil, valorar la aplicación de la Ley de Paternidad Responsable, habida cuenta que los peticionarios “han manifestado que, considerando la existencia de una prueba científica de ADN practicada desde el año 2003 y el prolongado tiempo transcurrido desde el inicio de las gestiones judiciales, estiman que la vía administrativa podría constituir una solución individual y efectiva para materializar el reconocimiento de la filiación.”.

Una vez analizados los antecedentes del caso, se tiene que los peticionarios reclamaron ante el Sistema Interamericano que el Estado violó los derechos humanos S.J.M. al no aceptar su pretensión de que se declarara que era hijo de J.D.A. En su momento, la jurisdicción de familia concluyó que no había elementos para acreditar tal paternidad y, cuando la ciencia y la técnica permitieron la prueba de marcadores genéticos (la cual fue positiva), esa misma jurisdicción rechazó la pretensión acogiendo una excepción de cosa juzgada.

La Convención Americana de Derechos Humanos prescribe que los Estados cumplirán con las recomendaciones de fondo emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (numeral 51.2), lo cual podría evitar que el respectivo caso sea elevado a conocimiento de la Corte Interamericana. El acatamiento de esas sugerencias, en esta etapa, no solo es favorable para el país, sino que, de gran relevancia, permite que a la persona peticionaria se le satisfaga, en lo posible, su pretensión y se atienda la violación de derechos humanos identificada por el citado órgano de filtro del Sistema Interamericano.

En este asunto concreto, por los derechos reclamados, existe además jurisprudencia de la Sala Constitucional aplicable: las juezas y los jueces constitucionales han precisado que la cosa juzgada material cede ante el derecho fundamental y humano de “saber quiénes son sus padres”; si se cuenta con un medio probatorio científico y técnico que demuestre la paternidad, puede reabrirse la discusión sobre la filiación de una persona, independientemente del tiempo transcurrido (resolución n.° 11158-2007).

Esa tesis jurisprudencial se compagina con el tipo de sistema registral civil que rige en Costa Rica: el normativo (que se contrapone a la publicidad registral meramente informativa). El Registro Civil es el Órgano Constitucional encargado de documentar, recopilar y dar publicidad a todos los hechos relacionados con la identidad de los ciudadanos de nuestro país (artículo 104 del texto político fundamental costarricense). Su principal finalidad es la seguridad jurídica, pues elimina –en un alto grado– la incertidumbre que los operadores jurídicos y otros sujetos de derecho pudieran tener sobre hechos vitales y actos civiles. En efecto, dado que es el Estado el que garantiza la información registral civil, su contenido es oficial y es plenamente oponible ante terceros, circunstancia que permite a los sujetos desarrollar sus actividades, sin que se deba dudar de la veracidad de los hechos inscritos o incurrir en algún esfuerzo extraordinario para afianzar la validez de tales datos.

El esquema anteriormente descrito, como se indicó, corresponde a un sistema de publicidad registral normativa, bajo el cual existe una institución estatal que garantiza la veracidad del contenido registrado y erige -el hecho inscrito- como una verdad jurídica definitiva a la cual se deben atener los sujetos.

Por ello es que los asientos registrales deben corresponderse con hechos ciertos, debidamente probados; si, por la aparición de nuevas formas para determinar una filiación, se tiene certeza de que una persona es hija de otra, cuyo vínculo no había sido asentado, debe hacerse la corrección en sede registral. De no hacerse así, la información que podría estar brindando la autoridad registral no se correspondería con la realidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, junto con el referido informe de la CIDH, remite el “Dictamen de Paternidad n.° 0840/BQM-PAT-2003”, elaborado por la Sección de Bioquímica del Departamento de Ciencias Forenses, en el que se concluye que “El análisis estadístico de la probabilidad de paternidad de [J.D.A], respecto a [S.J.M.], teniendo en cuenta la estructura genotípica del presunto padre (Valor de X) y la distribución de los distintos marcadores analizados en la población (Valor de Y), ha concedido una probabilidad de paternidad del 99.999806860625 % que corresponde, según los predicados verbales de Hummel, a una Paternidad prácticamente Probada.” (este documento se encuentra certificado, a las 13:15 horas del 28 de octubre de 2026, por Kenneth Muñoz Rojas, Secretario a. i. de la Sala Segunda).

Como puede observarse, hay sustento convencional, constitucional y técnico científico para que esta Magistratura, como jerarca institucional, acoja la petición realizada por los peticionarios y que pone en conocimiento la señora Córdoba Ulate. En consecuencia, se instruye a la Dirección General del Registro Civil que realice las gestiones necesarias y suficientes con el objetivo de rectificar el asiento de nacimiento de S.J.M. en punto a que se consigne su correcta filiación, esto es que se indique que su padre biológico es J.D.A. Una vez realizada la citada rectificación, el Registro Civil emitirá la certificación correspondiente a fin de hacerla llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para lo que corresponda, como parte del litigio incoado contra nuestro país.

Importa aclarar que lo dispuesto en el párrafo anterior no implica dejar sin efecto decisiones judiciales, en tanto lo ordenado es una modificación típica de la función registral civil; además, los efectos de ese cambio, sobre derechos patrimoniales, deberá determinarlos la jurisdicción ordinaria.

Este Tribunal Supremo de Elecciones se ha caracterizado por un escrupuloso respeto a los Derechos Humanos y, en consecuencia, a las decisiones que adopten los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el ámbito de sus competencias, esta Autoridad Electoral ha procurado contribuir a que nuestro país se caracterice -en el concierto de las naciones- como una República comprometida con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lo aquí dispuesto se entiende como una medida para cumplir con disposiciones de un órgano de tutela supranacional y para evitar que se prolongue la violación a los derechos humanos de los peticionarios, razones suficientes para que el trámite de rectificación de paternidad se haga en sede registral. ACUERDO FIRME.

B) Implementación del Presupuesto con Enfoque de Género para el ejercicio económico 2027. Del señor José Luis Araya Alpízar, Director General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, se conoce oficio n.° MH-DGPN-DG-OF-0530-2026 del 27 de octubre de 2026, mediante el cual remite el informe sobre los Resultados de la Implementación de la Guía Metodológica de Presupuestación con Enfoque de Género (PEG) correspondiente al ejercicio económico 2027, elaborado por esa Dirección General en coordinación con esta institución.

Se dispone: Para su atención, remítase este asunto a la Dirección Ejecutiva. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO OCTAVO. ASUNTOS ELECTORALES.

A) Consulta legislativa del proyecto de “Reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.° 7428 de 04 de noviembre de 1994 y sus reformas, y a la Ley General de Control Interno, Ley n.°8292 de 31 de julio de 2002 y sus reformas para aclarar las normas competenciales y organizativas de la Contraloría General de la República”, expediente n.º 25.722. De la señora Daniella Agüero Bermúdez, Jefa de Área de Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, se conoce oficio n.º AL-CPAJUR-0965-2026 del 29 de octubre de 2026, mediante el cual literalmente manifiesta:

"La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en virtud del Oficio de consulta obligatoria recibida por el Departamento de Servicios Técnicos AL-DEST-CO-389-2026; remitido a esta comisión el 29 de octubre del 2026, se solicita el criterio de su representada sobre el texto del proyecto de ley, expediente N.º 25.722 “REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY N.° 7428 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 1994 Y SUS REFORMAS, Y A LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO, LEY N.°8292 DE 31 DE JULIO DE 2002 Y SUS REFORMAS PARA ACLARAR LAS NORMAS COMPETENCIALES Y ORGANIZATIVAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”, el cual se adjunta.

De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 11 de octubre de 2026 y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. […]".

Se dispone: Para que se proponga el respectivo proyecto de respuesta –el cual habrá de rendirse a más tardar el 6 de noviembre de 2026– pase al señor Ronny Jiménez Padilla, Jefe a. i. del Departamento Legal. Para su examen se fijan las 10:30 horas del 5 de noviembre de 2026. Tomen nota el referido funcionario y la Secretaría General de este Tribunal que el plazo para responder la consulta planteada vence el 11 de noviembre de 2026. ACUERDO FIRME.

B) Respuesta a consulta legislativa del proyecto de “Reforma del artículo 14 bis de la Ley sobre el desarrollo de la comunidad (DINADECO)”, expediente n.º 25.731. De la señora Diorela Rojas Méndez, Jefa de Área de Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa, se conoce nuevamente oficio n.º AL-CPASOC-1133-2026 del 22 de octubre de 2026, mediante el cual literalmente manifiesta:

"La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción que ha dispuesto consultar su criterio sobre el Expediente N.º 25.731, “REFORMA DEL ARTÍCULO 14 BIS DE LA LEY SOBRE EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (DINADECO) DE 07 DE ABRIL DE 1967.”, cuyo texto me permito copiar de forma adjunta.

De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 4 de noviembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. […]".

Se dispone: Contestar la consulta formulada, en los siguientes términos:

I. Consideraciones preliminares.

El ordinal 97 de la Carta Fundamental dispone, en forma preceptiva, que tratándose de la “discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a la materia electoral” la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) su criterio en torno a la iniciativa formulada y que, para apartarse de esa opinión, “se necesitará el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros”. Sin embargo, en los seis meses previos y cuatro posteriores a una elección popular, solo se podrán convertir en ley aquellos proyectos en los que este Tribunal estuviere de acuerdo.

Como parte del desarrollo normativo de la disposición constitucional de cita, el inciso n) del artículo 12 del Código Electoral establece, como función propia de esta Autoridad Electoral, evacuar las consultas que la Asamblea Legislativa realice al amparo de esa norma de orden constitucional.

A partir de la integración del ordenamiento jurídico conforme al Derecho de la Constitución y, concretamente, en punto a la interpretación de lo que debe considerarse “materia electoral”, este Órgano Constitucional ha entendido que los “actos relativos al sufragio” no solo comprenden los propios de la emisión del voto, sino todos aquellos descritos en la propia Constitución o en las leyes electorales y que, directa o indirectamente se relacionen con los procesos electorales, electivos o consultivos, cuya organización, dirección y vigilancia ha sido confiada a este Pleno, a partir de la armonización de los artículos 9, 99 y 102 de la Norma Suprema.

II. Objeto del proyecto.

Puntualmente esta iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 14 bis de la Ley n.º 3859, Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), para establecer que la distribución de los excedentes obtenidos por las asociaciones de desarrollo comunal por vender servicios, bienes comercializables, así como arrendar sus bienes a la Administración Pública, sea de un 50 % para capital de trabajo y el otro 50% restante para sus programas institucionales; además amplía el listado de entidades públicas habilitadas para contratar con dichas asociaciones y actualiza que el marco de contratación pública aplicable es la Ley n.º 9986, Ley General de Contratación Pública.

III. Sobre el proyecto.

Del examen de la propuesta legislativa consultada, no se advierte que esta contenga disposición alguna relacionada con la materia electoral, que haga referencia o pretenda regular en modo alguno actos relativos al sufragio o disposiciones que directa o indirectamente modifiquen, menoscaben o incidan en las competencias constitucionalmente asignadas a estos organismos electorales y sobre la cual este Tribunal deba emitir su criterio, en los términos establecidos en los artículos 97 constitucional y 12 del Código Electoral.

IV. Conclusión.

Con base en lo expuesto, al estimar que la propuesta legislativa resulta ajena al Derecho Electoral y al giro de estos organismos electorales, omitimos manifestar criterio alguno en los términos de los artículos 97 constitucional y 12 del Código Electoral. ACUERDO FIRME.

A las doce horas y tres minutos terminó la sesión. 

Eugenia María Zamora Chavarría
Zetty María Bou Valverde	Hugo Ernesto Picado León