Se dispone: Nombrar conforme se propone en cada caso. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO QUINTO. ASUNTOS INTERNOS DIVERSOS.

A) Solicitud de funcionarios de la Sección de Ingeniería de Software. De varios funcionarios de la Sección de Ingeniería de Software, se conoce memorial del 25 de octubre de 2022, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual realizan una serie de consideraciones laborales, según exponen.

Se dispone:  Para su estudio e informe, pase a la Dirección Ejecutiva. ACUERDO FIRME.

B) Informe de Control Interno n.° ICI-007-2022, relativo a los controles establecidos por el Programa Voto en el Extranjero y seguimiento del informe n.° ICI-08-2014. Del señor Franklin Mora González, Auditor Interno, se conoce oficio n.° AI-0385-2022 del 2 de noviembre de 2022, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"Para los fines pertinentes, me permito remitir a ese estimable Órgano Colegiado el “Informe de control interno n.° ICI-007-2022, relativo a los controles establecidos por el Programa Voto en el Extranjero y seguimiento del informe n.° ICI-08-2014”.

En observancia a lo dispuesto por el artículo n.° 37 de la Ley General de Control Interno, n.° 8292, respecto del plazo en el que deben ser analizados los informes de auditoría que se remiten al jerarca, respetuosamente se les solicita disponer las acciones correspondientes, en el curso de los treinta días hábiles siguientes a su recibo.".

Se dispone: Para su estudio e informe conjunto, el cual deberá rendirse en el plazo de diez días hábiles, pase a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. ACUERDO FIRME.

C) Donación de bienes muebles declarados en obsolescencia. De la señora Sandra María Mora Navarro, Directora Ejecutiva, se conoce oficio n.° DE-3495-2022 del 4 de noviembre de 2022, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"Se hace de su conocimiento que esta Dirección se encuentra atendiendo el proceso de donación de los insumos que se consideran ya no utilizables ni beneficiosos para la institución debido a su obsolescencia, los cuales se encuentran ubicados en el almacén de Las Brisas –San Rafael Arriba de Desamparados, San José– unidad administrativa a cargo del Departamento de Proveeduría.

Este proceso se establece de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Administración de Bienes Muebles del Tribunal Supremo de Elecciones, en el artículo n.° 34.- Del donatario, que dice: “Podrán ser donatarios las instituciones públicas, las instituciones declaradas de interés público, de interés social o sin fines de lucro…”.  Así como en lo tipificado en el inciso c) del artículo n.° 35 del citado reglamento, que reza: “Recomendación de donación por parte de la Dirección Ejecutiva ante el Tribunal”.  Es por lo anterior que será designada la institución donataria que cumpla con los requisitos establecidos para tal fin y que expresen estar anuentes a recibir los bienes que se enlistaron en el oficio enviado por el Departamento de Proveeduría, iniciando y finalizando el grupo de estos con el número de activo tal y como se indica en el listado infra adjunto.

En apego al articulado anterior, este Despacho recomienda realizar el trámite de donación, sustentado en la información (lista de bienes) que remitió el Departamento de la Proveeduría, mediante el oficio n.° PROV-0319-2022 del 31 de octubre de 2022, lo cual, se dio a la baja del inventario con base al oficio n.° DE-3492-2022 del 2 de noviembre del año en curso, acto fundamentado en el inciso b) del artículo número 27 de la enunciada normativa.

Asimismo, se recomienda adjudicar este proceso bajo la figura supra indicada, siendo el beneficiario la Asociación Comunidad Cristiana Monte Alto, cédula jurídica 3-002-642488, organización clasificada como de interés social, la cual aportó la documentación que los acredita como Institución Donataria.  Además, es importante indicar que, en conversación telefónica sostenida con personeros de dicha organización, se estableció que se encuentran anuentes a recibir los bienes en desuso mencionados anteriormente, así como que cuentan con los medios de transporte suficientes para atender el retiro de los insumos donados.

Es importante señalar que todo el material para donar se encuentra abarcando, en este momento, gran parte del espacio físico del almacén, por lo que se hace necesario desocuparlo a corto plazo, con la finalidad de contar con las áreas suficientes para salvaguardar los materiales electorales y los insumos adquiridos por la institución para solventar las necesidades operativas diarias.

Por lo tanto, con fundamento en lo expuesto, esta Dirección sugiere se avale el proceso de donación de los recursos aquí expuestos, tal como lo indica el artículo n.° 33 de la mencionada reglamentación.".

Se dispone: Aprobar conforme se propone. Continúese con el trámite de rigor. ACUERDO FIRME.

D) Concierto navideño 2022. De la señora Katherine Boulak Vargas, Encargada de la Comisión de Asuntos Culturales, se conoce oficio n.° CAC-053-2022 del 4 de noviembre de 2022, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"De conformidad con lo acordado por el Tribunal Supremo de Elecciones en Sesión Ordinaria N° 028-2009, celebrada el diecisiete de marzo del citado año y comunicado mediante Circular STSE-0015-2009, de misma fecha; le adjunto el acta número 110-2022, correspondiente a la última sesión de la Comisión de Asuntos Culturales realizada el 31 de octubre del presente año.

Asimismo, por su digno medio hacemos del conocimiento del Superior lo acordado en el artículo segundo, que en lo que interesa a la letra señala:

“ARTÍCULO SEGUNDO. –Se hace de conocimiento de la Comisión de Asuntos Culturales, por parte de la señora Ana Beatriz Morales Mora, la propuesta para el concierto navideño 2022, el cual se pretende realizar en la entrada del salón de cédulas el viernes 16 de diciembre a partir de las 14:00 horas, con el propósito de que sea abierto al público y al personal institucional; en este participarán tres funcionarios que compartirán villancicos navideños.

Se acuerda: Aprobar conforme se propone. Solicitar al Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas la colaboración para grabar un video y presentar por streaming privado a través de YouTube para que los compañeros de las oficinas regionales también puedan disfrutar del concierto. Instar a las señoras magistradas y señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones a fin de que autoricen la asistencia de los funcionarios al evento, siempre y cuando no se vea afectada la prestación de los servicios que se brinda a los usuarios.”".

Se dispone: Autorizar conforme se solicita. La misma Comisión divulgará oportunamente la actividad a realizar. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO SEXTO. ASUNTOS DE ORGANISMOS ELECTORALES INTERNACIONALES.

A) Invitación XXXV Conferencia Protocolo Tikal. De la señora Dora Esmeralda Martínez de Barahona, Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral El Salvador, se conoce memorial del 1° de noviembre de 2022, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"Reciba un cordial saludo y deseos de éxitos en sus funciones diarias. Tengo el honor de dirigirme a usted en mi calidad de Magistrada Presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador y como representante de uno de los países miembros de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe, Protocolo de Tikal.

Me complace informarle que en esta oportunidad El Salvador tendrá el honor de ser la sede de la XXXV Conferencia Ordinaria presencial del Protocolo de Tikal, correspondiente al 2022 y cuyo tema principal será: “Avances y desafíos del uso de la tecnología en los procesos electorales".

La ocasión es propicia para invitar a dos funcionarios o funcionarias de su honorable organismo electoral para ser parte de este importante evento que se llevará a cabo entre el 21 y el 24 de noviembre del presente año en los Hoteles Hyatt Centric, San Salvador y Royal Decameron Salinitas, Sonsonate.

En ese sentido, le informo que los gastos de boletos aéreos, traslados internos, hospedaje y alimentación para las dos personas que asistan al evento serán asumidos por el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. Para efecto de hacer las coordinaciones pertinentes, requiero nos confirme los nombres de quienes asistirán, a más tardar el 4 de noviembre del presente año.

Su presencia y la de los organismos que conforman este importante Protocolo, dará mayor realce a nuestra Conferencia Ordinaria y abonará al cumplimiento de nuestro fin primordial de fortalecer los sistemas democráticos de nuestra región.

Sin otro particular, me suscribo expresando mis más altas muestras de consideración y estima.".

Se dispone: Agradecer a la señora Martínez de Barahona, la cordial invitación que cursa. Para atenderla se designa a los señores Zetty María Bou Valverde y Luis Diego Brenes Villalobos, Magistrados del TSE.

De conformidad con lo establecido por este Tribunal en el inciso h) del artículo cuarto de la sesión ordinaria n.º 87-2008, celebrada el 2 de octubre de 2008, en relación con el viaje en cuestión se detalla lo siguiente:

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO SETIMO. ASUNTOS EXTERNOS.

A) Proyecto denominado “Pago Electrónico en el Transporte Público” (SINPE-TP). Del señor Carlos Melegatti Sarlo, Director de la División de Sistema de Pago del Banco Central de Costa Rica, se conoce oficio n.° DSP-0085-2022 del 3 de noviembre de 2022, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual solicita la autorización del uso de las fotografías de los ciudadanos para utilizarlas en un nuevo instrumento de pago para la población adulta mayor, denominado “Tarjeta de Ciudadano de Oro (TCO)” el cual se encuentra en desarrollo.

Se dispone: Para su estudio e informe, el cual habrá de rendirse en el plazo de seis días hábiles, pase al Departamento Legal. ACUERDO FIRME.

B) Consulta legislativa del proyecto de Ley que modifica los artículos 58 y 60 en sus incisos a), b) y e) del Código Electoral, Ley n.° 8765”, expediente n.° 23.321. De la señora Daniella Agüero Bermúdez, Jefa de Área de Comisiones Legislativas VII del Departamento de Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa, se conoce nuevamente oficio n.° AL-CPAJUR-2113-2022 recibido el 31 de octubre de 2022 en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en virtud del informe del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto realizar consulta obligatoria a su representada sobre el Texto Base del proyecto de ley, “LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 58 Y 60 EN SUS INCISOS A), B) Y E) DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.° 8765”, Expediente N° 23.321, el cual se adjunta.

De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días que vencen el 10 de noviembre en curso [sic] y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital […]".

Se dispone: Contestar la consulta formulada, en los siguientes términos:

I.-Consideraciones preliminares. El ordinal 97 de la Carta Fundamental dispone en forma preceptiva que, tratándose de la “discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a la materia electoral”, la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) su criterio en torno a la iniciativa formulada y que, para apartarse de esa opinión, “se necesitará el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros”. Sin embargo, en los seis meses previos y cuatro posteriores a una elección popular, solo se podrán convertir en ley aquellos proyectos en los que este Tribunal estuviere de acuerdo.

Como parte del desarrollo normativo de la disposición constitucional de cita, el inciso n) del artículo 12 del Código Electoral establece, como función propia de esta Autoridad Electoral, evacuar las consultas que la Asamblea Legislativa realice al amparo de esa norma de orden constitucional.

A partir de la integración del ordenamiento jurídico conforme al Derecho de la Constitución y, concretamente, la interpretación de lo que debe considerarse “materia electoral”, este Órgano Constitucional ha entendido que los “actos relativos al sufragio” no solo comprenden los propios de la emisión del voto, sino todos aquellos descritos en la propia Constitución o en las leyes electorales y que, directa o indirectamente se relacionen con los procesos electivos o consultivos, cuya organización, dirección y vigilancia ha sido confiada a este Pleno, a partir de la armonización de los artículos 9, 99 y 102 de la Norma Suprema.

II.- Objeto del proyecto. La iniciativa legislativa n.° 23.321 aspira a modificar los artículos 58 y 60 del Código Electoral (Ley n.° 8765). Puntualmente, se pretende variar el esquema de constitución de una agrupación política para que el acto fundacional sea supervisado por la Administración Electoral (hoy basta que se protocolice ante notario público el acta de ese evento) y, además, se busca modificar el número de adhesiones que, según su escala, debe presentar una agrupación política en formación para gestionar su inscripción.

III.- Marco general previo. Los partidos, como asociaciones voluntarias de ciudadanos constituidas para articular la participación política (artículo 49 del CE), tienen dos tipos de funciones: a) institucionales; y, b) sociales. Dentro del primer grupo se encuentran aquellas acciones tendientes a que sus militantes obtengan puestos de gobierno y el desarrollo de estrategias para la consecución de ese fin; el ejemplo más claro de ese tipo de funciones está dado por la presentación de candidaturas a los cargos de elección popular y, evidentemente, la ideación de la campaña (preparación de una propuesta de gobierno, planes de comunicación política, etc.).

De hecho, la Constitución Política fortalece tales plataformas políticas otorgándoles un monopolio para la presentación de nóminas a las más altas plazas del gobierno nacional (Presidencia y Vicepresidencias de la República, y diputaciones a la Asamblea Legislativa), sea reconociéndoles como interlocutores privilegiados del diálogo político (artículo 98 el citado Texto Político Fundamental y sentencia n.° 000456-2007 de la Sala Constitucional). Tal monopolio, tratándose de los cargos de los gobiernos locales, se prevé en el estrato legal (sentencia de este Tribunal n.º resolución 303-E-2000).

Como parte de las funciones sociales, los partidos políticos, entre otras, consensuan intereses bajo una corriente ideológica, generan identidades políticas y articulan la opinión de grupos frente a determinados fenómenos. Consecuencia de lo anterior es que no deba concebirse a las agrupaciones como plataformas dedicadas únicamente a contender por el poder: su institucionalización y permanencia en el tiempo es requisito fundamental para lograr agregación social y la consolidación de un programa político.

Precisamente, la modificación que se realizó al artículo 96 constitucional en 1997 generó mejores condiciones para el asentamiento de los partidos, ya que, desde entonces, parte de los recursos de la contribución estatal deben ser destinados a satisfacer las necesidades de capacitación y organización política de las agrupaciones.

Sobre ese punto, en la resolución n.º 3146-E-2000, esta Autoridad Electoral indicó:

“Una de las motivaciones centrales que tuvo la Asamblea Legislativa para disponer la última reforma que sufriera el artículo 96 constitucional, fue permitir que la contribución estatal a los partidos políticos no sólo se destinara a sufragar los gastos coyunturales que deriven de los procesos electorales, sino también los de naturaleza permanente que demande la organización partidaria y la capacitación de sus miembros, en orden a promover a los partidos como entes permanentes que vivifiquen la democracia costarricense y que sirvan como instrumentos básicos para la participación política y no simples maquinarias electorales (así lo hacían ver diputados de todas las corrientes políticas durante el trámite legislativo correspondiente, como puede apreciarse en los folios 330, 437, 480, 540 y 612 del respectivo expediente).”.

Coherente con ese perfil de conglomerados políticos estables en el tiempo, el legislador, además, potencia la libertad de acción de los partidos reconociéndoles la posibilidad de que, en cualquier tiempo, puedan dar información política, difundir comunicados, realizar reuniones o actividades en sitios y recintos privados, sin necesidad de autorización alguna (artículo 136 del CE).

Pese a ese anhelo normativo porque los partidos sean estructuras sólidas, se está viviendo una época en la que se observa su sistemático debilitamiento; el alejamiento ciudadano con esas plataformas políticas, la desconfianza para con los políticos, la personalización de la política y variaciones en el sistema socio-jurídico han llevado a que las lealtades partidarias se difuminen y a que la cohesión entre los correligionarios se pierda, rasgos que socavan, desde las bases, a esos importantes actores del juego democrático.

En nuestro país es relativamente sencillo conformar un partido político, en tanto las estructuras territoriales, luego de la sentencia de la Sala Constitucional n.° 9340-2010 de las 14:30 horas 26 de mayo de 2010, inician preceptivamente con asambleas cantonales (voluntariamente las agrupaciones pueden decidir si contemplan órganos distritales), foros deliberativos que se integran con un mínimo de cinco ciudadanos, pero que pueden sesionar válidamente con tres personas.

Importa recordar que quienes se apersonen a constituir la respectiva asamblea cantonal no tienen que representar territorios distritales específicos, de forma tal que personas de una misma comunidad podrían estar siendo el primer eslabón de una lógica piramidal ascendente que, en su diseño original, aspiraba a ser representativa de todas las circunscripciones de la región.

De una revisión aleatoria realizada por personeros del Departamento de Registro de Partidos Políticos se pudo determinar que, por ejemplo, las agrupaciones que solicitaron inscripción luego de 2010 (año de la citada sentencia constitucional) lo hicieron prescindiendo de las asambleas distritales y en sus asambleas cantonales de Puntarenas, San Carlos y Desamparados solo estuvieron representados entre un cuarto y un tercio de los distritos que conformaban la correspondiente unidad administrativa. Esto muestra cómo ciertos sectores de una circunscripción tienen más peso que otros en la toma de decisiones, lo cual atenta contra la citada representación equitativa de todas las zonas del país.

    De otra parte, en esta última década se ha visto un incremento exponencial de las agrupaciones inscritas; actualmente, el Registro de Partidos Políticos está conformado por 145 fuerzas políticas, distribuidas de la siguiente manera: 32 a escala nacional, 22 a escala provincial y 91 a escala cantonal. Varios de esos partidos políticos solo han contendido una vez en comicios y otros tienen sus estructuras vencidas desde hace varios ciclos electorales, indicios de que se formaron no con la visión constitucional de ser espacios estables de agregación ciudadana, sino con un fin concreto: servir de plataforma política para un evento comicial específico.

    Pese a ello, este Tribunal no puede desinscribir a ninguna de esas fuerzas, en tanto el ordenamiento jurídico, a la luz del artículo 68 del Código Electoral y lo resuelto por la Sala Constitucional en la sentencia n.° 16592-2011 de las 15:30 horas del 30 de noviembre del 2011, solo contempla como causal de cancelación del asiento de un partido el que no obtenga, en la elección respectiva, un número de votos válidos igual o superior “al número de adhesiones exigidas”. En otros términos, aunque una agrupación no desarrolle funciones institucionales por varios años debe mantenerse inscrita, con la posibilidad de ser reactivada en cualquier momento, particularidad del sistema que aumenta los riesgos de aparición de agrupaciones” franquicia”, “fantasma” o taxi” que se transan a espaldas de la ciudadanía o que podrían servir para actividades ilícitas, como la legitimación de capitales.

    Un sistema representativo como el costarricense precisa de partidos políticos vigorosos, activos y transparentes; la calidad de la democracia y su solidez no se mide necesariamente por la cantidad de agrupaciones inscritas sino por la fortaleza de estas. Esas plataformas ciudadanas deben responder al principio democrático, a la interlocución de diversas visiones de mundo agrupadas bajo una propuesta programática definida y a la existencia de una militancia consolidada.

IV.- Sobre el fondo del proyecto. La iniciativa, en esencia, pretende dos cambios puntuales: a) variar el procedimiento de constitución de los partidos para que su acto fundacional sea supervisado por la Administración Electoral; y, b) modificar el número de adhesiones para inscribir una agrupación política, según su escala. Para una mayor claridad se abordarán, por separado, esas propuestas.

a) Supervisión del acto fundacional.  En la actualidad, un grupo de cien o cincuenta ciudadanos (según la escala del partido en formación) puede reunirse, sin ningún tipo de fiscalización, a realizar el acto fundacional de una agrupación que, luego de cumplir con los requisitos legales, será inscrita por la Administración Electoral. En ese evento se elegirá un comité ejecutivo provisional y se aprobarán los estatutos transitorios, de lo cual deberá dejarse constancia en un acta en la que, además, deben detallarse los nombres y las calidades de quienes asistieron; esa acta debe ser protocolizada, ante Notario Público como parte de los requisitos de inscripción (versión actual del artículo 58 del Código Electoral).

La iniciativa propone que ese carácter eminentemente privado del referido evento varíe para que se entienda como un acto que, por su trascendencia, debe ser fiscalizado por nuestros funcionarios, con lo cual esta Autoridad Electoral está de acuerdo. La verificación in situ de la asamblea fundacional por servidores electorales asegura que se cumplan los requisitos que establece el ordenamiento jurídico y, fundamentalmente, permite una mejor resolución de actos posteriores, como lo son la inscripción misma del partido, pudiéndose recopilar –de primera mano– datos sobre el quórum, identidad de los asistentes, entre otros aspectos que luego serán valorados para decidir sobre la solicitud de incorporación al registro público de agrupaciones políticas.

Pese a que la presencia de los funcionarios electorales es, como se dijo, un acto de supervisión, no implica que lo ocurrido se valide automáticamente, ya que, como lo ha señalado la jurisprudencia electoral para otro tipo de asambleas a las que también asiste personal institucional, la Dirección General del Registro Electoral y este Tribunal, dentro de sus competencias y en el marco de la revisión de legalidad de lo decidido por la respectiva militancia, tienen la facultad de, si hay motivo jurídico para ello, declarar nulidades acerca de lo actuado (entre otras, ver resoluciones números  2603-E2-2019, 5138-E2-2015 y 4701-E2-2013).

Este Pleno, tomando en consideración lo expuesto, estima importante no prescindir del requisito de protocolización del acta de la citada asamblea originaria: en ella se toman decisiones trascendentales, como la adopción del marco regulatorio interno transitorio que tiene los ejes programáticos sobre los que se congregará la nueva militancia y con base en el cual se buscarán las adhesiones. La intervención de un fedatario público que respalde lo que se consigna, provee de una seguridad jurídica mayor y da certeza y formalidad a un momento tan relevante como lo es el inicio de lo que, según se pretende, será una plataforma central e intermediaria entre la ciudadanía y el poder.

Por ello, se recomienda reestablecer el citado requisito de protocolización ante notario público en la iniciativa, al tiempo que se incluya, como elemento novedoso, la obligación de la Administración Electoral de supervisar la asamblea fundacional.

 b) Modificación al número de adhesiones. En Costa Rica el número de adhesiones para inscribir un partido político, con pocas excepciones, se ha mantenido prácticamente invariable desde 1946 a la fecha. A finales de la década de 1950, la legislación exigía un 2% del total de integrantes del padrón electoral como apoyo mínimo para instar la inscripción de un partido político a escala nacional, porcentaje que, en aquel entonces y con un padrón de 150.000 ciudadanos, equivalía a 3.000 rúbricas. Sin embargo, en 1953 la cifra de adhesiones se nominalizó, fijándose en 3.000, lo cual representaba alrededor de un 1%; la lista de electores había crecido hasta alcanzar un número cercano a los 294.000 votantes.

Esa lógica nominal para la inscripción de partidos nacionales se mantuvo durante toda la segunda mitad del siglo XX y es la que rige hoy; eso sí, en lo que respecta a las adhesiones para inscribir partidos provinciales y cantonales, el número de apoyos ha oscilado entre las 1.000 y 500 firmas, respectivamente, y el establecimiento de un porcentaje.

En 1953, el legislador consideró oportuno que las adhesiones para crear una nueva agrupación provincial o cantonal equivalieran al 1% del padrón correspondiente a la circunscripción de interés (artículo 64.e. de la extinta ley n.° 1536), norma que se mantuvo vigente hasta 2006, cuando la Sala Constitucional, en sentencia n.° 15960 – 2006 de las 14:53 horas del 1.° de noviembre de 2006, declaró inconstitucional la regla porcentual en tanto violaba el principio de proporcionalidad: se requerían 3.000 adhesiones para inscribir un partido nacional (cantidad nominal), mientras que el 1% como apoyo mínimo para agrupaciones provinciales, en algunos casos (por la concentración demográfica), resultaba ser el doble o el triple de esas 3.000 rúbricas. O sea, para constituir un partido en provincias como San José o Alajuela era necesario contar con más adhesiones que aquellas requeridas para inscribir una agrupación nacional.

Esta Magistratura Electoral estima que es fundamental ahormar la legislación electoral a la realidad sociodemográfica del país, en lo que respecta al número de adhesiones que se exigen como requisito para constituir nuevos partidos. El padrón electoral -a setiembre de este 2022- estaba conformado por 3.553.932 ciudadanos, lo cual significa que, por cada votante de 1953, hoy somos 24 o, puesto de otra manera, la lista de electores ha aumentado un 2400% en estos casi setenta años, si se toma como referencia base los 150.000 electores de los años 50 del siglo pasado. Ese crecimiento poblacional, como se vio, no se ha tomado en cuenta para ponderar cuál es el apoyo ciudadano mínimo que requiere un nuevo partido para inscribirse.

En esa lógica, corresponde a las señoras diputadas y a los señores diputados, en ejercicio legítimo del principio de discrecionalidad legislativa, el fijar cuál será el número de adhesiones que se exigirá a las futuras agrupaciones que se pretendan constituir; el límite a esa discrecionalidad son los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en los términos de la referida jurisprudencia constitucional.

La estrategia legislativa de fijar un porcentaje para el cálculo de adhesiones es óptima si se quiere evitar la disminución, en términos reales, de la representación ciudadana mínima que debe tener una nueva plataforma para ingresar al registro de partidos; el número de firmas crecerá con el aumento de la lista de electores. Además, el porcentaje fijado para los partidos nacionales se estima proporcionado, en tanto un 0.5% del total de electores representa, a hoy, 17.770 adhesiones, número de rúbricas muy por debajo de las poco más de 70.000 que se requerirían si se aplicara el 2% del electorado, como parámetro con el que, en su momento, se obtuvo la cifra de las 3.000 firmas que se nominalizó y ha acompañado la historia jurídico-electoral de la Segunda República.

Ahora bien, en lo que respecta a los porcentajes de adhesiones según el padrón electoral para los partidos provinciales (1%) y las agrupaciones cantonales (escalonado según la población de cada circunscripción) la propuesta resulta ser, por sus efectos, inconstitucional en los términos que expuso la Sala Constitucional en la citada sentencia n.° 15960 – 2006.

De acuerdo con las cifras del padrón electoral de setiembre de 2022 (disponibles en: https://www.tse.go.cr/pdf/padron/sumaria_pc.pdf), el número de adhesiones para conformar un partido político provincial según provincia es el siguiente:

Según las “Estadísticas demográficas. 2020. Estadísticas vitales: población, nacimientos, defunciones, matrimonios. Datos definitivos 2020” del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (recuperadas de: https://inec.cr/estadisticas-fuentes/estadisticas-demograficas?page=3), el cantón San José cuenta con una población de 347.398 personas, lo que equivale a poco menos de un 7% del total de habitantes del país. Además, esa circunscripción tiene empadronados a 235.079 electores.

Por su parte, la iniciativa en consulta, en el inciso g) que se propone incorporar al artículo 60 del Código Electoral, señala: “La conformación de partidos cantonales estará sujeta a la cantidad de personas electoras del respectivo cantón: (…) Cantones con cuatro por ciento (4%), pero menos de un ocho por ciento (8%) de la población total del país, requerirán un número de adhesiones equivalente a los cuatro punto cinco por ciento (4.5%) de las personas electoras del cantón inscritas en el Registro Civil a la fecha de constitución del partido.”.

Realizados los cálculos aritméticos que contempla la iniciativa, se concluye que a las agrupaciones ciudadanas que aspiren a ser un partido cantonal de San José deberán presentar un total de 10.579 firmas, número de rúbricas considerablemente mayor a aquel que se necesitaría para constituir agrupaciones provinciales (o sea, de mayor escala) en seis de las siete provincias del país. Similar situación ocurre con Pérez Zeledón, cantón que tiene una concentración de población cercana al 3% del total de habitantes de la República y una lista de electores conformada por 117.527 ciudadanos, necesitándose, según la lege ferenda, 4.701 adhesiones, sea más apoyo de lo que requiere una plataforma política que aspira a inscribirse a nivel provincial en Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón.

Ese mismo fenómeno se presenta en La Unión donde se exigirían 2.989 adhesiones a un partido cantonal (un partido provincial en Limón y Guanacaste necesitaría menos rúbricas) y en el cantón Alajuela (9.796 adhesiones), por citar solo dos de varios casos en los que se presenta el supuesto según el cual un partido de menor escala estaría siendo obligado a cumplir con requisitos más gravosos que uno de un nivel territorial superior.

Esa particularidad es contraria al Derecho de la Constitución, pues, como lo expuso el Tribunal Constitucional en la repetidamente citada sentencia n.° 15960 – 2006:

“… para inscribir un partido en la provincia de San José, se requeriría de nueve mil doscientos treinta (9.230) adhesiones; y en Alajuela, de cuatro mil quinientos cincuenta y cinco (4.555); mientras que para los casos de constituirse un partido provincial en Cartago, dos mil ochocientos noventa y uno (2.891) firmas, en Heredia, dos mil cuatrocientos noventa y seis (2.406); en Puntarenas dos mil doscientos setenta (2.270) firmas; en Limón, mil novecientos sesenta y cinco (1.965), y en Guanacaste, mil setecientos dos (1.702) adhesiones. De tales números es claro el agravamiento de requisitos cuando se trata de inscribir partidos de escala provincial,  frente a las tres mil adhesiones que se exigirían para inscribir ese mismo partido a escala nacional, siendo que tal distinción desafía el sentido jurídico de proporcionalidad porque deja abierta una posibilidad de que para partidos de escala menor que la nacional se exija una mayor cantidad de adhesiones que las requeridas para los partidos de la mayor escala en nuestro sistema electoral.  Con esto se evidencia una inconstitucionalidad al quedar demostrada una diferencia de tratamiento que excede los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad que deben regirlo, pues el mecanismo resulta ineludiblemente con el pasar del tiempo en una desmedida y excesiva exigencia del número de adhesiones requerida para la inscripción de partidos políticos a escala provincial y cantonal, frente a esa misma requisito en el caso de partidos nacionales que, por un sentido lógico básico debería ser tomada como máxima justamente porque su escala cubre todo el país. Con ello se advierte que el mecanismo de fijación de cantidad de firmas a escala provincial tiene entonces un defecto de origen que ya ha producido un desfase como el que reflejan los números recién transcritos de las provincias de Alajuela y San José, en tanto para inscribir un partido de escala provincial en San José se requieren casi un número triple de adhesiones y para hacer lo mismo en Alajuela se requieren casi un tercio más.  Esto hace que la Sala se incline por acoger la acción de inconstitucionalidad planteada contra la norma discutida por ser ésta contraria al principio de igualdad de tratamiento.” (el resaltado no corresponde al original).

    En razón de que la fórmula que prevé el proyecto, como se indicó, genera una inconstitucionalidad por sus efectos, este Tribunal, respetuosamente, sugiere a la Asamblea Legislativa la siguiente redacción que supondría, únicamente, una reforma a la redacción actual del numeral 60 del Código Electoral. 

“e) Un número de adhesiones equivalente al 0,5% de los electores del padrón nacional, a la fecha de constitución del partido, si se pretende inscribir a esa escala. Ese porcentaje de adhesiones se calculará con base en la lista de electores de la respectiva provincia o cantón, si el partido pretendido lo es a alguna de esas escalas. En cualquier caso, la cantidad de adhesiones exigida no podrá ser inferior a tres mil (3.000) en el caso de los partidos provinciales y mil (1.000) para las agrupaciones cantonales.”.

    El porcentaje del 0.5% podría variarse a uno que estimen los legisladores como pertinente y proporcional, pero se aplicaría ese único ponderador a los respectivos padrones, según escala del partido en formación: nacional, provincial o cantonal. Esa fórmula elimina el riesgo de que la norma, no por su diseño sino por sus efectos, se torne inconstitucional.

IV.- Conclusión. Por los motivos expuestos, este Tribunal Supremo de Elecciones, en los términos y con los alcances del artículo 97 constitucional, objeta la iniciativa legislativa que se tramita en el expediente n.° 23.321. Tal objeción está referida a los incisos f) y g) que se pretenden incorporar en el artículo 60 del Código Electoral, por lo que se levantaría si se modifica la redacción de esas normas, en el sentido sugerido en el apartado anterior o en otro con efectos equivalentes y que no provoque la inconstitucionalidad que ha sido apuntada. ACUERDO FIRME.

A las doce horas terminó la sesión.