ACTA N.º 51-2019

Sesión ordinaria celebrada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, con asistencia de los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González –quien preside–, Eugenia María Zamora Chavarría y Max Alberto Esquivel Faerron.

ARTÍCULO PRIMERO. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.

A) Se leyó y aprobó el acta de la sesión ordinaria inmediata anterior.

ARTÍCULO SEGUNDO. ASUNTOS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

A) Aclaración sobre propuesta de modificación al Manual Descriptivo de Clases de Puestos. Del señor José Francisco Rodríguez Siles, Director Ejecutivo, se conoce oficio n.° DE-1320-2019 del 13 de mayo de 2019, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual plantea aclaración sobre la propuesta de modificación al Manual Descriptivo de Clases de Puestos, remitida mediante oficio n.° DE-1250-2019 y conocida en el artículo segundo de la sesión ordinaria n.º 48-2019, celebrada el 9 de mayo de 2019.

Se dispone: Hágase del conocimiento de los estimables representantes sindicales. ACUERDO FIRME.

B) Integración de la Comisión de la persona en condición meritoria. De los señores Hugo Picado León, Director General del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), Jocelyn Brown Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Richard Poveda Solórzano, Jefe de la Oficina de Seguridad Integral, se conoce oficio n.° RH-0943-2019 del 15 de mayo de 2019, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiestan:

"En sesión ordinaria n.°27-2019 de 05 de marzo de 2019, el Tribunal Supremo de Elecciones aprobó el “Reglamento para la prestación de colaboración de la persona en condición meritoria”, publicado en La Gaceta n.°64 de 01 de abril de 2019.

Esa normativa indica, de manera textual, lo siguiente: “Todos los asuntos relativos a las personas meritorias serán gestionados ante la Comisión de meritorios, integrada por un representante del Departamento de Recursos Humanos, del Instituto de Formación y Estudios en Democracia y de la Oficina de Seguridad Integral.” Así las cosas, se hace de conocimiento del Tribunal, que de dicha comisión estará integrada de la siguiente forma:

Cabe mencionar que, por la naturaleza de las tareas encomendadas a esta Comisión, se estima conveniente que el Departamento de Recursos Humanos, salvo superior criterio, funja como “secretaría técnica” y por ello se contará con la colaboración de la funcionaria Diana Gómez Céspedes, para la atención de las actividades administrativas y de control que emanen de las acciones generadas, según lo indicado en el artículo 3°, párrafo segundo.

En ese orden de ideas, si el Tribunal lo tiene a bien, la Comisión de Meritorios (CMER), estaría integrada por las personas indicadas, e iniciará funciones con el equipo de trabajo que se propone.".

Se dispone: Aprobar conforme se propone. ACUERDO FIRME.

C) Gestión de funcionarios respecto de embargos de salario. De varios funcionarios de estos organismos electorales, se conoce memorial del 15 de mayo de 2019, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual solicitan sea valorada por este Tribunal la normativa de “Protección del salario mínimo embargable”.

Se dispone: Para su estudio e informe, pase al Departamento Legal. ACUERDO FIRME.

D) Solicitud del funcionario Steve Granados Soto para regresar a su puesto en propiedad en la Oficina Regional de San Carlos. De la señora Jocelyn Brown Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-0946-2019 del 17 de mayo de 2019, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"En sesión ordinaria n.º 120-2018, celebrada el 18 de diciembre de 2018 por el Tribunal Supremo de Elecciones, el superior aprobó, entre otros movimientos, la prórroga del nombramiento interino del señor Steve Granados Soto en la plaza n°. 368608 de la clase Técnico Funcional 2, puesto Asistente Electoral en el Departamento de Programas Electorales.

Sin embargo, mediante nota recibida en este despacho el pasado 29 de abril de los corrientes, suscrita por el señor Granados Soto, -por los motivos que se sirve exponer- solicita regresar a su plaza en propiedad n.° 90225 perteneciente a la clase Asistente Funcional 3, puesto Asistente 3 de Oficina Regional, destacado en la Oficina Regional de San Carlos.

Cabe indicar que se generó una cadena de nombramientos, por lo que, la gestión que ahora nos ocupa, impacta a quien desempeña la plaza n° 90225, ocupada interinamente por la señora Kattia Yorlene Jiménez Zamora, pues tiene que devolverse a su plaza en propiedad n° 76404 perteneciente a la clase Asistente Funcional 2 -puesto Asistente 2 de Oficina Regional-. A su vez, el cargo n° 76404 se encuentra ocupado por el señor Eloy Johnny Méndez Miranda y ello también ocasiona que deba regresar a su plaza en propiedad n° 46154, que se encuentra ocupada por el señor Eduardo Salazar Peck, cuyo nombramiento es interino desde el 1° de marzo de 2017.

Así las cosas, salvo superior criterio, este departamento considera viable el regreso del señor Granados Soto a su puesto, lo que se recomienda se haga efectivo a partir del 1° de junio de los corrientes.

Finalmente, en virtud de la similitud que guarda este caso con el acuerdo tomado por el Tribunal en sesión n° 34-2019, y dado el informe del Departamento Legal -oficio DL-234-2019 de fecha 7 de mayo de 2019- que, en el apartado de conclusiones, literalmente indicó:

“Dado que el acuerdo que dispuso el ascenso temporal de la funcionaria (…), así como su inminente regreso al puesto de Profesional Ejecutor 1, fue adoptado antes de la vigencia de la Ley n.° 9635, este Departamento considera que en apego al artículo 3 del Reglamento a dicha ley, deben respetarse -a título de derechos adquiridos- aquellos componentes salariales que integraban el salario total de la servidora en dicho puesto, obtenidos válidamente antes de la promulgación de la citada Ley.”, los componentes salariales del señor Granados Soto serán asociados a los que adquirió en su puesto en propiedad.".

Se dispone: Aprobar conforme se recomienda. ACUERDO FIRME.

E) Propuesta de ascenso en propiedad en la Sección de Opciones y Naturalizaciones. Del señor Luis Guillermo Chinchilla Mora, Director General a. i. del Registro Civil, se conoce oficio n.° DGRC-0489-2019 del 16 de mayo de 2019, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"Con fundamento en lo dispuesto en nuestra ley de salarios y su reglamento, asimismo lo expuesto en los oficios que se dirá, elevo a conocimiento de las señoras magistradas y señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, la aprobación del ascenso en propiedad que se detalla a continuación:

Quedo atento a lo que bien estime disponer el Superior.".

Se dispone: Ascender conforme se propone. ACUERDO FIRME.

F) Encargo de funciones de la señora Inspectora Electoral. Del señor Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General de este Tribunal, se conoce oficio n.° STSE-1009-2019 del 20 de mayo de 2019, mediante el cual literalmente manifiesta:

"En atención a lo solicitado por la respectiva jefatura y previo análisis de los requisitos y condiciones, me permito proponer la aprobación del encargo de funciones que se detalla a continuación:

Quedo atento a lo que a bien estime disponer el Tribunal.".

Se dispone: Aprobar el encargo de funciones conforme se propone. ACUERDO FIRME.

G) Informe del estudio para trasladar puestos de servicios especiales a cargos fijos. Del señor José Francisco Rodríguez Siles, Director Ejecutivo, se conoce oficio n.° DE-1394-2019 del 20 de mayo de 2019, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual, como parte del Plan de Estabilización y Racionalización de la Planilla del TSE, rinde informe del estudio para trasladar puestos de servicios especiales a cargos fijos y, con fundamento en una serie de consideraciones, literalmente recomienda:

"4- Conclusiones 

4.1 El estudio estableció, producto de una revisión preliminar de los 290 puestos de servicios especiales que, en su mayoría tienen varios años de estar en la planilla institucional desarrollando tareas de carácter permanente, la definición de una base de estudio a la que se le aplicaron los criterios fijados en la metodología explicada en el apartado de Análisis de este informe.

4.2 Se llega a establecer, producto del análisis razonado y motivado, el primer grupo de 90 puestos de servicios especiales, que en cumplimiento a los objetivos - por cantidad y formalidad - del Plan de Estabilización y Racionalización de la Planilla del TSE, deben pasarse a la modalidad de cargos fijos para el ejercicio presupuestario 2020, según el detalle que luce en la siguiente tabla, dado que a través de ellas se ejecutan labores permanentes y atinentes al giro normal de las unidades administrativas en las que están adscritos y que además son indispensables para el correcto accionar institucional.

4.3. Colateralmente, se identificaron algunas oportunidades de mejora, de situaciones en que debe ajustarse la descripción de algunos de los puestos en estudio, de manera que el paso de las 90 plazas a cargos fijos vaya aparejado a la correcta definición de los cargos en el Manual Descriptivo de Clases de Puestos.  En la siguiente tabla se puntualizan los puestos y se explican las acciones para las modificaciones requeridas. 

5-        Recomendaciones

5.1 Trasladar a la modalidad de cargos fijos para el ejercicio presupuestario 2020, los 90 puestos de servicios especiales que se detallan en la tabla que aparece en la conclusión 4.2.

5.2 Que las unidades concernidas, según se indica en el apartado de acciones recomendadas de la tabla consignada en la conclusión 4.3, procedan con lo señalado en estas.".

Se dispone: 1.- Incorporar al orden del día. 2.- Tener por rendido el informe, cuyas conclusiones y recomendaciones se acogen. ACUERDO FIRME.

H) Solicitudes para cambiar fecha de rige y dejar sin efecto nombramientos interinos. De la señora Jocelyn Brown Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-0981-2019 del 20 de mayo de 2019, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"En sesión n.° 50-2019 celebrada el 16 de mayo del año en curso y comunicado mediante oficio número STSE-0998-2019 de misma data, el Tribunal Supremo de Elecciones aprobó los nombramientos interinos de Karolyn Guadamuz Valverde y Melissa Muñoz Chaves en plazas de Asistente Administrativo 1 -SU- de servicios especiales del Departamento de Programas Electorales. No obstante, mediante nota recibida el día 20 de mayo – la cual se adjunta – la señora Guadamuz Valverde indica que “…soy madre de un niño de tres años el cual está bajo mi cuidado exclusivo y por motivos de logística y lo inesperado de la llamada en la que se solicitaba mi presencia a partir del viernes en la institución, se me hacía imposible poder coordinar con alguna otra persona su cuido durante todo el día…”

En cuanto a la señorita Muñoz Chaves, por medio de correo electrónico recibido el día 20 de mayo – el cual se adjunta –  indica que “…debido a una posibilidad laboral que se me presentó hace poco, el puesto que se me había ofrecido para laborar con el TSE por el momento no la puedo aceptar, ya que no tendría la disponibilidad requerida...”.

En virtud de lo anterior, y si el Tribunal no tiene objeción, se solicita modificar la fecha de ingreso a estos organismos electorales de la señora Guadamuz Valverde, de tal forma que sea a partir del día 20 de mayo del presente año y dejar sin efecto el nombramiento interino de la señorita Muñoz Chaves que se aprobó en la citada sesión.".

Se dispone: 1.- Incorporar al orden del día. 2.- Modificar la fecha de ingreso de la señora Guadamuz Valverde y dejar sin efecto el nombramiento interino de la señorita Muñoz Chaves, conforme se propone. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO TERCERO. ASUNTOS DEL PADRÓN NACIONAL ELECTORAL.

A) Informe de la sumaria del Padrón Nacional Electoral y nuevas personas electoras para el mes de abril de 2019. Del señor Luis Guillermo Chinchilla Mora, Director General a. i. del Registro Civil, se conoce oficio n.° DGRC-0482-2019 del 14 de mayo de 2019, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual remite el informe de la sumaria del Padrón Nacional Electoral y de nuevas personas electoras correspondientes al mes de abril de 2019.

Se dispone: Tener por rendido el informe; continúese informando sobre el particular. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO CUARTO. ASUNTOS DEL CUERPO NACIONAL DE DELEGADOS.

A) Comunicación de renuncias y defunciones de personas integrantes del Cuerpo Nacional de Delegados. Del señor Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, se conoce oficio n.° DGRE-0291-2019 del 15 de mayo de 2019, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual informa de renuncias y defunción de integrantes del Cuerpo Nacional de Delegados.

Se dispone: Tener por presentadas las renuncias y tomar nota de la defunción referida. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO QUINTO. ASUNTOS INTERNOS DIVERSOS.

A) Presentación del Informe de Labores 2018. Se dispone: El lunes 20 de mayo de 2019, se presentó ante las autoridades nacionales y ante la ciudadanía costarricense el Informe de Labores 2018 de este Tribunal, dentro de cuyo marco el señor Magistrado Presidente, Luis Antonio Sobrado González, pronunció a las 10:30 a.m. en el auditorio institucional el discurso que a continuación se transcribe:

"¡Buenos días!

Presentar este informe de labores, correspondiente al año 2018, es para mí un gran orgullo. Lo es, porque hicimos las cosas muy bien. Lo es, porque ese desempeño repercutió en la estabilidad de nuestro sistema político y en una mejor atención a nuestros conciudadanos. Y lo es porque, en lo personal, me permite una mejor perspectiva del camino andado y de todo lo que ha cambiado el Tribunal Supremo de Elecciones en los últimos años. Sin ir más lejos, ejercicios de rendición de cuentas como este, ya el decimosegundo, es algo que no se hacía cuando fui nombrado magistrado electoral.

Pemítanme contrastar al Tribunal de hoy con una fotografía en sepia que me proporcionan mis recuerdos de hace dos décadas. En aquel tiempo se sesionaba diariamente para conocer todo tipo de asuntos administrativos, debiendo en mis primeras sesiones, por ejemplo, autorizar la reparación de una máquina de escribir manual. Se carecía de infraestructura y rutinas jurisdiccionales, puesto que la justicia electoral se encontraba menos que en pañales. No existían oficinas ni funcionarios especializados que se dedicaran permanentemente a evaluar, planificar y desarrollar la logística electoral, como tampoco encargados de la comunicación institucional, la auditoría interna y la contraloría de servicios. Teníamos una participación apenas marginal en la fiscalización del financiamiento partidario y en la promoción de cultura democrática. La página web no ofrecía información relevante sobre los partidos politicos, los procesos electorales ni la gestión administrativa.  Tampoco, a diferencia de lo que hoy ocurre, daba acceso a la base de datos registrales, a la adquisición de certificaciones digitales, a publicaciones ni a un largo etcétera.

Veinte años después, tenemos una organización electoral sustancialmente diferente. Tecnológicamente modernizada; con sus competencias expandidas en pro de una mejor realización del ideal democrático; más sensible a las demandas populares y a la marginación social; haciendo realidad el imperativo constitucional de justicia pronta y cumplida; con una organización interna más horizontal y competente para asumir los desafíos del siglo XXI. Y sí, con el compromiso de la mejora constante.

Esta transformación es el telón de fondo del informe que hoy se presenta, que orbita en torno a cuatro objetivos profundamente arraigados en la cultura institucional de este Tribunal: defensa de la democracia y del derecho al sufragio; eficiencia y mejora de servicios; inclusión y protección de los derechos humanos; y, por último, promoción de ciudadanía.

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Respecto de la defensa de la democracia y del derecho al sufragio, destaca, desde luego, que el 2018 fue un año de elecciones generales, prolongadas con la celebración de una segunda ronda. Se trató de comicios particularmente complejos, impactados por el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que introdujo al debate político elementos polarizantes e identitarios. Nosotros, como árbitros de la contienda, debimos reconducir ese explosivo factor pasional por las vías institucionales para garantizar, una vez más, que los costarricenses pudieran renovar a sus autoridades de gobierno en paz, libertades irrestrictas y sin menoscabo de su convivencia. A ello contribuyó la confianza que se tiene en la Institución y la mística de sus funcionarios, así como la prudencia y mesura de la magistratura, en su delicado rol de juez electoral y comunicador institucional.

A ello contribuyó, también, la solvencia técnica y tecnológica que este Tribunal ha ido acumulando con los años. Solvencia que se manifestó, por ejemplo, en el rotundo éxito de nuestra plataforma de transmisión de datos, que nos permitió ofrecer resultados preliminares con alto grado de precisión y en un tiempo aún mejor que el logrado en las elecciones de 2014.

Aparte del reconocimiento general de la opinión pública, las evaluaciones técnicas de la elección ratificaron dicho éxito organizacional. El informe de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, destacó las buenas prácticas de nuestros procesos electorales. Recalcó la solidez de la institucionalidad democrática, que ubica al país en una posición ejemplar en la región. Y reconoció la gran confianza de que goza el Tribunal por parte de los distintos actores políticos, la academia y la ciudadanía en general.

La organización de elecciones va acompañada, en un organismo electoral unificado como el costarricense, de la impartición de justicia electoral. Por ello, aparte de las más de 8 mil resoluciones registrales civiles y 360 administrativas dictadas durante el año, firmamos 345 sentencias electorales. De estas últimas, las más relevantes giraron en torno a la defensa de un derecho fundamental que es básico para que unas elecciones puedan calificarse como democráticas: la libertad de expresión. Y ello en materias tan delicadas como la invocación de motivos religiosos en las campañas, la responsabilidad de los medios de comunicación respecto del contenido de la publicidad electoral que pauten y, también, la difusión de encuestas y sondeos de opinión por redes sociales o en grupos cerrados.

Otra responsabilidad institucional, estrechamente vinculada con la defensa de la democracia y del derecho al sufragio, es el control del financiamiento partidario. El 2018 fue un año de procesos de revisión de liquidaciones de gastos de la campaña. Fueron 9 los partidos políticos que obtuvieron derecho a optar por la contribución estatal y a esas liquidaciones se sumaron las de los gastos permanentes de organización y capacitación de los partidos. Tanto los gastos de campaña, como estos de carácter permanente, son sometidos a rigurosos procesos de revisión, que se traducen en informes técnicos del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos; procesos que culminan con resoluciones del propio Tribunal. Adicionalmente, la Institución, de manera permanente, analiza la información financiera y los reportes de contribuciones que remiten los partidos, a efectos de verificar que cumplan con lo establecido en el ordenamiento electoral.

Por último, cabe destacar el apoyo, asesoría y fiscalización que el Tribunal prestó en dos consultas locales celebradas durante el 2018. La primera, organizada en mayo con el objetivo de que los ciudadanos de Paraíso de Cartago, mediante un plebiscito revocatorio de mandato del alcalde, se pronunciaran sobre la continuidad de quien ocupa ese cargo. La segunda, en junio, para que los nicoyanos, también en plebiscito, se pronunciaran sobre la creación de un concejo municipal de distrito en Nosara.

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El segundo de nuestros grandes objetivos es el de la eficiencia y mejora de servicios. No solo nos exigimos los más altos estándares mundiales en la organización y arbitraje de los procesos electorales, sino que, paralelamente, nos planteamos nuevos retos de mejora en la prestación de los servicios registrales civiles a la población. permítanme enumerarles algunos ejemplos:

Durante 2018 se mantuvo la utilización creciente del sistema de registro de nacimientos en línea. Una forma de hacer la declaración de nacimientos automática, segura y eficiente, desde diversos centros hospitalarios del país, que el año pasado se incrementó en un 17,7%.

Asimismo, se puso en marcha el plan piloto de declaración de defunción en línea en el Hospital San Vicente de Paúl. Esta herramienta genera de inmediato la respectiva inscripción y permite certificar tanto ese hecho, como la condición de viudez resultante. También hace posible que la Dirección Nacional de Pensiones, el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del Seguro Social disminuyan las cifras giradas de más por concepto de salarios y pensiones, en los casos de las personas fallecidas a las cuales se les continuaba pagando.

En realidad, son muchos los servicios cuya prestación hemos logrado agilizar durante los últimos años. Así, respecto del tiempo promedio de entrega de la cédula de identidad, dejamos de contarlo en días, para empezar a medirlo en horas hábiles. En otros casos, en los que el tiempo ya se medía en minutos, como el promedio de espera para la atención en el servicio de tarjeta de identidad de menores, la solicitud de certificaciones o las consultas en la Sección de Actos Jurídicos, redujimos esos lapsos a la mitad o incluso a un tercio de lo que nos tomaba antes. Y en otros, más complejos, también tenemos cuantificada una mejoría significativa: hoy, el promedio para resolver una solicitud de naturalización es de 195 días hábiles (en 2015 la meta programada era de 615) y, para resolver un ocurso, se bajó de 100 días hábiles en 2012 a 40 en 2018.

Resultan también destacables las importantes mejoras en la seguridad y en el uso de los recursos públicos destinados a algo tan sensible como la identificación ciudadana. En esta materia sobresale la tecnología de identificación biométrica. El año pasado avanzamos para pasar, en el corto plazo, de una identificación bidactilar a una decadactilar e incorporar, como complemento, la identificación por reconocimiento facial. Y hoy inauguramos el repositorio nacional de identificación biométrica, que generará ahorros millonarios al Estado, evitando la duplicidad en inversiones y brindando un soporte moderno y seguro a servicios como los policiales y de salud.

No menos importante es lo relativo a nuestro nuevo sistema de gestión de cédulas: con el Centro de Personalización de Documentos de Identidad, se expide la cédula de identidad con las mejoras de seguridad y durabilidad reportadas en el informe de 2017. El ahorro en la producción del documento se mantiene, tanto en lo que respecta a las solicitudes de cédula por deterioro, como por los casos de reimpresión defectuosa, cuyo costo es asumido por el contratista. Dicho ahorro en 2017 fue de $248.650, mientras que en 2018 se estimó en $343.173.

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El tercer gran eje de acción es el de inclusión y protección de los Derechos Humanos. Los esfuerzos descritos en aras de la prestación de un mejor servicio público, adquieren una trascendencia mayor cuando se trata de la atención de poblaciones vulnerables y de la defensa de sus derechos humanos.

Una de esas acciones fue la nueva herramienta de traducción de información electoral, tanto en lenguaje LESCO como en lenguas indígenas, que se facilitó por intermedio de nuestro sitio web.

Con ese mismo afán inclusivo, se amplió el programa de regionalización. Este ha mejorado considerablemente los tiempos de respuesta de los servicios civiles, descentralizándolos y proporcionándolos directamente desde las oficinas regionales. Durante 2018 se amplió a 8 zonas y, a la fecha, opera en 14 oficinas regionales.

También se amplió el servicio de puntos fijos regionalizados, con ocho más. Consiste en ofrecer a la población la facilidad de realizar diversos trámites en zonas rurales de gran afluencia, pero donde no existe oficina regional del Tribunal. Para ello, se coordinó con las autoridades municipalidades para que, en Pavón, La Cruz, Bagaces, Matina, Cóbano, Paquera, Puerto Jiménez, Monteverde, Miramar, Manzanillo, Espíritu Santo, Acapulco, Peñas Blancas y San Ignacio de Acosta, se nos facilitara un espacio, por 2 días al mes, con el objetivo de que un funcionario nuestro pudiera prestar servicios a aquellos ciudadanos que así lo requirieran.

Asimismo, se diseñó un modelo de atención diferenciada para la prevención de la apatridia en zonas indígenas y fronterizas. Esto con base en las labores llevadas a cabo en el marco del programa “Chiriticos”, pues consolida las acciones, lineamientos y directrices girados por el Registro Civil para atender la problemática de la ausencia de nacionalidad.

Por otro lado, atendiendo al interés superior de los menores de edad, se reformó el Reglamento del Registro del Estado Civil para que se entienda como válido el documento extranjero de identificación de sus progenitores, cuando se trate de trámites para declarar un nacimiento, realizar un reconocimiento, determinar una paternidad o identificar a un menor para la emisión de su documento de identidad.

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El cuarto propósito que guió nuestros esfuerzos fue el de la promoción de ciudadanía. Una labor de cada vez mayor relevancia en las sociedades contemporáneas y que trasciende las propias de nuestro Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Durante el año 2018, con acciones de formación, información y comunicación, el Tribunal promovió entre los costarricenses el ideal democrático de una ciudadanía de alta intensidad, entre otras, mediante las siguientes acciones:

Se abordaron 35 ejes temáticos en más de una centena de actividades de formación en democracia, una cuarta parte de las cuales se realizó fuera del área metropolitana.

Por otro lado, los partidos políticos, actores irremplazables de la democracia moderna, también tienen grandes necesidades de apoyo para la capacitación. En respuesta a ello, les ofrecimos una variedad de actividades formativas. También se puso a su alcance distintos recursos virtuales, dirigidos a mantenerlos informados y a facilitarles una capacitación en línea permanente, con diversidad de contenidos propios de su quehacer. Así, se capacitó a 37 partidos y se trabajó con poblaciones específicas de estos, según los ejes temáticos de tesorerías, mujeres, juventud, encargados de capacitación electoral y de la comunicación política.

De cara a las elecciones generales, se activó el programa Votante informado, con el objetivo de brindar a la población espacios informativos y formativos para el ejercicio del voto. Incluyó el desarrollo de tres actividades: los programas de radio Costa Rica elige, comparaciones programáticas de las propuestas partidarias en la página web y debates televisivos. En enero se desarrolló El Debate de Todos, único en el que participaron los 13 candidatos a la Presidencia de la República. Se transmitió en vivo por Canal 13 y vía Facebook Live del Tribunal y de Costa Rica Medios. El debate de la segunda ronda electoral fue denominado El Debate del Cómo. Ambos tuvieron muy buen rating.

Asimismo, se implementó la aplicación Votante Informado CR, de descarga gratuita para los usuarios de teléfonos inteligentes y tabletas. Esta ofreció información relevante relacionada con el proceso electoral, como lugar de votación, candidaturas, fechas importantes del cronograma electoral, acceso a preguntas frecuentes sobre las elecciones y recepción de denuncias. La aplicación fue instalada en 43.780 dispositivos móviles.

En cuanto a campañas de comunicación propiamente dichas, durante enero se mantuvo la denominada Un voto informado es un voto inteligente, sea responsable con Costa Rica. Para la segunda vuelta se promovió la campaña A mí no me da igual, vote y ame a su país. Contaron con cortos televisivos testimoniales, motivacionales e informativos, cuñas de radio, cuñas en lenguas indígenas, pantallas externas e internas en centros comerciales, cines, cable y banner web en páginas de mayor visitación, tanto a nivel nacional como internacional, con un mensaje para los costarricenses empadronados en el extranjero.

También fue vigorosa nuestra presencia en las redes sociales y multimedia. En 2018, contabilizamos 65.452 seguidores en Twitter y 140.113 en Facebook. En YouTube, el canal TSECostaRica cuenta con 2.888 suscriptores y, en Instagram, con 2.316 seguidores. En total, se atendieron en redes 8.925 consultas de usuarios. Paralelamente, la producción audiovisual ha tenido un ritmo creciente en relación con el año anterior: casi una centena de trabajos audiovisuales; se grabaron y editaron 20 actividades académicas; 22 transmisiones en directo; 31 producciones de audio y 253 radiofónicas para nuestro programa ConéCTSE, en radio Universidad.

Por último y dentro de los esfuerzos informativos del Tribunal, en las elecciones de 2018 volvimos a poner a disposición de los costarricenses el visualizador de resultados electorales. Esta vez con una innovación: el acceso a la imagen digital de cada una de las actas levantadas en la totalidad de juntas receptoras de votos, elemento que refuerza la transparencia y confiabilidad de los datos consignados. La utilización de esta herramienta es masiva. Por ejemplo, solo la noche del 4 de febrero, el visualizador recibió casi un millón y medio de visitas.

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Sí, en el 2018 cumplimos con nuestro deber. Defendimos la democracia y el derecho al sufragio de todos los costarricenses. Desempeñamos nuestras tareas con eficiencia y mejoramos, un año más, la prestación de nuestros servicios. Honramos nuestra vocación por la inclusión y la protección de los derechos humanos. Y promovimos ciudadanía.

Todo ello le permitió al Tribunal Supremo de Elecciones ser factor de estabilidad para el país, en medio de una coyuntura de profundos reacomodos sociopolíticos y de natural incertidumbre frente a un proceso electoral con nuevas reglas, nuevos actores y nuevos temas. Lo que no fue nuevo, lo que ya los costarricenses han asumido casi como natural y dan por descontado, es la solvencia técnica y probidad ética de sus autoridades electorales. Prestarles ese servicio de manera íntegra, fiable y competente, y liberarlos así de esa preocupación, nos honra y enorgullece.

¡Muchas gracias por su atención!".

A las doce horas terminó la sesión.