ACTA N.º 88-2013

Sesión ordinaria celebrada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las nueve horas del veintiséis de setiembre de dos mil trece, con asistencia del señor Magistrado Luis Antonio Sobrado González –quien preside–, la señora Magistrada Eugenia María Zamora Chavarría, el señor Magistrado Max Alberto Esquivel Faerron, la señora Magistrada Marisol Castro Dobles y el señor Magistrado Fernando del Castillo Riggioni.

ARTÍCULO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

A) Se leyó y aprobó el acta de la sesión ordinaria inmediata anterior.

ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMES DE FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL.

A) Informe sobre participación y adhesión a la Mesa Técnica Interinstitucional de CLARCIEV. Del señor Luis Guillermo Chinchilla Mora, Director General a. i. del Registro Civil, se conoce oficio n.° DGRC-0927-2013 del 19 de setiembre de 2013, recibido en la Secretaría General de este Tribunal el 23 de setiembre de 2013, mediante el cual literalmente manifiesta:

"En atención a lo dispuesto por el Superior en la sesión ordinaria 61-2013 celebrada el 11 de julio de este año, el cual comunicó mediante oficio STSE-1596-2013, me permito informar lo siguiente:

El Tribunal en la citada sesión 61-2013 autorizó la participación del suscrito en la tercera reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional (MTI) celebrada en la ciudad de San Salvador, El Salvador, los días del 25 al 26 de julio de este año. Lo anterior, motivado por la invitación que hiciera llegar el señor Jaime Darío Quintanilla Ruiz, Coordinador de los Registros del Estado Familiar de la Dirección de Registro de Personas Naturales de El Salvador a este Registro Civil.

El objetivo de la citada reunión, tuvo como eje central continuar con el seguimiento de las metas propuestas en las anteriores reuniones de ese foro y promover la incorporación de los Registros Civiles de Costa Rica y Panamá a la Mesa Técnica Interinstitucional integrada actualmente por las entidades registrales de Guatemala, Honduras y El Salvador, a fin de unificar esfuerzos en materia registral y de identificación de personas.

La integración a nivel regional, tiene su fundamento en los acuerdos tomados por los Estados Latinoamericanos representados por los Registros Civiles de este continente, en el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identificación y Estadísticas Vitales (CLARCIEV) celebrado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador en el año 2012, en el cual nuestro Registro Civil participó. Aunado a que también, se definieron objetivos en materia registral y de identificación en las Conferencias Regionales de América Latina y el Caribe sobre el Derecho a la Identidad y Registro Universal del Nacimiento.

A partir de lo dispuesto en el CLARCIEV en el mes de marzo de este año, el Registro Nacional de las Personas Naturales de El Salvador y los Registros Nacionales de las Personas de Guatemala y Honduras, suscribieron una Carta de Entendimiento y Cooperación Interinstitucional (copia del cual se adjunta a este informe) con el propósito de abordar temas y desafíos comunes en materia registral y de identificación; y unir esfuerzos en conjunto para lograr que otras entidades registrales del istmo se adhieran a la Mesa Técnica Interinstitucional creada.

La carta de entendimiento suscrita, aborda temas puntuales que se pretenden cumplir a través de metas y/o objetivos establecidos en dicho documento, como lo son:

1.        La Promoción de la cultura registral, con el propósito de garantizar el registro oportuno, universal y gratuito del nacimiento y otros hechos vitales y actos jurídicos de las personas.

2.        La Identificación de las personas en zonas fronterizas de cada región.

3.        El establecimiento de estrategias y planes de acción multinacionales, que permitan la erradicación del sub-registro y la sub-identificación en la región.

4.        La transmisión del conocimiento y buenas prácticas registrales entre los países suscribientes.

5.        La promoción de capacitación regional en materia de registral y de identificación.

6.        La creación de mecanismos automatizados para la consulta y validación de información relativa a la identidad de las personas a nivel regional.

7.        La integración de los organismos registrales y de identificación de Belice, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana a la Mesa Técnica Interinstitucional, así como entes u organismos de cooperación técnica e internacional.

A partir de los objetivos trazados por los entes registrales centroamericanos, resulta evidente que una integración de los Registros Civiles a nivel regional, propiciaría una mejora en los canales de comunicación existentes, permitiendo con ello materializar lazos de cooperación interinstitucionales a través de métodos de transferencia de conocimientos o buenas prácticas entre los países de la región, lo cual permitiría fortalecer procesos registrales evolutivos hacia una mejora continua. Dentro de esos mecanismos, se optarían aquellos como visitas técnicas, pasantías, cursos de especialización, tele-conferencias, elaboración de documentos y material didáctico que permita promover la cultura registral a nivel regional.

De ahí que, el fortalecimiento de esos canales de retroalimentación a nivel regional permitiría contar con un elenco de buenas prácticas y experiencias en beneficio de los procesos registrales y de identificación estándares, transparentes, seguros y confiables en beneficio de todas las personas que requieran los servicios.

Por lo expuesto, el suscrito considera, salvo superior criterio, que la incorporación del Registro Civil de Costa Rica a la Mesa Técnica Interinstitucional, coadyuvaría y fortalecería el intercambio y cooperación de buenas prácticas y transferencia de conocimiento entre las entidades registrales a nivel regional, lo cual redundará en beneficio de todos y todas las personas usuarias de nuestros servicios a nivel regional. En caso de que el Superior decida adherirse a la Carta de Entendimiento Interinstitucional firmada por el Registros Civiles de Guatemala, Honduras y El Salvador, el representante legal de nuestra Institución o quien se designe para ello, deberá formalizar esa adhesión a través de la suscripción de un Addendum, en la actividad que el Registro Civil de Guatemala tiene programada  realizar en el mes de octubre de este año, en el marco de la celebración de la cuarta reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional.

A propósito de la indicada reunión, el pasado 17 de este mes, recibí, vía correo electrónico, el oficio número DE-2595-2013 (copia que se adjunta a este informe) suscrito por el señor Rudy Leonel Gallardo Rosales, Director Ejecutivo del Registro Nacional de las Personas de Guatemala, mediante el cual cursan invitación para que el Registro Civil de nuestro país participe en las actividades a realizarse en la Ciudad de Antigua Guatemala, los días 24 y 25 del mes de octubre, con el objetivo primordial de realizar el acto formal para la adhesión de algunos países a la Carta de Entendimiento antes indicada y celebrar la reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional de Registros Civiles, ello dentro del marco de los acuerdos establecidos por el CLARCIEV. En dicha reunión, se contará con la participación de un consultor auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que impartirá una exposición en temas como el registro oportuno, erradicación del sub-registro e identificación de personas en puntos fronterizos.

Asimismo y como parte de las políticas acordadas por los países que forman parte de la Carta de Entendimiento, me permito indicar que el Registro Nacional de las Personas de Guatemala (RENAP) no cubrirá los costos de transporte, alimentación y hospedaje de las delegaciones asistentes a dicho evento, por lo que en caso de aprobarse la participación, el Superior deberá ordenar el inicio de los trámites administrativos para la compra del tiquete aéreo y el giro de los viáticos correspondientes a la o las personas designadas, para los días comprendidos entre el 23 y 26 de octubre de este año, toda vez que de la información remitida al suscrito, las actividades inician a primera hora del día 24 y finalizan en horas de la tarde del siguiente día.".

Se dispone: 1.- Tener por rendido el informe. 2.- Aprobar la incorporación de estos organismos electorales a la Carta de Entendimiento de la referida Mesa Técnica Interinstitucional. Pase al Departamento Legal para lo que corresponda. 3.- Autorizar la participación del señor Luis Guillermo Chinchilla Mora, Director General a. i. del Registro Civil en la reunión a realizarse en Antigua, Guatemala, en representación de estos organismos electorales.

De conformidad con lo establecido por este Tribunal en el inciso h) del artículo cuarto de la sesión ordinaria n.º 87-2008, celebrada el 02 de octubre de 2008, en relación con el viaje en cuestión se detalla lo siguiente:

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO TERCERO. ASUNTOS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

A) Solicitud de ascenso en propiedad del funcionario Juan Daniel Bolaños Monge. Del señor Luis Guillermo Chinchilla Mora, Director General a. i. del Registro Civil, se conoce oficio n.° DGRC-0929-2013 del 20 de setiembre de 2013, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"Respetuosamente elevo a conocimiento del Superior y para lo que tenga a bien disponer, el oficio RH-2071-2013 del 17 de setiembre de este año, suscrito por el señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, referido al ascenso en propiedad del servidor Juan Daniel Bolaños Monge, Asistente Administrativo 1 en el Departamento Civil a la plaza de Asistente Funcional 2 que se encuentra vacante en esa unidad administrativa.

El servidor Bolaños Monge, fue recomendado por escrito por el señor Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor del Departamento Civil mediante oficio DC-2071-2013 del 17 de setiembre de este año, quien en lo que interesa manifiesta: “…el suscrito determinó que el Sr [sic] Bolaños Monge, por su experiencia en el cargo, así como por su desempeño y disposición, es la persona idónea para ocupar en propiedad dicha plaza.”

Conforme a la recomendación de este último, la cual el suscrito avala en todos sus extremos y cumpliendo con lo que establecen los artículos 34 y 36 del Reglamento a nuestra Ley de Salarios y con lo acordado por el Tribunal Supremo de Elecciones en la Sesión Ordinaria No.129-2002, artículo quinto, comunicado mediante Oficio No.4168-2002 del 26 de setiembre del 2002, solicito al Superior, si a bien lo tiene, la aprobación del nombramiento en propiedad que se propone.

De contar con la anuencia del Tribunal, el servidor Juan Daniel Bolaños Monge, podría ser ascendido en propiedad al cargo de Asistente Funcional 2 en el Departamento Civil, puesto número 45660, a partir del próximo 01 de octubre de este año. 

Finalmente, con la finalidad de no desmejorar el servicio al público, el suscrito muy respetuosamente solicita al Superior, se conceda la autorización requerida por el señor Fallas Vargas, en el último párrafo del oficio DC-2413-2013, para que el funcionario Bolaños Monge pueda firmar certificaciones.".

Se dispone: Nombrar conforme se propone y autorizar al referido funcionario para que firme certificaciones y constancias del Departamento Civil, a partir de la respectiva publicación en el Diario Oficial. Para esos efectos regístrense la firma y el sello que utilizará. ACUERDO FIRME.

B) Solicitud de ascenso en propiedad de la funcionaria Johanna Cortés Vega. Del señor Luis Guillermo Chinchilla Mora, Director General a. i. del Registro Civil, se conoce oficio n.° DGRC-0930-2013 del 20 de setiembre de 2013, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"Respetuosamente elevo a conocimiento del Superior y para lo que tenga a bien disponer, el oficio RH-2090-2013 del 18 de setiembre de este año, suscrito por el señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, referido al ascenso en propiedad de la servidora Johanna Cortés Vega, Asistente Funcional 2 en la Sección Coordinación de Servicios Regionales a la plaza de Profesional Asistente 1 que se encuentra vacante en esa unidad administrativa.

La servidora Cortés Vega, fue recomendada por escrito por el señor Rodolfo Villalobos Orozco, Jefe de la Sección Coordinación de Servicios Regionales mediante oficio CSR-623-2013 del 14 de agosto de este año, quien en lo que interesa manifiesta: “…la candidata que se propone cumple con los requisitos que demanda el manual descriptivo de clases de puestos para la plaza que interesa y la cantidad de clases intermedias no llega a cinco. Asimismo, ha manifestado que cuenta con la disponibilidad inmediata e interés en ser nombrado (sic).”

Conforme a la recomendación de este último, la cual el suscrito avala en todos sus extremos y cumpliendo con lo que establecen los artículos 34 y 36 del Reglamento a nuestra Ley de Salarios y con lo acordado por el Tribunal Supremo de Elecciones en la Sesión Ordinaria No.129-2002, artículo quinto, comunicado mediante Oficio No.4168-2002 del 26 de setiembre del [sic] 2002, solicito al Superior, si a bien lo tiene, la aprobación del nombramiento en propiedad que se propone.

De contar con la anuencia del Tribunal, la servidora Johanna Cortés Vega, podría ser ascendida en propiedad al cargo de Profesional Asistente 1 en la Sección de Coordinación de Servicios Regionales, puesto número 101879, a partir del próximo 01 de octubre de este año.".

Se dispone: Nombrar conforme se propone. ACUERDO FIRME.

C) Solicitud de autorización para fraccionar vacaciones en tractos. Del señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-2121-2013 del 23 de setiembre de 2013, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"El artículo 28 de nuestro Reglamento Autónomo de Servicios contempla la posibilidad de que las personas funcionarias de la institución puedan disfrutar sin interrupción de su período de vacaciones, salvo que por circunstancias especiales de conveniencia para ellas hayan de ser tomadas parcialmente, pero que en estos casos no pueden excederse de cuatro tractos.

La señora Vanessa González Solís, funcionaria del Departamento de Programas Electorales, adquiere derecho a vacaciones el 1° de diciembre de cada año y de su período vigente, que corresponde al 2011-2012, ya disfrutó tres tractos por su propia voluntad, por lo que el saldo que tiene a su favor de 10.5 días debe, según dispone el reglamento antes citado, disfrutarlo en un solo tracto que sería el cuarto y último.

No obstante, para lo que a bien tenga resolver el Tribunal Supremo de Elecciones, remito a consideración el oficio número DPE-334-2013 del pasado 18 de setiembre que suscribe el Lic. Eric Schmidt Fonseca, Jefe del Departamento de Programas Electorales, a través del cual solicita que a la señora González Solís se le autorice fraccionar ese saldo en dos tractos  – con lo que llegaría a un total de cinco –  en virtud de los motivos que se sirve exponer.".

Se dispone: Denegar la solicitud planteada, toda vez que el artículo 26 del Reglamento Autónomo de Servicios de estos organismos electorales prohíbe el fraccionamiento de vacaciones superior a cuatro tractos. ACUERDO FIRME.

D) Trámites de la Comisión de Carrera Profesional. Del señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° CCP-413-2013 del 24 de setiembre de 2013, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"De conformidad con lo que establece el artículo 28 del Reglamento para el Régimen de Carrera Profesional de este organismo electoral, me permito adjuntar copia del acta de la sesión número 11-2013 celebrada por esta Comisión el pasado 12 de setiembre, con la finalidad de que el Superior se sirva resolver lo que estime pertinente. Para esos efectos, se acompañan los expedientes de los funcionarios involucrados según el siguiente detalle:

Se dispone: Aprobar. ACUERDO FIRME.

E) Ascenso interino del señor Luis Diego Brenes Villalobos en el IFED. Del señor Erick Guzmán Vargas, Secretario General de este Tribunal, se conoce oficio n.° STSE-2132-2013 del 23 de setiembre de 2013, mediante el cual literalmente manifiesta:

"Someto a consideración del Tribunal Supremo de Elecciones el siguiente ascenso interino:

Puesto n.º 76482:

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica, y de Salarios y Régimen de méritos de estos organismos electorales y los argumentos expuestos en los oficios n.º RH-2091-2013 suscrito por el señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos e IFED-709-2013, suscrito por el señor Hugo Picado León, Director General del IFED y conforme a la recomendación de este último, la cual como jefe administrativo de las oficinas de este Tribunal prohíjo en todos sus extremos, propongo nombrar interinamente, a partir del 1.º de octubre de 2013 y por el plazo de seis meses prorrogables según el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Salarios o hasta que se concrete el trámite respectivo para nombrar al nuevo propietario del cargo, lo que ocurra primero, al señor Luis Diego Brenes Villalobos, considerando su notable labor en estos organismos electorales.".

Se dispone: Nombrar conforme se propone. ACUERDO FIRME.

F) Nombramientos en propiedad como Asistentes en Información a las Personas Usuarias. Del señor Erick Guzmán Vargas, Secretario General de este Tribunal, se conoce oficio n.° STSE-2136-2013 del 24 de setiembre de 2013, mediante el cual literalmente manifiesta:

"Realizado el procedimiento respectivo, someto a su consideración las siguientes nóminas de candidatas elegibles para proceder a nombrar en propiedad los puestos de Asistentes en Información a las Personas Usuarias que se encuentran vacantes en la Oficina de Seguridad Integral:

Puesto número 45884:

Puesto número 76465:

Puesto número 76471:

Puesto número 76477:

Con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento a nuestra ley de salarios y los argumentos expuestos en los oficios n.º RH-2114-2013 suscrito por el señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos y n.º SI-100-2013, suscrito por el señor Richard Poveda Solórzano, Jefe de la Oficina de Seguridad Integral y conforme a la recomendación de este último, la cual como jefe administrativo de las oficinas de este Tribunal prohíjo en todos sus extremos, propongo nombrar en propiedad a quienes figuran en primer lugar de las nóminas supra citadas, a partir del 1.º de octubre de 2013.".

Se dispone: Nombrar conforme se propone. ACUERDO FIRME.

G) Prórrogas y nombramientos interinos en distintas unidades administrativas. Del señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH–2147 del 24 de setiembre de 2013, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"Para los efectos consiguientes, me permito someter a consideración del Tribunal Supremo de Elecciones una serie de prórrogas de nombramientos interinos que se encuentran próximos a vencer, así como los oficios remitidos a este despacho por varias jefaturas de la institución mediante los cuales solicitan que se nombren funcionarios interinos para ocupar plazas de servicios especiales que fueron incluidas en el presupuesto de este año y otras que por diferentes motivos se encuentran temporalmente vacantes.  El detalle es el siguiente:

Los candidatos que se proponen para nuevos nombramientos forman parte de los registros de elegibles actualmente vigentes para ese tipo de puestos o bien han acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el Manual Descriptivo de Clases de Puestos para las plazas que se indican, siendo que además cuentan con interés y disponibilidad para los eventuales nombramientos interinos.

En lo que se refiere al nombramiento de la señora Patricia Mayorga Morales en una plaza de Técnico Funcional 2, línea 35 del cuadro, es importante indicar que esta candidata no cumple con el requisito académico exigible para ocupar dicha plaza dispuesta para un Asistente Electoral (antes Asesor Electoral), motivo por el cual el Lic. Eric Schmidt Fonseca, Jefe del Departamento de Programas Electorales, solicita mediante oficio DPE-338-2013 del 20 de setiembre y con la anuencia de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, que se realice por inopia pues la funcionaria ha recibido la capacitación correspondiente.

De concretarse los nombramientos interinos solicitados en las líneas números 45 y 47 del cuadro, los cuales corresponden al señor Gabriel Antonio Valverde Prado y la señora Marcela Márquez Hudgins, el Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor del Departamento Civil, solicita la autorización respectiva para que dichos colaboradores puedan firmar las certificaciones que se emiten en esa dependencia administrativa, toda vez que esa será una de las funciones que tendrán bajo su responsabilidad en el desempeño de los nuevos cargos. Tal autorización deberá ser publicada en el diario oficial La Gaceta, según dispone el artículo 110 de nuestra Ley Orgánica.

Si el Tribunal no tiene objeciones, estos nuevos nombramientos se podrían autorizar con fundamento en los artículos 9, 22, 25, 34 y 36 del reglamento a nuestra Ley de Salarios, lo que se haría en los puestos, oficinas y por los períodos que se citan en el cuadro. 

Puede apreciarse que las solicitudes de nuevos nombramientos cuentan, cuando así corresponde, con el visto bueno de los respectivos superiores jerárquicos.

Por otra parte, me permito solicitar dejar sin efecto los nombramientos aprobados por el Tribunal en sesión 77-2013 del pasado 27 de agosto, oficio número STSE-1911-2013 de igual fecha, para los señores Gerardo Corrales Sosa, Andrey Alfaro Vargas, Gerardo Fernández Delgado y Cristopher Rojas Navarro en plazas de conserje electoral con rige a partir del 2 de setiembre en curso, pues a pesar de que previamente todos ellos habían manifestado interés y disponibilidad para tales designaciones, los dos primeros no se presentaron a laborar y los otros dos sólo [sic] lo hicieron el primer día.  Cuando se les llamó posteriormente para indagar acerca de su actitud, nos encontramos con que el primero de ellos fue operado y manifestó que no vendría a trabajar, el segundo expresó que ya no le interesaba laborar para el TSE, el tercero que ya había encontrado otro trabajo y al cuarto no se logró contactar en los teléfonos que había aportado.  No omito indicar que en este mismo oficio se están tramitando las sustituciones de esas personas.

Para finalizar, mediante oficio número DPE-325-2013 recibido en este despacho el 18 de setiembre, el Lic. Eric Schmidt Fonseca, Jefe del Departamento de Programas Electorales, solicita revocar el nombramiento que se aprobó en sesión 83-2013, oficio número STSE-2054-2013, para el señor Ricardo Cubero Mora a partir del próximo 1° de octubre en una plaza de Técnico Funcional 2 de servicios especiales, pues estima que por razones de conveniencia para contribuir a la estabilidad laboral de dicho funcionario, es mejor dejarlo con su nombramiento actual interino en una plaza de cargos fijos cuyo titular se encuentra ascendido temporalmente en otra oficina.".

Se dispone: 1.- Nombrar conforme se propone, incluyendo el caso de la señora Patricia Mayorga Morales, en el que se solicita hacerlo por excepción, considerando las razones supra transcritas, así como el carácter crítico de tal puesto para la exitosa celebración de las elecciones presidenciales y legislativas 2014, lo anterior con fundamento en los artículos 22 y 25 del Reglamento a la Ley de Salarios y Régimen de Méritos de estos organismos electorales, con la observación según la cual, eventuales prórrogas deben ser expresamente autorizadas por este Tribunal, en los casos en los que corresponda.

2.- Dejar sin efecto los nombramientos de los señores Gerardo Corrales Sosa, Andrey Alfaro Vargas, Gerardo Fernández Delgado, Cristopher Rojas Navarro y Ricardo Cubero Mora, conforme se solicita.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 110 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, se autoriza a los funcionarios Marcela Márquez Hudgins y Gabriel Antonio Valverde Prado para que firmen certificaciones y constancias del Departamento Civil, a partir de la respectiva publicación en el Diario Oficial. Para esos efectos regístrense las firmas y los sellos que utilizarán. ACUERDO FIRME.

H) Modificación de acuerdo de encargo de funciones de la Jefatura del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Del señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-2144-2013 del 24 de setiembre de 2013, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"El Tribunal Supremo de Elecciones, en sesión 87-2013 de ayer, oficio número STSE-2140-2013, aprobó la solicitud del señor Ronald Chacón Badilla, Jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, para que durante las vacaciones que disfrutará del 26 al 30 de setiembre sus funciones se encarguen en [sic] la Licda. Guiselle Valverde Calderón. 

No obstante, ayer el Lic. Chacón Badilla presentó el oficio número DFPP-336-2013 (SUSTITUIR), a través del cual solicita ahora que el encargo de funciones se le asigne a la funcionaria Alejandra Peraza Retana, quien se desempeña en un cargo de la clase Profesional en Gestión 2 en ese mismo departamento y también en otras oportunidades ha asumido esa responsabilidad.

En virtud de lo anterior, se solicita modificar en lo conducente el acuerdo que sobre el particular adoptó el Tribunal en la sesión 87-2013.".

Se dispone: Aprobar la modificación conforme se solicita. ACUERDO FIRME.

I) Ascenso en propiedad del funcionario Freddy Ignacio Solano Picado en el Departamento de Proveeduría. Del señor Erick Guzmán Vargas, Secretario General de este Tribunal, se conoce en consulta resolución de las once horas del veinticuatro de setiembre de dos mil trece, mediante la cual dispone ascender en propiedad al servidor Freddy Ignacio Solano Picado al puesto n.º 86902 de Oficinista 1 en la Proveeduría, a partir del 1.º de octubre de 2013.

Se dispone: 1.- Incorporar al orden del día. 2.- Aprobar. ACUERDO FIRME.

J) Ascenso en propiedad de la servidora María de los Ángeles Durán Ruiz en la Sección de Análisis. Del señor Luis Guillermo Chinchilla Mora, Director General a. i. del Registro Civil, se conoce en consulta resolución n.º DGRA–0136–2013 de las diez horas del veinticuatro de setiembre de dos mil trece, recibida en la Secretaría General de este Tribunal el 25 de setiembre de 2013, mediante la cual dispone ascender en propiedad a la servidora María de los Ángeles Durán Ruiz al puesto n.º 45748 de Oficinista 2 en la Sección de Análisis, a partir del 1.º de octubre de 2013.

Se dispone: 1.- Incorporar al orden del día. 2.- Aprobar. ACUERDO FIRME.

K) Sustitución de la señora Magistrada Marisol Castro Dobles. La señora Magistrada Castro Dobles solicita verbalmente se le conceda el disfrute del beneficio establecido en el artículo 31 del Reglamento Autónomo de Servicios de estos organismos electorales para el día 3 de octubre de 2013.

Sale del salón de sesiones la señora Magistrada Castro Dobles.

Se dispone: Aprobar conforme se solicita. Para sustituirla, previo sorteo de rigor, se designa al señor Magistrado Suplente  Juan Antonio Casafont Odor. ACUERDO FIRME.

Reingresa al salón de sesiones la señora Magistrada Castro Dobles.

L) Nombramiento de la señorita Diana Gómez Vargas en la Dirección Ejecutiva. De la señora Jocelyn Brown Pérez, Subjefa del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-2156-2013 del 26 de setiembre de 2013, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"Para lo que a bien tenga disponer el Tribunal Supremo de Elecciones, me permito remitir a consideración el oficio DE-2125-2013 del pasado 24 de setiembre que suscribe el Lic. Francisco  Rodríguez Síles [sic], Director Ejecutivo, mediante el cual solicita que se nombre de manera interina a la señorita Diana Gómez Vargas en el puesto de Asistente Administrativo 1 – 97892 – que se encuentra actualmente vacante en esa misma dependencia, dado el ascenso interino de su propietaria a un puesto de mayor nivel en el Departamento de Programas Electorales. La candidata que se propone no ha laborado anteriormente para la institución, no obstante forma parte del Registro de Elegibles Temporal actualmente vigente para realizar este tipo de nombramientos.

Salvo superior criterio, tal nombramiento interino bien puede efectuarse con base en lo que establece el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Salarios, por lo que podría regir a partir del próximo 1° de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2013 o hasta que regrese la titular del puesto a ocuparlo, lo que ocurra primero.".

Se dispone: 1.- Incorporar al orden del día. 2.- Nombrar conforme se propone, con la observación según la cual, eventuales prórrogas deben ser expresamente autorizadas por este Tribunal. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO CUARTO. ASUNTOS INTERNOS DIVERSOS.

A) Segunda Carta de Compromiso con la Ciudadanía. Del señor Max Solórzano Alvarado, Contralor de Servicios, se conoce oficio n.° CS-360-2013 del 18 de setiembre de 2013, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"Para lo que a bien tenga disponer el Superior, me permito adjuntar el documento original de la segunda Carta Compromiso con la Ciudadanía firmada hoy por los señores Luis Antonio Sobrado González y Roberto Gallardo Nuñez, Magistrado Presidente de este Tribunal y Ministro de Planificación Nacional y Política Económica [sic]. Dicha carta está referida al servicio electoral de “Solicitud de Inscripción de un Partido Político”.

Con la suscripción de la misma [sic], y de acuerdo con el procedimiento establecido, esta Contraloría de Servicios coordinará lo pertinente con las unidades respectivas para establecer el plan de divulgación pertinente.".

Se dispone: Para su debido resguardo, pase el referido documento al Archivo de este Tribunal; proceda la Oficina de Comunicación a dar debida difusión al contenido de la referida carta. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO QUINTO. ASUNTOS DE ORGANISMOS ELECTORALES INTERNACIONALES.

A) Invitación a participar en las Nuevas Elecciones de Lima Metropolitana, en la República del Perú. Del señor José Thompson, Director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), se conoce oficio n.° CA 072–2013 del 17 de setiembre de 2013, recibido en la Secretaría General de este Tribunal el 23 de setiembre de 2013, mediante el cual literalmente manifiesta:

"El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el marco institucional de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur (Protocolo de Quito), de los cuales forma parte como miembro activo, está organizando una Misión de Observación Técnica para presenciar las Nuevas Elecciones Municipales de Lima Metropolitana, que tendrán lugar el próximo 24 de noviembre del año en curso.

A raíz de una solicitud del JNE de Perú, el IIDH/CAPEL, en su condición de Secretaría Ejecutiva de ambas Asociaciones, organizará esta Misión de Observación en coordinación con el JNE, cuya persona de contacto es Rosa María López Triveño, Coordinadora Técnica de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales.

El JNE nos ha indicado que considera un honor contar en esta Misión de Observación con un(a) delegado(a) del Organismo Electoral que usted representa.

En esta oportunidad al JNE no le es posible asumir los costos de boletos aéreos, hospedaje y alimentación. Sin embargo, tendrán el gusto de facilitar el transporte interno desde la llegada de su delegado(a) hasta su salida del país. La Misión tendría lugar del 21 al 25 de noviembre.

Considerando que la Misión de Observación es organizada por la Secretaría Ejecutiva, le solicitamos contactar a Mariela Miranda a la dirección electrónica: mmiranda@iidh.ed.cr, tel. (506) 2234 0404 ext. 211, para informar sobre la disponibilidad o interés de participar en la Misión. Debido a la singularidad de este proceso electoral les estaríamos facilitando, previamente, material informativo relacionado.".

Se dispone: Agradecer al señor Thompson la cordial invitación que cursa. En razón de que, para las fechas indicadas, ya habrán sido convocadas las próximas elecciones nacionales y que en ese momento todos los recursos institucionales estarán comprometidos en la organización de esos comicios, declinar la participación de este Tribunal en la referida Misión de Observación. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO SEXTO. ASUNTOS EXTERNOS.

A) Presentación del Sistema Nacional de Información Territorial. Del señor Dagoberto Sibaja Morales, Director General del Registro Nacional, se conoce oficio n.° DGRN-0998-2013 del 23 de setiembre de 2013, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"Por medio de la Ley 8154 publicada en la Gaceta N° 237 del 10 de diciembre del [sic] 2001, se aprueba un empréstito entre el gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de fortalecer la seguridad jurídica en materia de bienes inmuebles y promover el indispensable ordenamiento del territorio y fomentar las inversiones públicas y privadas en el país.

El Programa de Regularización del Catastro y el Registro está dividido en tres componentes el primero tiene que ver la Formación del catastro nacional de la propiedad inmueble y su compatibilización con el Registro, el segundo está destinado a regularizar los derechos relacionados con las propiedades inmueble [sic] en Áreas Bajo Regímenes Especiales (ABRE) y el tercero tiene como fin fortalecer a las municipalidades en el uso de la información catastral.

Dentro del componente primero, uno de los tantos productos es el denominado Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), que no es otra cosa que uno modelo tecnológico para integrar diferentes capas de información geoespacial, cuya base es la cartografía elaborado por el Programa, a escalas 1:5000 y 1:1000. Sobre esta base las diferentes instituciones con quienes se ha suscrito un convenio están aportando información que cada una de ellas administra y permite el acceso a las demás instituciones públicas.

El SNIT, utiliza como herramienta un sistema de información geográfica (SIG) del código abierto, o sea que no requiere licenciamiento para ser utilizado. El SNIT puede ser usado para muchas cosas, por ejemplo para reflejar los centros de votación del Tribunal Supremo de Elecciones, si se combina con el censo del INEC, se puede determinar el número de personas que podrían estar votando en un centro de votación, se puede también medir el tiempo de desplazamiento de un ciudadano al centro de votación, etc.

Por tal razón, el Registro Nacional, considera oportuno hacer del conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones su disponibilidad de dar acceso al SNIT para que con su uso puedan facilitar las tareas de organización que realice esa institución y otros entes relacionados al próximo proceso electoral.

El acceso se daría en coordinación con la Unidad Ejecutora y posteriormente a partir de enero de 2014 por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

En caso de usted estar de acuerdo se solicita sea designado una persona [sic] que sirva de contraparte en este proceso y pueda coordinar con el Lic. Alexander González de la Unidad Ejecutora, al cual podrán localizar en el teléfono 2527–9500, o al correo electrónico agonzale@uecatastro.org, para que se inicien los trámites de firmar el convenio, entre este Registro, la Unidad Ejecutora y ese Tribunal, para luego, proceder a realizar un acto público donde se de [sic] a conocer esta herramienta.".

Se dispone: Agradecer al señor Sibaja Morales el generoso ofrecimiento que plantea. Para su debida atención, pase a la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. ACUERDO FIRME.

B) Información sobre asambleas distritales y cantonales del Partido Acción Naranjeña. Del señor Jorge William Santamaría Barquero, se conoce memorial del 6 de agosto de 2013, recibido en la Secretaría General de este Tribunal el 23 de setiembre de 2013, mediante el cual literalmente manifiesta:

"Reciba un saludo cordial de parte del PARTIDO ACCION [sic] NARANJEÑA, deseo hacer de su conocimiento que nuestra agrupación política, no está actualmente activa; pues no hemos podido hacer las asambleas distritales ni cantonal [sic]. Esto por falta de interés de las personas involucradas en estos procesos de nombramiento de delegados. Esto se ha dado desde el pasado mes de agosto de 2012, fechas desde la cual [sic] no tenemos personería jurídica.

Tenemos interés en continuar con nuestra agrupación política; para ello deseamos solicitarle nos autoricen trabajar de acuerdo con la nueva reforma al código electoral [sic], sea cinco delegados para la cantonal evitando así el desgaste que se da en las distritales.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos a sus órdenes para lo que corresponda.".

Se dispone: Para su atención, pase a la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. ACUERDO FIRME.

C) Consulta legislativa del proyecto de Modificación del Código Electoral, Ley N.° 8765, para incluir un inciso f al artículo 274 y modificación a la Ley 8204, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, para incluir un inciso e al artículo 15. Expediente n.° 18.806. De la señora Nery Agüero Montero, Jefa de la Comisión Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos, se conoce nuevamente oficio n.° CE-041-2013 del 18 de setiembre de 2013, recibido –vía correo electrónico– el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:

"La Comisión Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos, en la sesión N.° 18 del 17 de setiembre de 2013, aprobó la siguiente moción:

Moción de orden N.° 2 (2-18-CE) de la diputada Patricia Pérez Hegg:

“Para que se consulte el expediente N.° 18.806 modificación del Código Electoral, Ley N.° 8765, para incluir un inciso f al artículo 274 y modificación a la Ley 8204, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, para incluir un inciso e al artículo 15, al Tribunal Supremo de Elecciones.

Apreciaré evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud. El Reglamento de la Asamblea Legislativa establece, en el artículo 157, lo siguiente “Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”. (…)".

Se dispone: Contestar la consulta formulada, en los siguientes términos:

I.- Sobre el objeto del proyecto de ley en consulta.

De la exposición de motivos y del contenido de la iniciativa se desprende que la promovente procura la reforma parcial de dos cuerpos normativos vigentes y autónomos. 

La primera propuesta (incluida en el artículo 1° del proyecto) implica la adición de un inciso f) al ordinal 274 del Código Electoral (Ley n.º 8765) con el fin de sumar un nuevo delito electoral al Capítulo I del Título VI (que reúne este tipo de figuras) y, así,  establecer una pena de prisión de dos a cuatro años a “quien aporte, reciba o utilice dinero u otro recurso financiero proveniente del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, con el fin de financiar actividades político electoral o partidarias.”.

La segunda iniciativa (situada en el artículo 2°) plantea la modificación a la “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo” (Ley n.° 8204) para incluir un inciso e) en su artículo 15 con el fin de someter a los partidos políticos a los preceptos que esa normativa comporta para los sujetos supervisados –en esa materia– por la Superintendencia General de Entidades Financieras ( en adelante SUGEF).

II.- Consideración preliminar.

El ordinal 97 de la Carta Fundamental dispone en forma preceptiva que tratándose de la "discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a la materia electoral" la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal Supremo de Elecciones su criterio en torno a la iniciativa formulada y que, para apartarse de esa opinión, "se necesitará el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros". La norma agrega que "Dentro de los seis meses anteriores y los cuatro posteriores a la celebración de una elección popular, la Asamblea Legislativa no podrá, sin embargo, convertir en leyes los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales el Tribunal Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo".

A la luz de lo expuesto y en virtud de que la propuesta legislativa resulta atinente al derecho electoral y al giro competencial de estos organismos electorales, resulta procedente emitir la opinión solicitada.

III.- Sobre el proyecto consultado.

En virtud de que el texto de la iniciativa abarca dos reformas de índole diversa, lo oportuno es analizarlas en forma independiente, en los siguientes términos:

1) Sobre el artículo 1° de la iniciativa de ley en consulta.

Como preámbulo, cabe advertir que la Ley n.° 8204 -a que hace referencia el proyecto en estudio-, fue objeto de reforma mediante el artículo 2.°, punto 1), aparte a) de la "Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo" (Ley n.° 8719 de 4 de marzo de 2009), lo que implicó –entre otras– la modificación de su denominación original. Desde entonces, ese cuerpo normativo se titula: "Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo" y no como, por error, se consigna en el proyecto de ley en análisis.

Realizada esa precisión –de forma– conviene señalar que la figura penal que se plantea en el artículo 1.° del proyecto de ley (para adicionar al Código Electoral) y que pretende imponer una pena de prisión de dos a cuatro años a "quien aporte, reciba o utilice dinero u otro recurso financiero proveniente del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, con el fin de financiar actividades político electoral o partidarias.", ya fue prevista y aprobada por el legislador y se encuentra inserta, bajo idénticos supuestos, en el artículo 68 de la Ley n.° 8204 (en el capítulo que recoge las figuras de persecución penal que esa normativa contempló para la materia), con la diferencia sustancial de que impone una pena de 5 a 15 años de prisión, muy superior a la que se plantea en la iniciativa consultada ("Artículo 68: Será sancionado con pena de prisión de cinco a quince años quien aporte, reciba o utilice dinero u otro recurso financiero proveniente del tráfico ilícito de drogas o de la legitimación de capitales, con el propósito de financiar actividades político-electorales o partidarias.").

De ello se desprende, con indiscutible claridad, que la aprobación de la iniciativa en los términos propuestos resulta innecesaria e inconveniente por tres razones fundamentales.

En primer lugar, porque el ordenamiento jurídico ya contempla un tipo penal que atiende los supuestos de transgresión que la reforma plantea en idénticos términos, lo que la torna prescindible. En segundo lugar porque ante el inminente riesgo que representa la inserción y uso de fondos -de esa naturaleza- en las actividades partidarias y político-electorales de un país (con una democracia robusta y madura como la nuestra), la sanción que se propone debilita la conquista obtenida, dado que la magnitud de la pena de prisión vigente (5 a 15 años) reviste idoneidad superior para convertirse en factor preventivo y represivo de esas conductas, fin último de la intervención penal en materias de especial gravedad. En tercer lugar, porque conlleva el perjuicio adicional de conceder un trato diferenciado y menos severo –sin justificación racional y objetiva- a la inserción y uso de esos fondos en el sensible ámbito político-electoral a diferencia de otras actividades -protegidas también- cuyas penas de prisión permanecen y oscilan entre los 5 y 20 años (v.g. el terrorismo, artículos 69 y 69 bis de esa misma normativa).      

Por lo expuesto, este Tribunal objeta la reforma planteada en esos términos.

2)  Sobre el artículo 2° del proyecto de ley.

Tal como se señaló supra la segunda iniciativa plantea la modificación a la "Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo" (Ley n.° 8204) para incluir un inciso e) en su artículo 15 con el fin de someter a los partidos políticos a los preceptos que esa normativa comporta para los sujetos supervisados –en esa materia– por la SUGEF.

Este Tribunal es del criterio que la propuesta está asentada en un régimen jurídico que regula actividades de naturaleza no equivalente a la que desempeñan los partidos políticos, pues el artículo 15 de la Ley n.° 8204 regula la supervisión de sujetos que ejercen actividades que -aunque no bancarias ni de intermediación financiera- por sus características son organizadas, habituales, sistemáticas y sustanciales e incluyen la recepción, custodia, giro o traspaso de recursos de terceros, lo que resulta distante de las agrupaciones políticas (ver en ese sentido dictámenes de la Procuraduría General de la República n.° C-044-2008 del 13 de febrero de 2008 y n.° C-002-2013 del 11 de enero de 2013; Reglamento general sobre Legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada” –decreto ejecutivo 36948-MP-SP-JP-H-S del 08 de diciembre de 2011– y acuerdos SUGEF n.° 11-06 del 17 de agosto de 2006 y n.° 12-10 del 3 de diciembre de 2010).

En ese tanto, si bien la reforma planteada comporta un fin deseable, el marco regulatorio –que por su naturaleza está diseñado para otro tipo de actividades a supervisar- podría provocar un entrabamiento en la actividad de los partidos políticos que podría actuar en perjuicio del derecho de participación política tutelado constitucionalmente. Por ello, lo razonable es crear controles para prevenir esas conductas pero cuyo diseño atienda a la naturaleza especial de las agrupaciones políticas, lo que se echa de menos en la propuesta planteada. 

IV.- Conclusión.

Con sustento en las consideraciones efectuadas, este Tribunal se manifiesta en desacuerdo con la iniciativa consultada, rindiendo opinión negativa sobre el particular, en los términos y con las consecuencias previstas en el artículo 97 constitucional. ACUERDO FIRME.

D) Comunicación del señor Alcalde  Municipal de Escazú. Del señor Arnoldo Barahona Cortés, Alcalde de la Municipalidad de Escazú, se conoce oficio n.° DA-642-13 del 16 de setiembre de 2013, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual hace del conocimiento de este Tribunal una serie de hechos acaecidos en la referida corporación municipal, respecto de las funciones encomendadas a la señora Vicealcaldesa.

Se dispone: 1.- Incorporar al orden del día. 2.- Tomar nota de los hechos que expone el señor Barahona Cortés, conforme se solicita. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO SÉTIMO. ASUNTOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS 2014.

A) Prohibición para difundir encuestas y sondeos de opinión de carácter político-electoral. Se dispone: Recordarle a los institutos, las universidades, cualquier ente público o privado y las empresas dedicadas a elaborar encuestas y sondeos de opinión de carácter político-electoral que, para difundirlas o publicarlas por cualquier medio, según lo dispuesto en el 138 del Código Electoral, deberán registrarse ante este Tribunal dentro de los quince días posteriores a la convocatoria de elecciones, conforme a la legislación vigente. Procedan la Oficina de Comunicación y la Unidad de Prensa y Protocolo a difundir ampliamente el presente acuerdo. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO OCTAVO. ASUNTOS DEL REGISTRO CIVIL.

A) Prórroga para referirse al Informe de auditoría realizada al procedimiento de entrega de notificaciones de paternidad responsable. De los señores Luis Guillermo Chinchilla Mora, Director General a. i. del Registro Civil, Carlos Murillo Montoya Director Ejecutivo a. i., y Armenia Masís Soto, Directora General a. i. de Estrategia Tecnológica, se conoce oficio n.° DGRC-0956-2013 del 25 de setiembre de 2013, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiestan:

"En atención a lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones, en la sesión ordinaria n.° 83-2013, comunicado mediante oficio STSE-2055-2013 del 10 de setiembre de 2013, suscrito por el Lic. Oscar Alberto León Alonso, Auditor Interno, denominado documento n.° ICI-03/2013 “Informe de auditoría sobre el procedimiento de entrega de notificaciones de paternidad responsable”, solicitamos se prorrogue el plazo definido por el Superior en 10 días hábiles adicionales.

Lo anterior, en razón que [sic] se solicitó criterio respecto a las recomendaciones vertidas por la Auditoría Interna, a las Jefaturas de Coordinación de Servicios Regionales y de Inscripciones, quienes deberán indicar el estado actual de cada recomendación, las acciones que se tomarán para atenderlas, así como el tiempo estimado para su implementación; por lo que se hace necesario solicitar la prórroga.".

Se dispone: 1.- Incorporar al orden del día. 2.- Conceder la prórroga conforme se solicita. ACUERDO FIRME.

A las doce horas terminó la sesión.