Tribunal Supremo de Elecciones, República de Costa Rica

COMUNICADO DE PRENSA

No es jurídicamente viable investigar campañas de 2002 y de 2006

  • Estado de Derecho no permite mantener abierta indefinidamente la posibilidad para realizar investigaciones
  • Por la fecha de los hechos ya han transcurrido los plazos de prescripción
No es jurídicamente  viable investigar campañas de 2002 y de 2006

San José, 26 de julio de 2019. Ante la consulta realizada por la Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó que jurídicamente es inviable iniciar una investigación sobre la cuenta “Servicios Especiales” correspondiente a las liquidaciones de gastos de campaña presentadas por el partido Acción Ciudadana (PAC) con ocasión de los comicios de 2002 y de 2006.

En resolución n.º 4802-E7-2019 de las 14:15 horas del 24 de julio de 2019, los jueces electorales dictaminaron que no es factible hacer investigaciones del manejo de los recursos relacionados con las campañas electorales de 2002 y 2006, pues el ordenamiento jurídico establece plazos máximos para realizar procesos tendientes a determinar la responsabilidad penal, civil o administrativa de los sujetos.

El tiempo con el que cuentan las instituciones para realizar estas investigaciones es fijado por los legisladores en las diversas leyes y supone una garantía para los ciudadanos; es decir, el ordenamiento jurídico descarta mantener abierta –indefinidamente– la posibilidad para que se persigan conductas, se instauren diligencias cobratorias o se exija algún tipo de responsabilidad.

Los Magistrados del órgano electoral concluyeron que la pertinencia y la oportunidad de iniciar esta investigación no están presentes, pues hay una imposibilidad normativa de, eventualmente, instar procesos de naturaleza sancionatoria debido a que, por la fecha de los hechos, ya transcurrieron los plazos de prescripción que están previstos en el marco regulatorio nacional.

De acuerdo con la normativa,  tampoco resultaría procedente una investigación con miras a sustentar una recuperación de montos porque, como lo había hecho ver el TSE desde 2015, pese a existir un deber de recobrar dineros pagados en liquidaciones de gastos (cobrados con base en erogaciones que no se dieron de forma efectiva), tal posibilidad de cobro se extingue en el plazo de 10 años.

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